INECIP en los medios

Gatillo Veloz

En esta nota de la periodista Luciana Peker, opina Aldana Romano, directora de Inecip, sobre la violencia de género, las armas de fuego y la falta de políticas públicas.

24 Feb 2017

Por Luciana Peker para Las 12 de Página 12

Denise Juárez y Sabrina Barrientos fueron asesinadas y Némesis y Magalí heridas a balazos el 11 de febrero de este año, cuando salían de bailar de “Santa Diabla”, en Florencio Varela. El 6 de febrero Diego Loscalzo -ya denunciado por violencia de género- le quitó el arma reglamentaria a su ex mujer Romina Maguna (policía bonaerense) y la mató a ella, a su cuñada Vanesa Maguna y su marido Darío Díaz e hirió a Cinthia López, una vecina, en Hurlingham. Se subió a su moto y asesinó a la suegra Juana Paiva y a un hermano de Romina, José Maguna, e hirió a su pareja.  Fue detenido en Córdoba. El hijo de 11 años de Romina Maguna logró huir y alertar sobre los femicidios. No son casos aislados, masacres alocadas, ni mucho menos pasiones desatadas. Son femicidios cometidos con armas que no las carga el diablo, sino que no las regula ni controla el Estado.

Setenta y dos mujeres fueron baleadas por ser mujeres en el 2016. Casi el 50 por ciento de los femicidios se comete en la vivienda de la víctima o de la casa compartida del agresor. De hogar dulce hogar, nada, solo más peligro sin testigos ni protección.  De 290 mujeres asesinadas cuarenta y seis habían denunciado y/o tenían una orden de exclusión del hogar o de prohibición de acercamiento de quien las asesinó. La responsabilidad es del que les quitó la vida y del Estado que no les puso escudos para proteger la vida que ellas dijeron que corría peligro. El 17 por ciento de los agresores se suicidó después de matar a la persona que consideraban tan suya como el aire, en un escenario de inmolación que solo es asimilable al terrorismo y que necesita nuevas y mayores estrategias de protección a las víctimas frente al todo vale del victimario.

El último año se registraron 290 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas y 37 femicidios vinculados de hombres y niños. Además 401 hijas e hijos quedaron sin madre (y más de la mitad son menores de edad) y 19 asesinos pertenecían o habían integrado fuerzas de seguridad con lo que el arma del delito y la capacitación para usarla provino del propio Estado. Por lo que 2 de cada 10 veces que un hombre terminó con la vida de una mujer fue entrenado por el propio Estado y casi 4 de cada 10 mujeres le pidieron ayuda al Estado antes de ser asesinadas pero no consiguieron salvar su vida, según la investigación realizada por el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” (y dirigido por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, con el apoyo de Fundación Avon y la Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano), con datos que abarcan desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, de las agencias informativas Télam y DyN y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial.

El riesgo aumentado
El gatillo femicida es demasiado fácil, ya que las balas se disparan de armas provistas por el propio Estado por parte de personal de fuerzas de seguridad, de vigiladores privados o de personas autorizadas a portar armas. Pero que incrementan doce veces el riesgo de las víctimas de violencia de ser asesinadas. “Cuando la violencia íntima involucra el uso de un arma, el riesgo de vida para la mujer aumenta doce veces en comparación con otros medios de violencia porque las armas producen lesiones más severas y ponen en riesgo la vida y porque reduce las posibilidades de que la víctima escape o de que intercedan otras personas para ayudarla”, señala en el informe “Un arma en el hogar aumenta la inseguridad de las mujeres” de la Red de Mujeres de International Action Network on Small Arms (IANSA).

“La sola presencia de armas de fuego incrementa las posibilidades de que ocurra un femicidio, un accidente, un suicidio. Las armas están hechas para matar, constituyen un vector que transmite violencia. Contrariamente a lo que muchas veces se piensa la mayor cantidad de homicidios dolosos por armas de fuego no se produce en ocasión de otros delitos como un robo, sino que se dan ante conflictos interpersonales. Vecinos que se pelean, discusiones territoriales, o bien en casos de violencia de género”, dimensiona Aldana Romano, directora Ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) e integrante de la Red Argentina contra el Desarme (RAD). Ella subraya: “La desigualdad y la violencia de género está también presente en la violencia con armas de fuego: la proporción de mujeres con tenencia (legal o ilegal) de armas de fuego es claramente inferior a la de los hombres. Existe una vinculación subyacente del arma como elemento fálico, asociado al poder patriarcal”. En Argentina el 96,5 por ciento de los usuarios civiles de armas son varones y el 3,4 por ciento mujeres.

