A tres años de la puesta en marcha del juicio por jurados para casos criminales en la provincia Buenos Aires, trascendieron los resultados de un informe que hizo el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), para poner bajo la lupa la implementación del sistema, la adaptación de los operadores judiciales y los efectos del cambio para la Justicia.
“La introducción del juicio por jurados en el marco de una cultura inquisitiva y un régimen procesal virtualmente acusatorio (con escasa oralidad), sumado al tamaño y el nivel de conflictividad de su territorio, hacen de la Provincia de Buenos Aires un ámbito especialmente interesante para el análisis y la investigación”, explicaron los especialistas.
En este período se realizaron 173 juicios por jurados, el 57% (99) de los cuales se concentraron en cuatro departamentos judiciales: Bahía Blanca, San Martín, Azul y La Matanza (en ese orden). Otros distritos tardaron más de un año en realizar su primer juicio por jurados; como La Plata, donde en todo este tiempo se hicieron apenas cuatro debates bajo esta modalidad.
Más allá de estos casos puntuales, la cantidad de juicios por jurado aumentó de manera sostenida desde el año de arranque. En 2015 se hicieron 38; en 2016 fueron 58; y en 2017, 77.
El 60% de los debates se resolvieron entre uno y dos días (en 2017 solamente cinco juicios duraron más de cuatro días). Y en apenas cinco no se llegó a un veredicto: en tres casos porque se estancaron (no estaba claro, por la prueba que se presentó en el juicio, si la persona cometió el delito o no) y dos fueron suspendidos por fuerza mayor, según se desprende del relevamiento de INECIP.
Veredictos
Haciendo foco en estos tres años, la mayoría de los juicios realizados ante jurados terminaron con condena (64%). En el primer año hubo 17 absoluciones y 19 condenas; en el segundo, 16 absoluciones y 36 condenas; y en el tercer año (2017), 21 absoluciones y 39 condenas.
Si se incluyen los veredictos mixtos, como lo hace la Corte, un 56% de los juicios terminó con condenas, mientras que un 32% concluyó con absoluciones y un 12% con veredictos mixtos, que engloba dos situaciones: casos con más de un imputado con fallos no coincidentes (uno absolutorio y otro condenatorio) o condenas por delitos menores incluidos.
En esta investigación, el INECIP y la Secretaría de Política Criminal de la Procuración bonaerense encuestaron a 107 operadores judiciales con experiencia en juicios por jurados: 25 jueces, 25 abogados defensores (entre públicos y particulares) y 57 fiscales.
Según concluyeron Sidonie Porterie y Aldana Romano, de INECIP, la gran mayoría de los encuestados (75%) tiene una opinión positiva del nuevo sistema de jurados, “valoración destacable en virtud del poco tiempo que lleva desde su entrada en vigencia y el cambio que representó para un sector poco habituado a ello”, explicaron. En el relevamiento detallan que el 43% la calificó de muy positiva; el 32%, de positiva; el 16% se mantuvo neutral; 6% opinó que era negativa y 3% muy negativa.
“Otro dato significativo -resaltaron- es que la mayoría de los encuestados, en los juicios en los que participaron, coincidieron con el veredicto del jurado”. El 65% respondió que no hubiera tomado una decisión diferente. Si se consideran únicamente las respuestas de los jueces (se supone que, a diferencia de fiscales y defensores no tienen interés en el resultado) el nivel de coincidencia sube al 76%, “que se aproxima al estándar de coincidencia juez-jurado que se ha detectado en otros estudios empíricos del resto del mundo”, apuntaron desde INECIP.
Aclararon que “en los casos en los que los jueces no coincidieron con el veredicto del jurado, el motivo de la divergencia en ningún caso fue por considerar” que “no era razonable”, sino que “hubieran decidido distinto (63%)”. En menor medida, los jueces coincidieron con el veredicto pero difirieron con la calificación elegida (37%).
Otro dato interesante es que en el 53% de los juicios (28) en los que participaron los jueces encuestados, el veredicto fue producto de un consenso unánime entre los jurados, aún cuando en el 46% de los casos la unanimidad no era una exigencia por el delito por el cual se condenó.
Entre los beneficios del sistema, mencionaron que el jurado “incide necesariamente en el lenguaje del sistema judicial”, porque dirigirse al mismo “obliga a allanar un lenguaje plagado de tecnicismos y artimañas”, recuperando “la función social de la ley”. También que los jueces “encontraron un beneficio que no esperaban: las decisiones del jurado los protegen frente al posible descontento de la ciudadanía y las eventuales presiones del sector político”.