INECIP cuenta con 16 grupos de trabajo desde donde se desarrollan proyectos que articulan acciones de investigación, con acciones de sensibilización, incidencia y asistencia técnica para la planificación, implementación y evaluación de políticas públicas del sector justicia y seguridad, procurando contribuir al fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, y asegurando el pleno respeto de los DDHH, el control republicano, la participación ciudadana y la transparencia.
Programas destacados
Todos los programas
Juicio por Jurados
Director:
Andrés Harfuch
El grupo de trabajo de Juicio por Jurados del INECIP tiene por objetivo principal promover y difundir la instauración del juicio por jurados tanto a nivel nacional como en las distintas jurisdicciones de la República Argentina, con el propósito último de hacer cumplir la Constitución Nacional. En este marco, se desarrollan actividades, como Congresos, capacitaciones, publicaciones e investigaciones en torno a cómo funciona el sistema y traducciones de bibliografía extranjera, entre otras actividades. Además se asiste y acompaña en juicios con participación ciudadana y se desarrollan simulacros con el fin de dar a conocer cómo funciona el sistema. A su vez se desarrollan y compilan materiales audiovisuales con el objeto de presentar al sistema de enjuiciamiento por jurados (de tipo clásico) de una manera sencilla, ilustrativa y de fácil comprensión para el público en general. Finalmente, el instituto asesora para la redacción e implementación de códigos y leyes sobre juicio por jurados.
Análisis Político Criminal
El objetivo del grupo de trabajo es construir las bases de un nuevo análisis político criminal. Pese a su importancia para la vida social y política, casi no existe otro campo de las políticas públicas donde el debate sea tan tosco, y la ausencia de construcciones racionales para orientar esas políticas, más evidente. Es por ello que creemos imprescindible avanzar en la elaboración de nuevos enfoques desde una perspectiva democrática e inclusiva, lejos de los discursos autoritarios que suelen predominar en el sector. Para alcanzar estos objetivos el instituto trabaja en el análisis de los nuevos problemas de política criminal, la innovación de métodos para su abordaje y los desafíos institucionales que conlleva el ejercicio del poder punitivo desde bases democráticas. En los últimos años, estos estudios y ejercicios se han concentrado en temas tales como control de armas de fuego, desarme y prevención de la violencia; persecución de la criminalidad económica y, más recientemente, trata de personas.
Cárceles y política penitenciaria
Director:
Guillermo Nicora
El objetivo del grupo de trabajo es promover reformas que aseguren un sistema carcelario y de ejecución de las penas compatible con los pilares de un estado democrático y de derecho a partir de reformas legislativas, institucionales y políticas, con énfasis en cuestiones como: la prisión preventiva, las condiciones de detención, la violencia institucional, la defensa de los privados de la libertad, y el control legal, institucional y ciudadano sobre las políticas penitenciarias, entre otras.
Trata de personas
Coordinación:
Aldana Romano
Coordinación:
Ignacio Andrioli
Coordinación:
Victoria Llorente
Con la sanción de la Ley Nº 26.364 por medio de la cual se incorporó la figura de la trata de personas con fines de explotación sexual a nuestro ordenamiento jurídico, se abrió un proceso de generación de estructuras, áreas, programas y prácticas en las distintas órbitas de los estados provinciales, municipales y del Estado Nacional, abocadas al tratamiento de las múltiples dimensiones de la problemática. Gran parte de la expansión de esas políticas estatales en sus distintos niveles, no estuvo diseñada sobre la base de diagnósticos que permitieran adecuar la intervención a las formas que asume la problemática de la trata sexual en nuestro país. Con la convicción de que es de carácter prioritario ejercer un seguimiento, monitoreo y evaluación tanto de la problemática como de las respuestas que los distintos niveles de la política pública han ensayado para abordarla, inclusive desde el aspecto normativo, es que desde el programa se busca aportar información para la discusión, planificación y ejecución de las políticas que se adopten.
Armas: control y desarme
Coordinación:
Julián Alfie
Investigación:
Carola Concaro
Investigación:
Sidonie Porterie
Investigación:
Aldana Romano
El INECIP incorpora en su agenda de trabajo la problemática de las armas de fuego comprendiendo la necesidad de una gestión de la conflictividad social, con el propósito de morigerar su impacto negativo en cuestiones tales como la seguridad pública y los niveles de violencia en la resolución de conflictos interpersonales. El análisis se enfoca en la promoción del desarme de la población civil, el fortalecimiento de la regulación del mercado legal y la implementación de estrategias de persecución del mercado ilegal de armas de fuego. Esto implica incidir en la agenda del Estado en pos de una política criminal democrática, eficiente y minimalista y, en paralelo, el establecimiento de un gobierno de carácter civil e integral (poder ejecutivo y legislativo) para la prevención de la violencia armada.
