Especialistas de Ecuador y de la región analizaron las irregularidades y los riesgos que atraviesan el proceso de designación de la máxima autoridad del Ministerio Público ecuatoriano. El encuentro “Ecuador. Fiscalía General: una elección bajo la lupa” inauguró el ciclo de conversatorios de El Radar de la Justicia Latinoamericana, organizado por el INECIP y destinado a analizar los principales desafíos de los sistemas de justicia penal de la región a partir del diálogo entre operadores judiciales, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.
Victoria Llorente, Subdirectora Ejecutiva del INECIP, profundizó sobre el contexto de la región y explicó que los Ministerios Públicos Fiscales se han convertido en un territorio de disputa. “Muchas personas ven que, a través de estas instituciones, se puede asegurar la impunidad de algunos de los mercados criminales más fuertes de América Latina o, por el contrario, construir un espacio capaz de gestionar los intereses de las víctimas y de quienes sufren todos los días la criminalidad organizada”.
Por su lado, Jaime Arellano, de la Misión Internacional de Observación (MIO-Ecuador), señaló: “Cuando nos preocupamos por la elección del fiscal o la fiscal general del Estado en Ecuador es porque, en definitiva, estamos hablando de quién puede investigar al poder. Esta es una preocupación que atraviesa a América Latina”.
Dolores Miño, Directora Ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), advirtió que existe una fuerte sospecha entre la ciudadanía de que varios de los postulantes cuentan con algún tipo de padrinazgo o ayuda. Además, agregó: “Hay cuestionamientos sobre quiénes están evaluando a los postulantes, sobre las reglas mismas del proceso y sobre las discordancias a la hora de calificar ciertas carpetas. Evidentemente, todo esto genera una sombra de duda”.
Finalmente, Paúl Ocaña, integrante del Colegio de Abogados de Pichincha y Presidente de la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso a Fiscal General de Estado, destacó la necesidad de conocer cuál será la política institucional de los postulantes para combatir el mercado criminal. Ocaña destacó: “Ecuador ha cambiado en el plano delincuencial. Antes, hablábamos de asaltos, robos o el microtráfico. Hoy, tenemos delincuencia organizada, minería ilegal, lavado de activos, narcotráfico. Antes éramos un país de tránsito en materia de drogas; hoy somos uno de los mayores exportadores”.
Las intervenciones coincidieron en que la elección de la máxima autoridad del Ministerio Público no constituye un trámite meramente administrativo: define quién tendrá la responsabilidad y la independencia necesarias para ofrecer respuestas eficaces ante el avance del crimen organizado y garantizar que la institución responda a los legítimos intereses democráticos de la sociedad.
