Estamos asistiendo a una escalada de violencia, represión y hostigamiento contra las comunidades y pueblos indígenas en Argentina que va tomando forma y consistencia en un conjunto de acciones gubernamentales muy graves cuyo objetivo es desconocer tanto los derechos de los pueblos indígenas, presentes en nuestra Constitución nacional, como vincular las acciones de protesta–particularmente en el caso de los mapuches–con el terrorismo.
En los últimos cuatro meses, la Argentina se ha visto sacudida por la muerte de Santiago Maldonado en Chubut, en el marco de un uso represivo e ilegal de la fuerza por parte de Gendarmería y por el asesinato de Rafael Nahuel en Río Negro, llevado a cabo por la Prefectura a pocas semanas del voto unánime de la ley de Emergencia 26160 que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas. Esto se ve agravado por un contexto de criminalización que busca instalar desde el gobierno un actor, la RAM, convertido en un “grupo terrorista” al que se debe combatir, sin aportar ningún tipo de evidencias sobre quiénes son, cuántos son, dónde se localizan, cómo se financian, entre otros.
Referirse continuamente a la RAM sin prueba alguna de su existencia apunta a demonizar a la comunidad mapuche en su conjunto, cubriendo así con un manto de conjeturas y temores, demandas territoriales genuinas, amparadas en la Constitución Nacional y en las leyes vigentes que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales persisten en desconocer. La insistencia desmedida del oficialismo sobre un peligro nunca demostrado y ni siquiera indicado con claridad, la asignación de calidad de terroristas a grupos que no cumplen con ninguno de los requisitos que la legislación internacional exige para reconocerlos como tales, y el activismo ”especial” del Ministerio de Seguridad en estos temas, sumados a la sospecha de actividades ilegales de los grupos de inteligencia policiales y de la AFI–que ya llevaron al procesamiento de uno de sus agentes en la justicia federal–muestran el diseño de una política orientada a crear, por necesidades gubernamentales, un grupo terrorista donde simplemente hay históricos reclamos por territorio.
En tanto Espacio Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural, queremos manifestar nuestro rechazo hacia el conjunto de acciones políticas que el gobierno está llevando a cabo en relación a la histórica problemática indígena, cuyo objetivo presente es construir un “enemigo interno”, y sentar las bases de un sentido común anti-indígena en la sociedad, que habilite salidas más represivas, por fuera del Estado de derecho y el respeto de la Constitución Nacional. En esta línea se sitúan:
-Declaraciones de diferentes funcionarios de gobierno (desde la presidencia hasta el ministerio de Seguridad, gobernadores provinciales e intendentes de ciudades patagónicas).
-Proyectos de nuevos protocolos de seguridad carentes de transparencia institucional y deliberación pública.
-La reciente Resolución de la Procuración General de la Nación (3544/17) que destaca el auge del terrorismo internacional y la amenaza que constituye para la paz y la seguridad de las naciones, resolviendo encomendar la elaboración de una unidad contra “el extremismo violento y el terrorismo internacional”, sin ninguna precisión ni sustento que explique su necesidad para el caso argentino.
-La conformación de una “mesa de seguridad” en la que están incluidos cuatro gobernadores patagónicos y varios miembros del gabinete nacional- sin ninguna voz de la sociedad civil -y que, entre otras cosas, busca encuadrar las protestas indígenas en el artículo 213 bis del Código Penal, “como atentados contra el orden público”, para que de ese modo las causas por atentados no sean tratadas como delitos ordinarios sino que sean transferidos a los juzgados federales.
Teniendo presente que la Argentina ya ha conocido una triste historia en la que el descontrol y el abuso ha caracterizado la presunta “política anti-terrorista”, llamamos a que el gobierno nacional abandone esta línea de acción que solo traerá mayor violencia y un agravamiento de los conflictos con los pueblos indígenas. La historia argentina demuestra que la represión de los conflictos sociales que no se resolvieron por el diálogo y en paz, terminaron en crisis mayores. Llamamos al conjunto de la dirigencia política, medios de comunicación y a la población en general a exigir un freno inmediato a una política que sólo nos recuerda épocas nefastas que ya todos creíamos superadas.
NO MÁS persecución y demonización de los pueblos indígenas.
Por la defensa de la vida, Por el respeto de la Constitución y el régimen democrático, Por el reconocimiento del derecho a las tierras y el territorio de los pueblos indígenas.
Espacio Nacional por la Paz y el Dialogo Intercultural
Adolfo Pérez Esquivel, Fernando Pino Solanas, Monseñor José Macín, Jorge Nahuel, José Auletta, Roberto Aramayo, Alcira Argumedo, Pablo Bergel, Juan Grabois, Nilo Cayuqueo, Claudia Briones, Mario Cafiero, Gaston Chillier, Alicia Ciciliani, Victoria Donda, Jaime Linares, Roberto Gargarella, Alejandro Grimson, Diana Lenton, Claudio Lozano, Diana Kordon, Francisco Nazar, Silvina Ramírez, Ruben Lo Vuolo, Cinthia Mónaco, Magdalena Odarda, Beatriz Sarlo, Felipe Solá, Maristella Svampa, Juan Toklatian, Enrique Viale.
Con la participación de la Confederación Mapuche del Neuquén, Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro y Parlamento Plurinacional.
mesanacionalintercultural@gmail.com