Comunicados

Investigadores/as manifiestan su preocupación por las políticas públicas de seguridad

Desde Inecip apoyamos el documento consensuado en las Segundas Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía.

15 Abr 2019

Los días 9 y 10 de abril, se realizaron en Buenos Aires las Segundas Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. Cerca de trescientos investigadores/as que se especializan en temas vinculados a la seguridad, agrupados/as en más de 30 equipos de investigación de diversos lugares del país, se reunieron para diagnosticar y discutir las políticas públicas de seguridad. Durante el evento los equipos consensuaron un documento que contiene acuerdos básicos para el diseño de una política criminal eficaz en la prevención de delitos y el resguardo de derechos. El documento recupera del consenso entre los/as especialistas acerca de la emergencia que atraviesa la seguridad democrática en la actualidad, así como el deterioro y/o abandono de políticas públicas claves en materia de defensa y seguridad. En ese sentido, se esbozan propuestas/sugerencias en 12 ejes relevantes en la política criminal: la información sobre delitos, violencias y sistema penal, el uso de armas de fuego, el rol de las fuerzas de seguridad, las políticas de control de las drogas ilegalizadas, las políticas comunicacionales, las violencias de género, el régimen penal juvenil, la criminalización de la población migrante, el sistema de inteligencia, la criminalización de la protesta social, el sistema de justicia penal y la cuestión carcelaria, y el desdibujamiento de la distinción entre seguridad interior y defensa.

El texto destaca la necesidad de mejorar la producción y acceso a los datos sobre los delitos y las violencias. Además, subraya la gravedad de las declaraciones y acciones del gobierno nacional que legitiman usos de la fuerza policial que contradicen los marcos normativos y trastocan las prioridades que deberían orientar las prácticas policiales, que son la defensa de la vida, los derechos y la integridad física de todas las personas. En el mismo sentido, se destaca que los discursos gubernamentales que se difunden como un apoyo a las fuerzas de seguridad en realidad ponen en peligro la libertad, el trabajo y la vida del personal policial. El texto también expone la problemática de las armas de fuego, al considerar que su control debería ser uno de los pilares de una política de seguridad tendiente a reducir los niveles de violencia en la sociedad.

En el documento se sostiene que el discurso gubernamental hace uso de la amenaza y el miedo como política de Estado y que a través de este posicionamiento justifica el uso de la fuerza e instituye la violencia institucional. Se resaltan las falencias de la política de control de drogas, la crisis del sistema carcelario y la agudización de la estigmatización de distintos actores sociales, como los migrantes, jóvenes y activistas sociales que son objeto constante de persecución. Finalmente, el documento cuestiona duramente algunas características centrales del sistema de la política penal y el sistema de inteligencia.

Descargue aquí la Declaración jornadas Abril 2019

Grupos de investigación firmantes del documento:

Núcleo de Estudios sobre de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires (FaHCE/UNLP).

Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (FaHCE/UNLP).

Grupo de Estudios sobre Policías y Fuerzas de Seguridad (CAS/IDES-UNQ).

Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales (UNQ).

Núcleo de Estudios sobre la Violencia y la Muerte (IDAES/UNSAM).

Grupo de Estudios sobre el Gobierno de la Inseguridad (IIGG/UBA).

Equipo “Políticas de seguridad y policía en la provincia de Córdoba” (IAPCS/UNVM).

Grupo de Estudios sobre Comunicación, Política y Seguridad (IIGG/UBA).

Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia.

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.

Centro de Estudios Legales y Sociales.

Equipos de Investigación en Políticas de Seguridad Ciudadana (UNLa).

Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad (FTS/UNLP).

Grupo de Investigación “Cambios en el castigo en la Argentina contemporánea” (UnPaz).

Centro Universitario de San Martín (UNSAM).

Núcleo de Estudios Socioculturales sobre el Derecho y sus Instituciones (UNSAM).

Programa Delito y Sociedad (UNL).

Núcleo de Antropología, Muerte y Política (IDACOR/UNC).

Equipo Seguridad y Derechos Humanos (FCS/UNC).

Programa “Estado, poderes y control social” (CIECS/CONICET/UNC).

Programa de Estudios sobre el Control Social (IIGG/UBA).

Observatorio de Seguridad (FSOC/UBA).

Proyecto UBACyT “Los usos sociopolíticos de la violencia” (UBA).

Proyecto UBACyT “Comunicación pública de las tensiones y conflictos entre territorios, fronteras, desplazamientos e identificaciones” (IIGG/FSOC/UBA).

Programas de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (CEDESI-LICH-CONICET/UNSAM).

Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos.

Grupo de Estudios Delito y Sociedad (FaDeCS/UNCOMA).

Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (IIGG/UBA).

Equipo de Estudios Sociojurídicos en Derechos Humanos (INDES-UNSE-CONICET).

Proyecto “Indagaciones interdisciplinarias sobre la producción de subjetividades y dispositivos de control social a través de la categoría seguridad-inseguridad (UNVM).

Proyecto UBACyT “Los usos sociopolíticos de la violencia: un abordaje cultural de la cuestión criminal en Argentina”.

Programa de Seguimiento de Políticas de Seguridad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Área de Sociología de la Administración de la Justicia Penal (ICJ/ FCJS UNLP).

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