La Red Argentina para el Desarme (RAD) manifiesta su enorme preocupación por el nuevo rumbo que ha tomado la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires, y su apoyo por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
El reciente nombramiento del Ministro de Seguridad de la provincia nos alerta sobre las decisiones que en materia de seguridad está implementando el gobierno provincial. Lejos del discurso oficial de reducción de circulante de armas de fuego en la sociedad, la elección de Alejandro Granados da un mensaje al menos cínico de cara a la sociedad. La designación de un reconocido “legítimo usuario” de armas de fuego en el Ministerio de Seguridad, que años atrás en declaraciones públicas instó a armarse para “defenderse”, y que se enorgullece de haber “recibido a los tiros” a quienes intentaron robarle, lamentándose de no haber tenido “mejor puntería”, es absolutamente repudiable.
Igualmente lamentable son las declaraciones del intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, en defensa del uso de de la violencia como medio legítimo para “combatir” el delito. La reedición del “principio del bien y del mal” -como función legitimadora del sistema penal- , nos impone un orden ficticio absolutamente vulneratorio de la paz social. Y esto sucede a contramano de un país que quiere desarmarse, con un poder político que parece no entender el sustrato de sus propias políticas.
Las recientes declaraciones en el marco de la campaña electoral, además de demostrar tamaña irresponsabilidad en el cumplimiento de la función política, y un desprecio total hacia la vida humana; atentan de manera directa contra una cultura de paz, el fortalecimiento de la democracia, profundizando la violencia social y el Estado penal como respuesta a los problemas de seguridad. El slogan que en plena campaña se escucha repetir al unísono -“Ni mano dura ni garantismo: justicia” -no es más que el retorno de la vieja retórica de demagogia punitiva- que pone al oficialismo al borde del sincericidio político.
Una política de desarme supone el desafío de construir más y mejor Estado para gestionar, institucionalmente, los niveles naturales de conflictividad social que existen en toda sociedad. Y una política de seguridad democrática debiera poder dialogar con una política criminal que no incurra en el uso irracional de la violencia estatal.
En este sentido, la RAD espera que el Desarme se convierta en una verdadera elección de alcance nacional, que, junto con políticas de riguroso control del mercado legal, como de eficaz persecución del mercado ilegal, pueda poner a nuestro país al frente de un modelo de políticas públicas integrales de control de armas y desarme.
Lamentablemente estas designaciones y declaraciones no refutadas por las más altas autoridades provinciales ni nacionales, no hacen más que evidenciar el vacuo compromiso y, peor aún, el uso electoralista de una política pública fundamental.