Acceso a la justicia
El acceso a la justicia configura un componente central de la noción de ciudadanía para la construcción del ideal democrático. En nuestra región, los ciudadanos no siempre acceden a esta posibilidad por distintos obstáculos: sociales, cognitivos, económicos, educacionales, territoriales, etc. Estos impedimentos develan las desigualdades estructurales que dejan fuera de los sistemas de justicia a las personas más vulnerables. Los objetivos del grupo de trabajo apuntan a encontrar soluciones a largo plazo para la falta de servicios legales; coordinar esfuerzos con distintas instituciones públicas para ampliar el acceso a la justicia; proponer normas, reglamentaciones y políticas; desarrollar modelos de asistencia legal; fomentar el uso de herramientas de auto ayuda; facilitar la participación comunitaria y la creación de programas de educación vecinal. En ese marco, las actividades apuntan a promover proyectos para aumentar la tutela efectiva y el acceso a la justicia a través de reformas normativas; modelos de modernización y descentralización del sistema de justicia; programas para ofrecer servicios legales y la construcción de redes interinstitucionales que ofrezcan herramientas concretas para la efectiva realización de los derechos.
Defensa penal efectiva
Director:
Martín Sabelli
El grupo de trabajo pretende contribuir a la implementación real y efectiva de los derechos de las personas que necesitan defensa penal en América Latina para garantizar el derecho a un juicio justo, especialmente cuando estas no pueden pagar un abogado. La meta es avanzar hacia la garantía de sus derechos por medio del fortalecimiento de los estándares regionales y locales de defensa penal efectiva. En base a la investigación empírica sobre la operación de la defensa efectiva, se trabaja en el diseño de propuestas y recomendaciones de reforma a los encargados de desarrollar políticas públicas y a quienes litigan en el sistema penal.
Derecho Indígena
Coordinación:
Silvina Ramírez
Desde hace más de dos décadas la Constitución Argentina de 1994 introduce un artículo (el 75 inc. 17) que reconoce un conjunto de derechos para los pueblos indígenas. A partir de 2001 se encuentra vigente el Convenio 169 de la OIT ratificado por el Estado argentino, instrumento jurídico internacional clave que regula un amplio abanico de derechos indígenas. Asimismo, Argentina suscribió en 2007 la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los pueblos indígenas. A partir de este marco normativo, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a administrar su propia justicia, y por otra parte se obliga a que los Estados respeten los derechos específicos de los pueblos indígenas cuando aplica la justicia ordinaria para juzgarlos. A partir de este presupuesto, se debe reflexionar en una doble vía: generando mecanismos de articulación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena; incorporando instituciones dentro de sistema de justicia penal que respete la diversidad cultural y los derechos indígenas. El objetivo del grupo de trabajo es discutir las consecuencias jurídicas desde una perspectiva teórica pero pensada para generar herramientas concretas que permitan aportar para un complejo diseño institucional.
Gobierno judicial
Director:
Francisco Marull
El gobierno judicial es un tema esencial para la consolidación de las democracias latinoamericanas. Definir conceptualmente y conocer empíricamente lo que es y cómo funciona el Poder Judicial de los Estados es tarea fundamental para poder garantizar no solamente la legitimidad de los jueces y juezas en el desempeño de sus competencias, sino también para asegurar la impartición justa de los derechos ciudadanos. Para ello desde el grupo de trabajo se busca estudiar y analizar las distintas dimensiones ya sea políticas u operativas en las cuales se establecen los sistemas de gobierno judicial, desde el punto de vista del fortalecimiento de su autonomía funcional y de la transparencia y objetividad de las reglas referentes a la selección, nombramiento y ascenso en la carrera.
