Bajo la conducción de la diputada Gabriela Burgos y del diputado Diego Mestre, presidentes de las respectivas comisiones, se celebró ayer una reunión informativa sobre los proyectos de ley de juicio por jurados ingresados al recinto en los últimos meses. Las exposiciones estuvieron a cargo de jueces de juicio y de recurso, fiscales y defensores oficiales que han actuado como conductores o litigantes ante un jurado popular.
Participaron como expositores Daniel Carral, Juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires; Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) y Defensor General de San Martín; María Inés Piñeiro Bertot, Jueza del Tribunal Criminal Nº 6 de San Martín; Fernando Zvilling, Juez del Tribunal de Impugnaciones de Neuquén; Laura Zyseskynd y Carolina Carballido Calatyud, fiscales de San Isidro que participaron del juicio seguido al empresario Fernando Farré; Darío Vezzaro, ex Fiscal General de la provincia de Córdoba; Gonzalo Romero, Secretario y Coordinador de la Oficina de Jurados del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y Jorge Rohde, docente de la Universidad de Buenos Aires.
Los expositores coincidieron en la necesidad de aplicar el modelo clásico de jurado, compuesto por 12 ciudadanos, tal como rige en la Provincia de Buenos Aires y en Neuquén. En ese sentido, Harfuch señaló: “La decisión de inclinarse por una composición de 12 personas no es casual. Es un número manejable administrativamente y que a la vez dota de una legitimidad única a la decisión”.
Respecto a la exigencia del veredicto unánime, los expertos destacaron que la experiencia a nivel internacional y nacional demuestra que en la gran mayoría de los juicios por jurados se alcanza la unanimidad, incluso en aquellos casos en donde la misma no es exigida. Asimismo, resaltaron la mayor legitimidad que tiene una decisión unánime, su capacidad de minimizar el margen de error judicial y de qué manera eleva la calidad de la deliberación.
Para la jueza Piñeiro Bertot, “la unanimidad hace que todas las posturas sean escuchadas”. La fiscal Zyseskind sostuvo que “no hay que tenerle miedo a la unanimidad: la ciudadanía merece que elevemos los estándares”. En sentido coincidente, su colega Carballido afirmó que “la unanimidad garantiza decisiones de calidad y es sinónimo de saber escuchar al otro”.
Otro punto en donde existieron coincidencias fue en la contemplación del recurso como garantía del acusado. “Somos los primeros impulsores de los derechos de las víctimas en el proceso, pero es un error creer que eso se logra a través del recurso contra el veredicto absolutorio”, señaló Harfuch. Piñeiro Bertot y Zvilling coincidieron en que la claridad de la litigación y el alto estándar probatorio le dan la decisión una legitimidad tal que se diluye la necesidad de habilitarle un recurso a la parte acusadora.
Respecto al recurso del imputado contra la sentencia condenatoria, Carral afirmó que en base a su experiencia “la revisión no sólo es posible, sino que es incluso más fácil que en los juicios con jueces profesionales”.
Por último, los expositores coincidieron en que la aprobación de la ley de juicio por jurados por parte del Congreso de la Nación la convertiría en una ley marco a la que las provincias deberían adaptarse, tomando sus normas como un piso mínimo inderogable.