El Monitor es una herramienta para recordarle a jueces y juezas, como garantes últimos de prevenir situaciones vejatorias, y al sistema de justicia en general, que en Argentina miles de personas están detenidas por largos plazos en comisarías, lugares inhabilitados para esos fines y donde sus derechos básicos son sistemáticamente violados.
En ese sentido, se busca sistematizar mensualmente la información que se produzca sobre la situación de personas presas en comisarías, los hechos más graves que se informen públicamente y, cuando existan, las acciones concretas tomadas por las autoridades responsables para ponerle fin a este estado de situación inaceptable en un Estado de derecho.
Chubut: El Superior Tribunal de Justicia apartó a una jueza por denunciar condiciones inhumanas de detención en comisarías
Durante el mes de octubre tomó estado público un hecho de especial gravedad institucional en la provincia de Chubut, a raíz de la remoción prematura de la jueza Daniela Arcuri de su rol como responsable de la Ejecución Penal de Comodoro Rivadavia, luego de haber documentado y denunciado las condiciones inhumanas de alojamiento en comisarías y alcaidías de la ciudad.
En Chubut, la función de juez de ejecución es ocupada temporal y rotativamente por jueces que integran el colegio de jueces de la provincia. Arcuri debía ocupar ese cargo hasta el 30 de noviembre, pero fue apartada antes de tiempo. De acuerdo a lo denunciado por la Asociación de Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut, la decisión fue motivada por un pedido explícito del Poder Ejecutivo provincial, disconforme con decisiones judiciales de la jueza, y fue ratificada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Javier Raidan, en una afectación externa e interna a la independencia judicial que pone en crisis la tutela judicial efectiva de los presos en comisarías de Chubut ante las vejaciones que sufren sistemáticamente.
A lo largo del 2025, en el marco de acciones de hábeas corpus y peticiones de internos y de la Defensa por agravamiento de las condiciones de detención, la jueza ordenó diversas inspecciones a comisarías de la provincia. Así relevó múltiples deficiencias estructurales y sanitarias: falta de calefacción y agua caliente, instalaciones eléctricas deterioradas, plaga de roedores, acumulación de basura, colchones no ignífugos, humedad extrema, fallas en la provisión de alimentos y ausencia de baños y espacios adecuados para la higiene. También señaló problemas graves en la clasificación de los detenidos, la escasa dotación de personal y la existencia de actividades laborales no remuneradas dentro de la dependencia. Estas observaciones fueron puestas en conocimiento de las autoridades correspondientes.
Tras la emisión de ese informe, el Subsecretario de Justicia del Ministerio de Seguridad y Justicia del Poder Ejecutivo provincial envió una nota solicitando la “rotación” de la jueza, por considerar que sus acciones “exceden el ámbito jurisdiccional”. El Superior Tribunal de Justicia en pleno, lejos de respaldar la independencia judicial, validó el pedido y habilitó al Coordinador de Ejecución Penal, Horacio Yangüela, a decidir la remoción anticipada de la jueza, cumpliendo con la petición gubernamental. Rápidamente, Arcuri fue apartada a partir del 1° de noviembre, un mes antes de la finalización del plazo anual fijado originalmente.
Luego de un inédito intercambio de notas, el presidente del Superior Tribunal, Javier Raidan, validó la remoción anticipada de la jueza.
La situación generó una amplia reacción institucional: ocho jueces penales de la circunscripción respaldaron a la magistrada y solicitaron que se revise la decisión, entendiendo que era un acto administrativo inválido, que no tiene efecto por prevenir de un órgano incompetente. Mientras que la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut emitió un comunicado expresando preocupación por la injerencia política en la labor jurisdiccional. De igual forma lo hizo el Sindicato de Trabajadores Judiciales Chubut entendiendo que es un caso de violencia y acoso laboral dentro del Poder Judicial. Asimismo, la Procuración Penitenciaria de la Nación manifestó su preocupación pública ante la remoción de la jueza. A su vez, el Consejo de la Magistratura de la provincia intervino de oficio, requirió al Superior Tribunal de Justicia que revise el apartamiento y recomendó avanzar en una reglamentación específica para garantizar que las funciones de ejecución penal no queden sujetas a decisiones discrecionales.
Este episodio reviste especial importancia para el monitoreo sobre personas detenidas en dependencias policiales, en tanto evidencia las tensiones institucionales que pueden surgir cuando autoridades judiciales cumplen con su deber constitucional de controlar las condiciones de detención y prevenir prácticas constitutivas de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Resulta particularmente preocupante que sea el propio Superior Tribunal de Justicia el que tome decisiones que promueven la sumisión jurisdiccional ante el Poder Ejecutivo.
