Por Irene Benito para JusTA/ACIJ
Andrés Harfuch defiende que la única reforma que sacará a la Justicia argentina del pozo en el que chapotea es la sancionada en 1853 y ninguneada desde entonces: el juicio por jurados. El experto está tan convencido de ello que hasta se atreve a decir que otro habría sido el cantar si el Poder Judicial cumplía de entrada con la obligación constitucional de dar participación al pueblo en la emisión de los veredictos. Según su criterio, los jueces técnicos pueden fallar igual que los jurados, pero nunca conseguirán su adhesión social. “En una sociedad libre y republicana el poder de castigar no puede estar concentrado en empleados estatales”, opina.
-¿Cuán negativa ha sido la pandemia para el movimiento de los juicios por jurados?
-Por supuesto que este año han sufrido los juicios por jurados, pero comenzaron a recuperarse hacia el final y, pese a todo, habrá algunos casos con protocolos sanitarios y en lugares no convencionales, como teatros, cines y centros de convenciones. Hay una audiencia fundamental que se llama de “voir-dire”, que es donde se seleccionan los jurados que quedan en el juicio, que por la pandemia se hizo en la Cámara de Diputados de Paraná, que tiene casi 200 años de antigüedad y es bellísima. En general, en el mundo la Covid-19 llevó a la suspensión de los juicios por jurados, pero en octubre comenzaron a reanudarse en las jurisdicciones argentinas que lo aplican.
Cada vez que fui al extranjero, sobre todo a los Estados Unidos y a Inglaterra, me pasó que los colegas no podían entender cómo nosotros teníamos una Constitución que establecía tres veces el juicio por jurado y no los implementábamos.
-¿Qué es lo primero que hay que saber sobre el juicio por jurados?
-Cada vez que fui al extranjero, sobre todo a los Estados Unidos y a Inglaterra, me pasó que los colegas no podían entender cómo nosotros teníamos una Constitución que establecía tres veces el juicio por jurado y no los implementábamos. A mí me costaba explicar qué es lo que había pasado. Y te imaginás la vergüenza que yo tenía porque para los estadounidenses la Constitución es sagrada. Los ingleses ni siquiera tienen una Constitución escrita, pero, no me preguntes cómo, ellos la cumplen y la observan, y todos te hablan de ella: es uno de los sistemas jurídicos más sofisticados del planeta. La realidad es que la Argentina recién ahora está empezando a respetar el mandato constitucional y, también, estamos empezando a ver qué hubiese pasado si en el país desde el primer día nos tomábamos esto en serio. Es evidente que habríamos tenido otra Justicia y otro sistema institucional.
-¿Tan grande es la diferencia?
-Absolutamente. Me arriesgo a decir que habría sido mucho más difícil que haya interrupciones del orden constitucional. ¿Por qué? Porque el jurado da una independencia increíble a la Justicia: le aporta un poder genuino, no corrupto. El respeto de los jueces del common law se debe precisamente a su vínculo con los ciudadanos y los jurados. Es allí donde ellos tienen una independencia de criterio enorme porque están constantemente interactuando con el pueblo todos los días en los Tribunales, pero no con el pueblo convidado de piedra, sino con el pueblo que va a tomar decisiones. A partir de ese contacto comienza un vínculo poderoso que impregna al Poder Judicial entero y que se siente cuando entrás a la sala de juicio. Si hubiésemos aplicado de entrada el juicio por jurados, habríamos construido una Justicia muy distinta a la que tenemos hoy en la ciudadanía, que está totalmente deslegitimada. La ciudadanía no cree en ella; no comprende sus fallos; la cuestiona de manera permanente, etcétera. ¿Qué está pasando ahora que llevamos cinco años de juicios por jurado en el país y casi 500 concretados? Vemos el país que nos perdimos. Empezamos a tener fallos relevantes y una percepción social que se puede resumir en lo que pasa con el caso “Chocobar”, donde una inmensa parte de la ciudadanía pide un juzgamiento con intervención del jurado popular. Cuando llegás a ese nivel de cercanía es porque el jurado ya se metió en la experiencia del ciudadano común y ya tiene consecuencias. Si uno puede proyectar eso a 170 años de ejercicio de la ciudadanía, advierte que la Argentina pudo haber sido muy diferente a lo que es porque el jurado es muy poderoso.
El jurado da una independencia increíble a la Justicia: le aporta un poder genuino, no corrupto.