Inseguridad íntima
La idea de la inseguridad como eco mediático del miedo se muerde la cola y conduce a mayor desprotección. La policía carga armas que pueden ser usadas por agentes de seguridad violentos fuera y dentro del horario de servicios. Y encima en San Valentín sacan un video de amor que -más allá de toda parodia bizarra- se terminan besando la camiseta como si se tratara de un cuadro de fútbol cuando la idea no debería ser sumar más enfrentamientos que siempre existen entre dos bandos. El miedo a los otros -a veces ampliado, impostado o fogoneado y a veces un miedo genuino en ciudades esquivas de lazos e impulsoras de desigualdades urbanas que exacerban el odio y el sálvese quien y como se pueda- potencia prácticas que no salvan del miedo (ni del peligro) sino que habilitan a que el miedo crezca como el reparto de armas entre personal de la seguridad privada. Si todavía no está claro ni es seguro el manejo de armas por parte de fuerzas de seguridad públicas, mucho menos en la seguridad privada.

Y como si no se pusiera a cuidar a dragones con fuego en la boca que incendian más el ardor del peligro, la Justicia violenta y machista es la que tiene que investigar el machismo violento. En Florencio Varela el fiscal que intervino en el caso de las amigas acribilladas -aunque con estatus de subrogante-, Hernán Bustos Rivas, fue denunciado por golpes a su ex mujer y por incumplir sistemáticamente con la cuota alimentaria de sus dos hijas durante toda su adolescencia. La violencia física, psicológica y económica debería inhabilitar a un fiscal. En este caso fue corrido de la causa, después que el programa Va de vuelta, que conduce Romina Manguel en Radio Nacional, descubriera el prontuario de violencia machista del fiscal que tenía que investigar la violencia machista -y no solo las pericias técnicas- del múltiple femicidio de Florencio Varela. El abogado que representa a la ex mujer y las hijas del fiscal, Darío Saldando, explicó: “Hace diez años no estaban tan visualizadas las cuestiones de violencia de género. No obstante eso, desde hace diez años no pasa alimento a las hijas ni a la esposa, que quedó en una situación muy precaria”.

La idea de todo vale o que hay vidas que valen más que otras no es azarosa, sino parte de un discurso que no resguarda, pero sí exhala furia. El 13 de septiembre del 2016 el carnicero Daniel Oyarzun persiguió a dos ladrones que habían robado su comercio, en Zárate, con un Peugeot Partner, y mató a uno de ellos cuando lo aplastó entre su auto y una columna. “Si no hay riesgo de fuga, porque es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar sobre todo lo que pasó, mientras la Justicia decide por qué sucedió la muerte que hemos tenido”, recomendó el Presidente Mauricio Macri.

“Hay un mensaje equívoco que asocia el arma con la seguridad cuando en realidad es exactamente a la inversa. El arma, absolutamente en todas las situaciones, aumenta los riesgos de consecuencias letales en resoluciones de conflictos. De cada diez casos donde las personas intentan defenderse, nueve terminan mal. El arma siempre es un riesgo. Y, desde ya, la proliferación de las armas de fuego en manos de la sociedad civil incrementa las posibilidades de nuevas muertes y de nuevos femicidios”, advierte Romano.

Desarmadxs contra el desarme
Uno de los problemas actuales es que los programas de desarme están en lista de espera. “Hemos perdido un año de implementación del programa nacional de entrega voluntaria de armas y hasta ahora no está claro cuándo se dará inicio. El problema de fondo es que el Estado desconoce cuál es la realidad sobre el mercado legal de armas en la Argentina. La mitad de las casi 800.000 personas a las que se ha habilitado para poseer armas de fuego tienen sus permisos vencidos y este descontrol se maximiza si nos referimos al mercado ilegal. Por otra parte, el Poder Ejecutivo Nacional incumple la reglamentación de la ley que, en octubre de 2015, creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), organismo que reemplaza al RENAR para fortalecer las tareas de registración y control del mercado de armas. Esta ley fue votada por unanimidad por el Congreso de la Nación pero aún hoy espera por su cumplimiento. Por estos motivos se señala que correspondería en estos casos hablar de feminicidios en vez de femicidios advirtiendo la responsabilidad estatal en el tema, la complicidad ante la sistematicidad”, alerta Romano.

