Autor: Alberto Binder

La política criminal, como parte de las políticas públicas del Estado (de exclusiva gestión estatal, a diferencia de otras políticas públicas) es mucho más extensa que el proceso penal. De hecho, el proceso es sólo uno de los instrumentos de ella, aunque uno de gran importancia, ya que está indisolublemente ligado a la pena, que es el instrumento político-criminal por excelencia. ¿Cual es el saber que orienta, perfecciona, corrige a la política criminal? Todavía no se ha consolidado y a lo largo del último siglo tanto el derecho penal (en particular el derecho penal orientado a las consecuencias político-criminales) o la Criminología han pretendido ocupar ese lugar. Sin embargo lo han hecho a medidas y de un modo oblicuo. De hecho, una de las políticas públicas de mayor riesgo dentro del Estado (porque implica el uso de los instrumentos violentos del Estado) se encuentra en gran medida al garete sin un saber que la controle y oriente y, por ende, sin reglas técnicas además de las políticas o morales, sin una comunidad de control, sin claridad en sus propuestas, sin un lenguaje común estabilizado que facilite el debate público y el control democrático