El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) presentaron, en un conversatorio virtual, el número 26 de la Revista Sistemas Judiciales, íntegramente dedicado a los Modelos de gestión de los Ministerios Públicos Fiscales en América Latina. El encuentro reunió a fiscalas, fiscales y especialistas de seis países de la región y contó con la participación de más de 350 personas.
La nueva edición retoma un debate que Sistemas Judiciales ya había abordado en sus primeros números, hace más de dos décadas atrás: cómo se organizan y gestionan los ministerios públicos fiscales de la región. Según remarcaron Julián Alfie, Director Ejecutivo del INECIP, y Ana Dulce Aguilar, Directora Ejecutiva del CEJA, la discusión ya no puede pensarse en clave meramente administrativa o tecnocrática, sino como una cuestión político-institucional que incide de manera directa en la eficacia de la persecución penal y en la confianza de la ciudadanía en la justicia. En la misma línea, Aldana Romano, codirectora de la revista por INECIP, advirtió sobre el riesgo de que las reformas se limiten a “políticas de modernización o tecnologización ingenuas” que no llegan a transformar el modo de trabajo de las instituciones.
Experiencias de seis países
El panel estuvo integrado por Yeni Berenice Reinoso, Procuradora General de la República Dominicana; María Cecilia Vranicich, Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (Argentina); María Victoria Rivas, Consejera del Consejo Directivo del CEJA y Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales del Paraguay (CEJ); Gabriela Ortiz, titular del órgano de política criminal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; Delia De Castro, Fiscal Superior de la Procuraduría General de la Nación de Panamá; e Ignacio Castillo Val, Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Homicidios y Lavado de Activos de la Fiscalía Nacional de Chile.
A lo largo de dos horas de intercambio, las y los panelistas coincidieron en un diagnóstico común: la primera generación de reformas procesales penales —la instalación de los sistemas acusatorios y la creación de los ministerios públicos— está prácticamente saldada en la región, pero persiste una “segunda generación” de transformaciones pendientes, vinculada a cómo se organiza el trabajo puertas adentro de las fiscalías.
Uno de los principales desafíos planteados fue superar la lógica de investigación caso por caso para avanzar hacia una comprensión más amplia de los fenómenos criminales. En este marco, Yeni Berenice apuntó: “No podemos combatir de forma eficiente la criminalidad del siglo XXI siguiendo pasos, procedimientos y estándares del siglo XX” y planteó la necesidad de abandonar esta lógica de investigación para “ver la criminalidad desde los mercados criminales”.
También se destacó la experiencia de Santa Fe, Argentina, donde el Ministerio Público de la Acusación reorganizó sus objetivos en torno de persecución penal priorizados. En base a esta experiencia y señalando desafíos, María Cecilia Vranicich afirmó: “No hay que tener temor de reconocernos como un actor político: nuestras decisiones van a tener incidencia en la política criminal y en el contexto general de la sociedad”.
María Victoria Rivas analizó la experiencia paraguaya y resaltó que a nivel regional se han reinstalado prácticas que se pensaban ya superadas, como la delegación de funciones o el sistema escrito, por lo que el gran desafío es “luchar de vuelta contra el sistema inquisitivo dentro de un sistema adversarial”.
Por su lado, Gabriela Ortiz identificó cuatro desafíos centrales para transitar hacia los nuevos modelos de gestión: el cultural, el organizacional, el institucional-estratégico y el de evaluación. En Panamá, Delia De Castro destacó la necesidad de fortalecer la continuidad del trabajo fiscal y la responsabilidad sobre los resultados: “Es importantísimo asumir las responsabilidades sobre los resultados de los casos, mediante una mayor continuidad funcional”.
Por último, Ignacio Castillo Val afirmó que la persecución penal ya no puede limitarse a resolver casos: debe comprender e intervenir fenómenos criminales. “Cada fiscal era dueño de su carpeta de investigación; eso, en materia de crimen organizado, supone un obstáculo para las estructuras transregionales”. Frente a ese problema, destacó la creación de la fiscalía supraterritorial, “probablemente el cambio más radical que ha habido en la estructura del Ministerio Público en Chile”.
Sobre la publicación
Sistemas Judiciales es una revista impulsada conjuntamente por INECIP y CEJA que analiza el funcionamiento de los sistemas de justicia penal en América Latina y el Caribe. El número 26, además de los artículos que estuvieron en la base de este conversatorio, incluye un podcast y una entrevista, en línea con el formato ampliado que la publicación adoptó a partir de su número 25. El material completo puede consultarse en los sitios web de INECIP y de CEJA.
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