Nos encontramos ante una tendencia preocupante: la existencia de respuestas estatales que, en lugar de atender las denuncias sobre condiciones degradantes de detención, buscan limitar o desalentar la labor de quienes las visibilizan. En Chubut, mediante el apartamiento de una jueza que documentó condiciones incompatibles con la dignidad humana. Prácticas como estas logran debilitar los mecanismos de control democrático y dificultan que salgan a la luz situaciones de tortura y malos tratos en dependencias policiales.
A juicio de este Instituto, hechos como los señalados revelan una gravedad institucional que resulta inadmisible en un Estado democrático de derecho. No sólo comprometen la transparencia y el control sobre los lugares de detención, sino que erosionan los principios básicos que deben regir la labor judicial y la supervisión ciudadana de las instituciones públicas.
Argentina bajo el análisis del Comité Contra la Tortura
El Comité Contra la Tortura (CAT) es el órgano de las Naciones Unidas que se encarga de la aplicación la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Este año, el CAT tendrá a consideración el 7° informe periódico de Argentina en relación al cumplimiento de los artículos 1 a 16 de la Convención, a fin de elaborar sus próximas observaciones finales sobre el estado de situación en nuestro país, y efectuar las respectivas recomendaciones sobre cómo mejorarla.
En este contexto, diversas organizaciones de la sociedad civil se presentaron para poner en resalto diversas situaciones de tortura, a fin de que estas sean consideradas por el Comité a la hora de realizar sus recomendaciones al Estado Argentino.
Dentro de los diferentes ejes temáticos, y con el objetivo de destacar la problemática de las personas privadas de su libertad en comisarías, el INECIP presentó el informe sobre el uso de dependencias policiales como cárceles en la República Argentina, donde se solicita al Comité contra la Tortura que incluya dentro de sus recomendaciones un exhorto específico para que los jueces y juezas también deban tomar acciones jurisdiccionales específicas y efectivas para reducir y prevenir la detención de personas en comisarías por largo plazo, tal como ya lo ha hecho la propia Cámara Federal de Casación Penal en su Resolución Plenaria Nº 357/2024.
Se incorporan como puntos principales en el informe:
- El incremento de la población privada de su libertad en el ámbito policial, la cual aumenta de 5.422 personas en el 2016 a más de 13.280 en el 2023.
- La gravedad de la situación atravesada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se ha normalizado el alojamiento permanente en establecimientos policiales, desconociendo los derechos fundamentales de las personas a acceder a condiciones dignas de encierro.
- Las decisiones político criminales que agravaron la situación en el último tiempo, a través de reformas legislativas (tales como la ley 27785 que deroga materialmente el régimen de progresividad de la pena e incorpora nuevos supuestos a la prisión preventiva), y la falta de búsqueda de salidas alternativas por el Ministerio Público Fiscal.
- El desconocimiento a la responsabilidad constitucional y personas que recae en los jueces y jueces de la Argentina, quienes a diario autorizan y consienten que las personas sean enviadas a establecimientos no habilitados y sufran situaciones de tortura.
En este mismo sentido, diferentes organizaciones presentaron sus informes (disponibles en la página web del CAT) informando sobre las situaciones de vejámenes atravesados en Argentina. La problemática de presos en comisarías toma un rol central, al ser mencionado por gran parte de las organizaciones que presentaron sus informes como una gran problemática nacional.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Al 24 de octubre, 2395 personas se encontraban detenidas en comisarías y alcaidías de la CABA. Este número presenta un crecimiento interanual del 7,8%.
Gráfico de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Accedé al informe completo
Durante el mes de octubre se desarrollaron diversas visitas a establecimientos policiales de la ciudad, llevadas adelante por la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación. Las visitas de monitoreo del Ministerio Público de la Defensa documentan condiciones concretas en dependencias porteñas. Estas confirman que el problema que vemos reflejado en los gráficos se traduce en la falta de acceso a los derechos fundamentales de las personas detenidas en estos establecimientos.
Los informes realizados por la Comisión de Cárceles a raíz de las visitas arrojan la siguiente información:
- Alcaidía 1 Bis: “Durante la inspección al sector de alojamiento, se observó que las celdas colectivas estaban limpias y los colchones en buen estado, aunque ubicados en el piso. Por otro lado, se constató una grave plaga de cucarachas, deficiente ventilación, ausencia de luz natural y problemas en la instalación eléctrica. Tales condiciones fueron puestas en conocimiento de la Dirección de Alcaidías con el objetivo de que se adopten las medidas necesarias para su corrección” (7 de octubre de 2025).
