Por Alfredo Pérez Galimberti* y Aldana Romano**
La Corte Suprema ha elegido un nuevo presidente con una liviandad e irresponsabilidad inadmisible hasta para una reunión de consorcio. No es entendible que en un acto de importancia institucional ni siquiera puedan asistir los cinco miembros que la componen. En un caso por una actividad extraña al trabajo judicial y en el otro por razones ignotas. El espectáculo de tres personas votándose a sí mismas es una ofensa a la ciudadanía.
En Cortes y Tribunales Supremos de otros países el nombramiento del presidente es un acto solemne. De hecho, en la tradición anglosajona, que sirvió de inspiración a nuestra Constitución Nacional, las presidencias marcan épocas y estilos de la Corte Suprema, cuyo estudio se periodiza en base a los mandatos. Este espectáculo pueril es el resultado de la degradación de la idea y funciones de la presidencia de la Corte, que no señala ninguna orientación, ni estilo sino más bien el uso y abuso de facultades administrativas que la Corte se ha arrogado de un modo inconstitucional. Recordemos que, nos guste o no, el art. 114 de la Constitución Nacional dispone que administrar los recursos de la administración de justicia le corresponde al Consejo de la Magistratura y que la Corte Suprema sólo nombra a sus propios empleados (art. 113).
Estamos asistiendo a una permanente ruptura de las reglas más elementales de funcionamiento razonable de las instituciones, que ya bordean el grotesco. En los fallos de la Corte a veces votan tres miembros, otras cuatro, no construyen mayorías ni deliberan. La Corte fija tiempos para su propio trabajo que luego no cumple. Pretende que las reglas de quorum son una forma de evadir la deliberación colegiada. Una de sus integrantes desconoce flagrantemente la propia doctrina de la Corte sobre la duración de los mandatos judiciales, apoyándose en una triquiñuela leguleya que se urdió en el gobierno anterior y el actual mantuvo, sin pretender siquiera cumplir con el art. 99 inc. 4.
Para colmo de males quienes se rasgan las vestiduras, si se pretende cambiar la forma de nombramiento del presidente de la Corte, hacen silencio frente a esta burla a la seriedad de las instituciones. Vamos construyendo un cambalache institucional que nos deja impotentes. Por eso no hallamos que proponer, solo dejar constancia que la crisis de legitimidad de la Corte Suprema se acreciente día a día y son sus propios miembros quienes socavan esa autoridad con actos ramplones de cultura cortesana.
* Vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
** Directora Ejecutiva del INECIP.