INECIP en los medios

El jurado los salvó de ser condenados por un crimen que no cometieron

Escribe Andrés Harfuch de Inecip.

17 Jul 2017

*Andrés Harfuch para Cosecha Roja

Corrían las 16 horas del martes 26 de noviembre de 2013. Una típica tarde de primavera en la ciudad de San Pedro, distrito de San Nicolás de los Arroyos, cuna de nuestra Constitución Nacional y del mandato del juicio por jurados en su texto definitivo. Las calles del centro comercial sanpedrino estaban muy animadas, cuando los arrecifeños Facundo Díaz y Mario Dominé bajaron del auto que conducía su coterráneo Lucas Balcaza –que será juzgado sólo por el asalto, en otro debate– para robar en la céntrica joyería Taibo.

Allí, luego de intimidar y reducir a Rodolfo Taibo y antes de hacer lo propio con Jorge Taibo, uno de los asaltantes gritó: “¡Cagamos, la cana! ¡Cayó la yuta!”. Efectivamente, alertados del asalto, los policías Juan Gabriel Reyna y Patricia Melgar rodearon el lugar y entraron al local empuñando sus armas reglamentarias 9 mm.

Los dos ladrones levantaron sus manos y se rindieron en el acto. Les ordenaron a los gritos que se tiraran al suelo, mientras los apuntaban. En ese momento, Juan Gabriel Reyna empezó a pegarle patadas y golpes con las esposas en la cabeza a uno de los ladrones, que se levantó para parar la paliza. Increíblemente, la policía Patricia Melgar efectuó un disparo a 60 cm de distancia del ladrón, con tanta mala fortuna que le pegó a su compañero Reyna, quien falleció tras recibir un balazo fatal que lesionó la aorta.

Y allí mismo, inmediatamente, comenzó la manipulación de la escena del hecho tendiente a incriminar a los acusados por la infortunada muerte de Reyna. La maniobra fue avalada por el armado de una instrucción penal preparatoria en manos de una fiscal suspendida luego por el Jury de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires. Sospechosamente, la bala que se adjuntó al expediente como la “bala fatal” era de calibre 22, la misma del arma de los acusados. En el juicio, esta burda maniobra se cayó a pedazos. El diario local La Opinión afirmó: “Todo parece demasiada casualidad”, insinúan en los pasillos judiciales, “donde ya nadie se guarda sus sospechas sobre las actuaciones de la suspendida Ates”.

La fiscalía general, ante la suspensión de la fiscal, designó al Dr Hernán Granda, quien igualmente sostuvo en el juicio ante el jurado que los dos detenidos debían responder por homicidio criminis causa, reprimido con prisión perpetua. Era el primer juicio por jurados de la historia de San Pedro.

Sin embargo, la extraordinaria actuación del defensor oficial Pablo Vacani pudo desmontar esta maniobra de encubrimiento y llevar justicia definitiva al caso. Su actuación no se limitó simplemente al juicio, sino a los seis meses de intensa preparación, que incluyeron una minuciosa reconstrucción de los hechos en la joyería, de la trayectoria del disparo con personal de la Gendarmería, de entrevistas detalladas con los peritos y testigos y de sortear los poderosos intereses en su contra.

La estrategia de la defensa fue clara: jamás solicitó la absolución de sus clientes. Pidió expresamente que fueran condenados, pero por el único hecho que realmente habían cometido, que era la tentativa de robo con arma de la joyería. Ninguno de los dos había efectuado disparo alguno. Y así se lo dijeron ante el jurado en la primera oportunidad que tuvieron.

Con lo cual, el eje íntegro del juicio se trasladó al perito forense que realizó la autopsia. Y el momento culminante llegó. La pericia sobre el cuerpo del fallecido Reyna arrojó que fue ultimado por una bala de “gran calibre”, presumiblemente una 9 mm de un arma reglamentaria. En el expediente que había preparado la suspendida fiscal de instrucción Ates, sin embargo, había un proyectil calibre 22. Las diferencias eran ostensibles y sellaron la suerte del juicio.

El fiscal Granda convocó al eviscerador, en un último intento por defender la teoría de la bala 22. No hubo caso. El facultativo también sostuvo que la bala extraída del cadáver de Reyna era de “gran tamaño”.

El jurado quedó conformado, en su mayoría, por gente humilde y trabajadora. Isleños que llegaron en ojotas y bicicletas al tribunal. Algunos de ellos con zapatillas rotas. Una jurado había completado nada más que la escuela primaria. Otro jurado, un paisano islero, llegaba montado a caballo a cada jornada y dejaba al equino atado en la plaza del pueblo. Dos llegaron en carros tirados por caballos desde sus hogares.

Tras una larga deliberación de varias horas, que finalizó cerca de las 21 hs, el jurado anunció su veredicto unánime: culpables de tentativa de robo con armas.

En pocos días, la juez María Laura Vázquez impondrá la pena.

*Director del área de Juicio por Jurados de Inecip.

Fuente

Subir