La obra contempla la necesidad de creación de un sistema central estatal, encargado no sólo de la elaboración de políticas públicas en materia de acceso a la justicia sino de que dichas políticas encuentren un respaldo y cauces de colaboración con aquellas que rigen e impulsan la actividad de los actores del sector de justicia, tales como la Corte Suprema de Justicia, el
Ministerio Público, etc. Lo que también resulta aplicable respecto de la sociedad civil o al sector privado nacional e internacional con presencia y capacidad de prestación de servicios jurídicos. Meta que requiere el establecimiento de un diálogo entre los sujetos externos y los pertenecientes al esquema institucional público y la elaboración de planes y estrategias de colaboración y coordinación de actividades y objetivos para proporcionar una oferta integrada y establecer mecanismos de control del desempeño de estas funciones.

La publicación se realizó en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

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