- Comisaría Vecinal 1C: “A raíz de la visita, se puede señalar que existe un marcado hacinamiento, toda vez que actualmente se alojan 45 privados de libertad en una dependencia que tiene capacidad ideal para alojar a 17 detenidos. Ello conlleva, a que los alojados deban compartir los colchones en los espacios reducidos donde se alojan. Por otro lado, se recibieron quejas de la mayoría de la población relacionadas con la provisión de las viandas, que se repite el menú (tarta, milanesa y medallón) en escasas porciones e incluso a veces en mal estado. Asimismo, pudimos advertir que es necesario el reemplazo de 3 colchones, situación que se puso en conocimiento de la Superintendencia de Seguridad Comunal a fin de que se les provea de los colchones faltantes” (7 de octubre de 2025).
- Comisaría Vecinal 2A: “De la visita se puede señalar que existe una marcada sobrepoblación debido a que la Comisaría tiene una capacidad real para alojar a 30 detenidos y en la actualidad se alojan 44 privados de libertad. Asimismo, se han recibido quejas de la mayoría de la población relacionadas con la provisión de las viandas, que se repite el menú en escasas porciones. Sin perjuicio de ello, a diferencia de lo que ocurre en otras Dependencias los alojados manifestaron que reciben las viandas en buen estado. Por otro lado, pudimos advertir que es necesaria la provisión de diez colchones, sobre esto se puso en conocimiento a la Superintendencia de Seguridad Comunal, a fin de que le provean de los colchones necesarios para la población alojada. Es pertinente aclarar que la dependencia cuenta tres duchas completamente funcionales, lo que no suele suceder en la órbita de las distintas Alcaidías y Comisarías de la Policía de la Ciudad. Por último, debemos remarcar que la mayoría de las celdas poseen gran cantidad reinante de humedad en las paredes, lo que muchas veces trae aparejados problemas respiratorios a los detenidos” (9 de octubre de 2025).
Tucumán
La crisis estructural del sistema de detención de la provincia de Tucumán volvió a quedar expuesta a partir del cierre de la Comisaría 2ª, cuyo edificio debió ser inhabilitado por el riesgo inminente de derrumbe. Altas fuentes de la fuerza informaron que los detenidos fueron reubicados en otras dependencias policiales. Sin embargo, lejos de tratarse de un episodio aislado, el colapso de esta seccional revela una problemática más profunda y persistente: la utilización de comisarías como espacios de alojamiento permanente, pese a que no cuentan con la infraestructura adecuada ni con condiciones materiales compatibles con la dignidad de las personas privadas de libertad.
El riesgo edilicio de la Comisaría 2ª era conocido desde 2021. El edificio presentaba desde hace años un estado estructural delicado: precariedad en las instalaciones eléctricas y de gas, pérdidas cloacales y deterioros graves que impedían su funcionamiento. Recién ahora se recomendó su inhabilitación preventiva y provisoria, evidenciando la falta de respuestas oportunas y la ausencia de políticas para garantizar condiciones mínimas de detención.
A este cuadro se suma un segundo hecho que profundiza la crisis institucional, ocurrido en la Unidad Regional Norte, luego de comprobarse que personas detenidas eran retiradas de los calabozos para trabajar como albañiles en una propiedad privada del ex jefe Gustavo Javier Beltrán. De acuerdo a la cobertura periodística de la audiencia de formalización de cargos, la investigación reveló que durante dos meses Beltrán habría dispuesto el traslado irregular de cuatro detenidos, algunos condenados por delitos graves, sin autorización judicial, sin registros en los libros obligatorios y con falsificación de documentación interna. Tanto Beltrán como un sargento y un cabo fueron imputados por peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, además de falsificación de instrumento público. Los detenidos utilizados como mano de obra estaban condenados y alojados en comisarías, en abierta contradicción con la normativa que exige que los penados permanezcan en establecimientos penitenciarios. El episodio constituye una vulneración directa de las reglas que regulan la custodia y el traslado de personas privadas de libertad, y evidencia un nivel de arbitrariedad que compromete de manera crítica la legalidad del sistema provincial de detención.
Finalmente, un tercer hecho reciente expone la persistencia del problema estructural. Diecinueve internos condenados fueron trasladados desde distintas comisarías hacia el Complejo Penitenciario Benjamín Paz con el objetivo declarado de descomprimir la sobrepoblación y comenzar un proceso de reinserción social. Si bien este traslado fue presentado como una respuesta institucional, vuelve a poner en evidencia que la presencia de condenados en comisarías sigue siendo una práctica sostenida y normalizada en Tucumán. La medida, aunque necesaria, no resulta suficiente. La continuidad de estas situaciones —comisarías colapsadas, infraestructura deteriorada, reclusos condenados alojados en dependencias policiales y utilización ilegal de detenidos para trabajos privados— demuestra que la problemática excede cualquier traslado puntual y revela fallas estructurales en el sistema provincial de detención. La persistencia de internos en comisarías, incluso luego de los movimientos hacia Benjamín Paz, confirma que la infraestructura penitenciaria actual no alcanza para absorber la demanda y que el Estado provincial continúa incumpliendo estándares básicos de trato digno y legalidad en la privación de la libertad.