La muerte de mujeres por ser mujeres es -y debe- ser evitable con mayores y más eficaces medidas de protección y con la minimización de los riesgos por portación y tenencia de armas de fuego. La abogada Natalia Federman, ex directora Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, apunta: “Cuando el agresor o la víctima se desempeñan en una fuerza es ésta la responsable de asegurar que el arma de propiedad estatal no sea un ingrediente más del contexto conflictivo. Estas medidas no pueden depender de la existencia de una medida judicial que indique expresamente la necesidad de restringir la portación del arma de fuego; debiera bastar con la existencia de cualquier medida de protección, porque el objetivo no es la sanción sino la reducción de riesgos. En cuanto a las personas que no integran una institución armada, debería ser una práctica judicial uniforme la indagación sobre la presencia o accesibilidad de armas de fuego  en el contexto de violencia y en todos los casos se notifique de manera urgente a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para que se  revoque la conformidad de tenencia privada otorgada si es que existiera”.

No las carga el diablo
Leticia Yésica Sarapura tenía 28 años. Murió en La Caldera, Salta, el 1 de abril del 2016. El policía Víctor Sánchez, de 25 años, era su novio y dijo que estaba limpiando su arma reglamentaria cuando, de forma accidental, se disparó contra Leticia. El juez de Garantías Ignacio Colombo lo condenó a cinco años de prisión por matar a su pareja. Fue inhabilitado -solo por cinco años- para integrar cualquier fuerza de seguridad y portar armas. La muerte de Leticia y de tantas otras por parte de quienes la ciudadanía paga para protegerse lleva a reclamar medidas para que el miedo no genere más miedo.

Ada Rico, Presidenta de La Casa del Encuentro, resalta la necesidad de implementar filtros que detecten violencia machista a portadores de balas: “Quien pertenece a una fuerza de seguridad porta un arma en forma legítima, una herramienta provista por el Estado que el varón agresor utiliza para amenazar a su pareja o ex pareja y, en el extremo de la violencia de género, asesinarla y/o asesinar a las hijas o hijos. Es cierto que se aplican diversos tests psicológicos para determinar que una persona pueda portar un arma por el peligro que ello implica para sí o para terceras personas, pero la realidad es que dichos estudios no se realizan ni son aplicados desde una perspectiva de género. Es sumamente necesario confeccionar protocolos específicos en la temática de violencia de género porque se está entregando un arma para perseguir un delito y no para cometer un delito”.

Los femicidios por parte de agentes de seguridad son una responsabilidad del Estado que no solo no se detiene sino que va in crescendo. Entre 2010 y 2016 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) registró 28 casos de femicidios cometidos por policías. Entre las víctimas 7 eran mujeres policías. Prácticamente todas fueron asesinadas con un arma de fuego, en varios casos con el arma reglamentaria provista por una institución de seguridad. Según el registro de La Casa del Encuentro, en el 2008 hubo 14 femicidios cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad y en el 2016 los asesinados con entrenamiento y armas públicas fueron 19. La cifra es constante, sonante y una responsabilidad estatal. En total, desde el 2008 hasta el año pasado son 129 los femicidas con uniforme público.

Maldita policía, maldita impunidad
Delia del Socorro Lamas tenía 32 años. Murió en Salta el 21 de marzo pasado. Ella era agente de policía, pero el uniforme no la salva del peligro. Su pareja, el policía Héctor Leonardo Pérez, de 31 años, fue detenido y alegó que ella se suicidó. El Juzgado de Garantías 7, a cargo de la jueza Edith Rodríguez, tiene que dictar sentencia. Por ahora él se encuentra libre. “El encubrimiento estatal en casos de femicidio cometidos por policías es uno de los principales aspectos de este problema. En varios casos el agresor intentó aparentar que se trataba de suicidio de la mujer tras manipular la escena del crimen y falsear el relato de los hechos. Es muy difícil que el sistema judicial desarticule la versión policial. Son muy pocos los casos que llegan a investigarse cabalmente y aún menos los que alcanzan una condena al victimario. Además, muchas veces existen sanciones informales sobre aquellos funcionarios que revelen información que pueda perjudicar a la institución. Estas características hacen de las ejecuciones de mujeres por parte de funcionarios de fuerzas de seguridad un problema institucional relacionado a factores estructurales y de cultura institucional más que una serie de hechos aislados e irracionales”, sostiene un informe de Juliana Miranda, del Equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS). Ella también destaca: “El uso de la fuerza por parte de policías y agentes de seguridad hacia sus parejas pone de relieve lo problemático del estado policial: el derecho de los funcionarios policiales a portar sus armas reglamentarias las 24 horas del día y poder utilizarlas en cualquier circunstancia. La posesión de armas a nivel profesional es un factor de riesgo en casos de violencia contra las mujeres. El uso de la fuerza policial para resolver conflictos personales tiene un fuerte impacto en hechos de violencia de género en los hogares de policías que muchas veces culminan en la muerte de una o más personas. Por ende, el estado policial es contrario a cualquier política pública que intente disminuir el número de muertes y lesiones que involucren a funcionarios policiales, puesto que supone la posibilidad para el accionar discrecional y arbitrario en su uso”.

