Reforma y democratización de la justicia

Sucesión en la Fiscalía General de Córdoba

Podría haber un mandato conjunto en la transición. Organizaciones piden transparencia en la próxima postulación.

11 Mar 2019

Fuente Diario Perfil

El jueves 14 de marzo, vence el mandato del actual fiscal General de la provincia de Córdoba, Alejandro Moyano, que había sido designado por el exgobernador, José Manuel de la Sota.

En el gobierno las energías están puestas en el proceso electoral que definirá quién será el próximo gobernador,el 12 de mayo, por lo que no es prioritario proponer a un nuevo fiscal con lo cual se producirá, naturalmente, una transición. Entre las alternativas que se barajan, la que más se escucha es la de una conducción colegiada o ‘comando conjunto’, como le mencionó una fuente calificada a Perfil Córdoba.

Es decir que los cuatro fiscales adjuntos asuman las responsabilidades de las diferentes áreas, según las funciones que ya venían desempeñando. Estos son: Héctor David, José Gómez Demmel, Alejandra Hillman y Pablo Bustos Fierro.

Por encargo de Moyano, Hillman se había convertido en la referente de los fiscales del interior provincial; Bustos Fierro en los fueros de Violencia Familiar y Sexual y en la capacitación; David, con representación en el Consejo de la Magistratura, mientras que Moyano tenía un manejo más directo de las áreas Penal, Narcotráfico, Policía Judicial y Comunicación.

Revitalizado. Gómez Demmel había quedado relegado parcialmente del área de Proyectos y la aplicación del Código de Convivencia, después de una denuncia por “aprietes” a una fiscal Civil que luego fue desestimada por la misma Justicia. El episodio fue interpretado como parte de una tensión interna política que se coló en la gestión. Desde El Panal dejaron trascender que, en esta nueva etapa, Gómez Demmel adquirirá mayor protagonismo por ser uno de los que más diálogo tiene con el gobierno.

Hasta la semana pasada no hubo conversaciones formales, sin embargo, sí las habrá dentro de unos días, luego del retiro de Moyano.

No pocos intérpretes recuerdan otras transiciones, como cuando Darío Vezzaro cesó en sus funciones pero antes designó como interina a María Marta Cáceres de Bollatti, actualmente vocal y presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Hoy, una decisión de esa naturaleza es controvertida y no pocos discuten la potestad de alguien que deja la Fiscalía General para designar a un sucesor, aunque este sea provisorio.

Spot. A modo de despedida y balance de gestión, Moyano publicó un video con políticas y obras que marcaron su gestión, entre las cuales ponderó a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Fue creada para investigar el micro tráfico de drogas por el exgobernador José Manuel de la Sota, después de la causa que llevó a juicio y condenas a jefes e integrantes de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba.

En el video se repasan medidas para agilizar la ejecución de allanamientos a través de la informatización, incorporación de tecnología y nuevos laboratorios en Policía Judicial. También destaca la creación de nuevas unidades judiciales que atienden las 24 horas todos los días del año en Capital y el interior provincial.

Solicitan que el próximo fiscal pase por un tamiz más exigente

Una decena de organizaciones sociales, profesionales y académicas presentarán mañana a la Legislatura de Córdoba una propuesta para incrementar las garantías de idoneidad y autonomía del próximo fiscal general.

En una carta de presentación dirigida al presidente, Oscar González, subrayan que deben prevalecer criterios de mérito e idoneidad “en desmedro de procedimientos influenciados por cuestiones de afinidad, preferencias personales o prejuicios”.

Evalúan que los requisitos mínimos impuestos por la Constitución provincial y la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal (12 años de ejercicio de la abogacía o de la Magistratura y no menos de 30 años de edad) no exigen referencias sobre idoneidad, capacidad o formación.

No obstante, destacan la importancia de la audiencia pública legislativa que está prevista y sugieren ampliar la convocatoria para la participación de organizaciones y potenciar la información previa para evaluar el perfil del candidato.

Entre estas cuestiones resaltan, por ejemplo, los antecedentes impositivos, además de laborales y académicos. Entre estos últimos, proponen que se explicite para qué empresas e instituciones trabajó el candidato.

Perfil. Las organizaciones enumeran una serie de requisitos que deberían ser mostrados por los candidatos, tales como conocimientos jurídicos en todas las materias (penal, civil, comercial y de familia); experiencia en la coordinación de equipos; compromiso con los derechos humanos, y tener perspectiva de género en el ejercicio judicial. Un elemento que consideran relevante es que los futuros postulantes demuestren predisposición al control ciudadano y no tener sanciones previas.

Plan de trabajo. Las agrupaciones piden, también, que se les exija la presentación de un plan que identifique los principales fenómenos criminales en la provincia, medidas a adoptar para enfrentarlos; que expliquen cómo trabajarán con las fuerzas de seguridad, y qué objetivos plantean para la Policía Judicial. También que se pueda indagar sobre cómo revertir o mitigar la falta de acceso a la Justicia.

Firmantes. En la lista de grupos que suscriben la presentación figuran Agora, Asociación Pensamiento Penal Córdoba, Cátedra de Criminología de la UNC, Cátedra de Derecho Procesal de la UNC, Cuerpo de Abogadas Feministas de Córdoba, Cooperativa Esperanza, Fundeps, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Seminario introducción al análisis de los derechos humanos y Trabajadores Auto convocados en la Justicia.

 

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