Santa Fe
La provincia de Santa Fe avanza en la sistematización de datos sobre la situación de personas privadas de su libertad en comisarías. El Observatorio de Seguridad Pública, en el marco de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación provincial, ha elaborado un documento que describe y analiza datos sobre personas privadas de su libertad en el territorio de Santa Fe en el año 2024.
Algunos datos centrales:
- En 2024, más de una de cada diez personas detenidas se encontraban dentro de un establecimiento policial.
- El 12% de las personas detenidas en 2024 estaban en comisarías y alcaidías. Este valor era constante si se observan los años anteriores: 14,4% en 2023, 11,6% en 2022, 13,1% en 2021 y 12,4% en 2020 .
- En diciembre de 2024 había 1414 personas detenidas en sedes policiales. De estas 1257 eran varones (88,9%) y 157 mujeres (11,1%).
- 9 de cada 10 personas detenidas en sedes policiales no poseen condena firme.
- Del total de alojados en dependencias policiales, el 98,9% se encuentra a disposición de la justicia provincial.
Cantidad de personas privadas de libertad en Unidades Penitenciarias y sedes policiales. Provincia de Santa Fe. Periodo 2008-2024.
Gráfico creado por el Observatorio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe.
Durante el 2025, el Ministerio de Justicia y Seguridad ha llevado a cabo una política de vaciamiento de las comisarías, trasladando a las personas alojadas en ellas a establecimientos penitenciarios. La principal motivación detrás de estas medidas ha sido que la policía pueda volver a patrullar las calles y pasar a realizar tareas de prevención.
Al 27 de octubre del 2025, 973 personas continuaban detenidas en establecimientos policiales. Pese a la disminución frente a años anteriores, nos encontramos con que el 7,7% de los detenidos continúan detenidos en establecimientos policiales.
Buenos Aires
Fuente: Comisión Provincial por la Memoria.
Durante el mes de octubre de 2025, se avanzó en las imputaciones y órdenes de detención contra personal policial por graves violaciones a los derechos humanos. Se ordenaron cinco nuevas detenciones contra efectivos pertenecientes a la Comisaría 2ª de Ensenada, imputados por haber participado en la represión, tortura y vejaciones brutales de personas detenidas en dicha dependencia, en un episodio que tuvo lugar el 21 de octubre de 2024.
Según consta en el pedido de detención, esa noche, “aprovechando la situación de vulnerabilidad en que se encontraban los detenidos, sobre los que tenían un poder asimétrico”, los y las policías involucrados “ingresaron al sector de los calabozos y reprimieron en forma excesiva y desproporcionada la revuelta, flagelándolos mediante disparos con escopetas de postas de goma, detonaciones de gas lacrimógeno, y chorros de agua a alta presión a corta distancia, en un contexto de completa oscuridad (…)”. Luego “confeccionaron un acta acerca de lo ocurrido insertando aseveraciones falsas con las que pretendieron justificar sus acciones y brindar una aparente explicación a las lesiones producidas a los internos, documentando entre otras falsedades que los mismos poseían armas de fabricación casera, que tenían la intención de evadirse de la Comisaría, y que habían iniciado una reyerta entre ellos que incluyó agresiones recíprocas”.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) destacó que estos sucesos “no constituyen un episodio aislado, sino que se inscriben en una trama más amplia de violencia estatal y prácticas de tortura ejercidas en comisarías de la provincia de Buenos Aires”.
Corrientes
En Corrientes se registran alrededor de 196 personas detenidas alojadas en distintas comisarías, alcaidías y unidades regionales de la Policía. Estos datos, brindados por el Comité de Prevención de la Tortura de Corrientes, corresponden al mes de octubre de 2025 e incluyen dependencias tanto de la capital como del interior provincial.
La mayor concentración de personas privadas de libertad se registra en el interior provincial, que reúne aproximadamente el 83 % del total, mientras que la Capital aloja el 17 % restante. Dentro de este panorama, las unidades regionales con mayor cantidad de detenidos son la Unidad Regional IV de Paso de los Libres, la Unidad Regional III de Curuzú Cuatiá, la Unidad Regional II de Goya y Capital.