No son errores, no son excesos. Un policía mendocino discute con su mujer. “Te voy a pegar un tiro en la cabeza”, dice él por teléfono. Y sigue: “Me vuelvo loco y sabés que a mí no me importa nada cuando me caliento”. Las amenazas se repiten y la mujer lo denuncia. A él le llega una citación. Sus colegas se la entregan y debe ir a declarar. Pero el hombre se descontrola: toma a los policías de rehén. La situación se distiende recién por la noche, cuando el hombre se entrega. Un día después, un comisario de la distrital Guaymallén, jefe del acusado, habla por los canales de TV local y cuenta: “Se trata de un problema personal que el efectivo ha tenido con su mujer. No nos metemos en dramas de familia porque son casos particulares. Por suerte, el efectivo ha depuesto su actitud y todo volvió a la normalidad”.Las declaraciones del jefe policial no le valieron ninguna sanción, ni siquiera un repudio”, denunció la nota de Cosecha Roja “En Mendoza explotó la normalidad”, de septiembre del 2016. “Ya hay 222 efectivos que no pueden llevarse el arma a su casa porque están denunciados como violentos”, relató Mariana Carbajal en la nota “Femicidios con arma reglamentaria”, de Página/12, del 15 de abril del 2016.

Balas fuera de servicio
No se trata de gatillar sin control sino de ponerle control al gatillo. Las armas se deben dar solo a quienes deben portarlas y se les deben agregar pruebas que contengan perspectiva de género. Ante alguna denuncia de violencia de género se debe quitar la posibilidad de disparar a un policía, gendarme o militar, sin esperar una medida judicial oportuna caso por caso. En las intervenciones por violencia se debería verificar si el agresor tiene armas y quitárselas para prevenir que pueda poner en riesgo a la víctima. Los controles a los vigiladores privados deben ser similares o aumentar. Se debe controlar el mercado ilegal. Y no dar permisos vencidos a civiles para portar armas y también incorporar pruebas que puedan detectar violencia machista.

“Todas las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberían adoptar una resolución como la que dispuso el Ministerio de Seguridad de la Nación, en 2012, que restringe la portación, tenencia y transporte de armas a aquellos funcionarios denunciados por violencia de género, y crear un área o programa especializado en el seguimiento, investigación y sanción de patrones de uso abusivo de la fuerza. Los datos muestran que, del universo de personas muertas por efectivos policiales, la mayor parte lo son por policías fuera de servicio, incluyendo los casos de violencia de género o intrafamiliar protagonizados por policías. Las autoridades tienden a desentenderse de estos problemas porque ocurren en el ámbito privado, sin embargo tienen que hacerse cargo de que se trata de una forma de violencia institucional perpetrada con armas provistas y por personas (mal) entrenadas por el Estado”, apunta Miranda.

“Es necesario instalar la discusión sobre la portación de armas por parte de efectivos policiales fuera de servicio. En los últimos años hubo un aumento exponencial en la cantidad de policías – sobre todo en la Provincia de Buenos Aires- y esto implica que hay miles de personas más que, aún cuando no están prestando servicio, circulan armadas o tienen acceso a armas en sus hogares. No es una discusión fácil porque está muy arraigado en la tradición policial que la portación del arma es prácticamente lo que define a una persona como policía”, remarca Manuel Tufró, del Equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS. De video de San Valentín con La Boanerense entre besos de agentes y amor a la camiseta, poco y nada.

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