-¿Qué respondés a los prejuicios típicos que generan los jurados? Por ejemplo, que son impresionables e influenciables, y que se dejan llevar por “la mano dura”…
-Son barbaridades que esconden una defensa corporativa y de un statu quo que quiere asegurar a los abogados el monopolio de la actividad jurisdiccional en contra de la letra de la Constitución. Si realmente la gente no es confiable para emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia, entonces los constituyentes de 1853 estaban locos. Es un lugar común que no resiste el análisis. Si los ciudadanos fuesen tontos e incapaces de impartir justicia, tendríamos que instituir el voto calificado porque, con el mismo criterio, tampoco saben votar. Estos disparates nos alejan de la máxima de Abraham Lincoln de que este es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, la manera en que los sistemas libres de Occidente incorporaron la república es con participación directa del pueblo en la elección de los representantes que ocupan lugares en los poderes legislativos y ejecutivos, y en las sentencias judiciales por medio del juicio por jurados. Contra los prejuicios están las verdades que surgen de las investigaciones empíricas que los países del common law hacen desde hace medio siglo y que nosotros también hemos empezado a elaborar, y que demuestran claramente que los jurados son más que cada uno de sus miembros. Aparecen como excelentes jueces y determinadores de los hechos: gente que llega a soluciones sensatas que sorprenden a la población y al sistema judicial. A esto lo están viendo los propios jueces argentinos. ¿El jurado es mano dura? No, al revés. Las investigaciones extranjeras revelan un grado enorme de acuerdo entre los jueces técnicos y los jurados: la coincidencia llega hasta el 78% de los casos. En el 22% de discordancia se ve que los jurados son más proclives a absolver que los jueces. En la Argentina hicimos esa misma medición y encontramos que el acuerdo llega al 76,9% de los casos. Esto quiere decir que nuestros jurados se están comportando igual que los de país con larga tradición, como los anglosajones. Y desbarata la idea de que los jurados son “vengadores sociales” que van a querer meter a todo el mundo en la cárcel.
Si los ciudadanos fuesen tontos e incapaces de impartir justicia, tendríamos que instituir el voto calificado porque, con el mismo criterio, tampoco saben votar.
-Si los jueces se parecen bastante a los jurados y los jurados, bastante a los jueces, ¿por qué la judicatura no genera la confianza que vos decís que generan los jurados?
-Es una cuestión cultural. Si agarrás el mapa del mundo occidental y te fijás qué países carecen de jurados, no superan los dedos de la mano. Todos tienen algún grado de participación ciudadana. Nosotros estamos en una situación de anormalidad. Hemos naturalizado la idea de que el Poder Judicial puede abastecerse íntegramente por profesionales: es un disparate. Ningún sistema serio puede funcionar así porque estamos pensando en jueces ideales y probos que no existen. En ninguna sociedad que busque la libertad y la forma republicana el poder de castigar puede estar concentrado en empleados estatales. En el fondo y como decía el gran penalista Francesco Carrara, un juez es un asalariado del gobierno: es designado, pagado y hasta puede ser echado por los gobernantes. Montesquieu decía lo mismo: no podemos dar el poder de juzgar a un Senado permanente. Se corren muchos riesgos de este modo. El hecho de no haber introducido los jurados perjudicó notoriamente la credibilidad del Poder Judicial y de los jueces argentinos.
-¿De dónde viene esta vocación por aislar a la Justicia?
-El modelo inquisitivo es nuestra marca cultural de la que intentamos liberarnos. El modelo acusatorio es el que tiene la otra parte de Occidente y proviene del common law. Es un sistema que jamás concibió escribir un expediente y hacer cosas secretas, sino las audiencias públicas, un juez, jurados, testigos y peritos, todo a la luz de la sociedad. El juez técnico debe estar siempre, pero también la ciudadanía. Cuando un jurado toma la decisión de absolver, la prensa al día siguiente no dice nada. Si a esa misma decisión la toma un tribunal, al día siguiente hay un jurado de enjuiciamiento para echar a los vocales, como pasó inclusive en Tucumán. ¿Cuál es la razón? Lo mismo sucede con la condena de un imputado popular. Ninguna democracia en serio puede prescindir de la aceptación que generan los veredictos del pueblo porque, sino, arrojamos el prestigio del Poder Judicial a los leones todos los días, como sucede en la Argentina. Los magistrados se resisten a los jurados porque, aunque hay un sector que trabaja y está comprometido con la institución, existe una gran corrupción en la Justicia.
El hecho de no haber introducido los jurados perjudicó notoriamente la credibilidad del Poder Judicial y de los jueces argentinos.
-¿Qué avizorás en el futuro cercano del juicio por jurados?
-Es inevitable que el jurado se imponga. El presidente (Alberto Fernández) convocó una comisión de especialistas que recomendó la aplicación del mecanismo del modo en el que rige en la mayor parte de las provincias: 12 personas con igualdad de género; con un veredicto definitivo y unánime, y con una audiencia de “voir-dire” para seleccionar con y sin causa a los integrantes. Este cambio es inexorable: el Congreso de la Nación va a dictar la ley, lo mismo que las provincias que aún no la tienen porque es la única forma de cerrar la brecha entre la comunidad y el Poder Judicial. Considero que como máximo en cinco años habrá juicios por jurado en todo el territorio de la Argentina.
Andrés Harfuch es abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Miembro de la Junta Directiva del Inecip, conduce el Centro de Juicio por Jurados y Participación Ciudadana. Harfuch enseña Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología en la UBA desde el año 1999. Es defensor general de San Martín, provincia de Buenos Aires, y vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Ha asesorado procesos de reforma judicial en Latinoamérica y en la Argentina.