Feminismos y justicia penal
Coordinación:
Ileana Arduino
Las demandas provenientes o derivadas de la visibilización de numerosas formas de violencia —una vez comprendida la matriz de violencias estructurales de tipo cisheteropatriarcal, además de las provenientes de otras formas jerárquicas que alcanzan los vínculos sociales— coloca a los movimientos feministas, en una relación tensa cuando las demandas se traducen en respuestas punitivas, o en un sentido más amplio ,en intervenciones estatales entre otras cosas porque la estatalidad es parte de la estructura de dominación y no está exenta. El sistema penal en particular es una agencia de reafirmación del patriarcado, dirán algunxs feministas. ¿El desafío es articular reconocimiento de esas demandas sin deslizarnos o convalidar intervenciones simbólicas meramente punitivistas? ¿Es necesario el derecho penal para todas las formas de violencias? ¿Es posible articular intervenciones que no refuercen los actuales niveles de impunidad selectiva con que deben lidiar quienes padecen violencias en razón del género? ¿Podremos aspirar a una relación de equilibrio entre la eficacia en la persecución de estos hechos y la tutela garantista? Resulta necesario expandir el debate más allá del horizonte dogmático-normativo, que avanza en la discusión con herramientas que no reconocen matices, y desatendiendo de los conflictos concretos.
Ministerios Públicos Fiscales
Coordinación:
Julián Alfie
Los Ministerios Públicos Fiscales han adquirido una nueva presencia en nuestra región durante las últimas dos décadas. La orientación que tome esta institución es un factor determinante en el resultado de la histórica lucha en torno al sentido de la legalidad y a la legitimidad de nuestras democracias constitucionales. El objetivo del grupo de trabajo es construir un espacio colectivo de estudio, reflexión, acción, apoyo, esclarecimiento, denuncia e innovación que permita tomar la tradición de defensa colectiva y de la legalidad que se encuentra en la historia del Ministerio Público moderno, alejarla de la ideología napoleónica de defensa de la legalidad absolutista, y acercarla a la legalidad de los sectores que la necesitan para consolidar sus luchas emancipatorias.
Gestión y organización judicial
Co-directora:
Sidonie Porterie
Co-directora:
Aldana Romano
La mirada sobre la dimensión organizacional de nuestros sistemas de justicia es una asignatura pendiente en nuestros procesos de reforma. El impacto de la estructura organizacional en la administración de justicia requiere un estudio y análisis especializado del tema. En ese contexto, el grupo de trabajo de gestión judicial tiene por objetivo principal constituirse como un espacio de análisis, intercambio e incidencia para la adaptación de los modelos organizacionales a las necesidades de un sistema acusatorio.
Justicia Restaurativa
En la actualidad, la justicia se encuentra en una profunda crisis y en constante evolución. Esta crisis no solo se ve reflejada en la administración de justicia, sino que también en el sistema jurídico legal. Por ello, se vuelve necesario pensar la eficacia del ordenamiento del mismo y asentar las bases para una justicia restauradora.
Sistema de precedentes
Coordinación:
Carolina Ahumada
Los procesos de reforma iniciados hace décadas en la región se han enfocado primordialmente en la modernización y democratización de los sistemas de justicia penal. En los últimos tiempos, ha surgido también la necesidad de afrontar cambios relevantes especialmente enfocados en el litigio en los ámbitos de impugnación ante los superiores tribunales y en el uso del precedente.
Justicia Municipal
Coordinación:
Celeste Pousa
Las democracias actuales atraviesan una crisis de legitimidad en sus sistemas de justicia, marcada por la dificultad de garantizar la paz social y gestionar los conflictos. En este contexto, los municipios cumplen un rol central: son la primera línea de atención y la institución más cercana a la vida cotidiana de las personas. Repensar el rol de la justicia municipal se vuelve indispensable en un escenario de creciente conflictividad, altos niveles de crispación social y fuertes cuestionamientos a las reglas básicas de convivencia.
Criminalidad Económica
El CIPCE (Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica) es un programa impulsado por el INECIP dedicado a fortalecer la investigación, prevención y persecución de los delitos económicos y la corrupción. Su trabajo combina la producción de evidencia, el análisis de políticas públicas y la incidencia institucional para promover sistemas de justicia más eficaces, transparentes y orientados a la rendición de cuentas frente a los delitos de mayor impacto social.A través de investigaciones, propuestas de reforma, litigio estratégico y acciones de capacitación, el CIPCE busca mejorar las capacidades del Estado para detectar, investigar y sancionar la criminalidad económica compleja. Además, promueve estándares de integridad y transparencia, fomenta el debate público informado y trabaja junto a organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y actores académicos para fortalecer las instituciones democráticas y combatir la impunidad en materia de corrupción y delitos económicos.
