Entre las principales actividades del área se destacan: la elaboración de programas nacionales de reforma y de políticas para el sector justicia; la reforma de la legislación, integrando y desarrollando en el derecho interno los textos internacionales en materia de Derechos Humanos; la modernización de los sistemas de administración de tribunales (políticas presupuestarias, de recursos humanos y gestión de información); la profundización del acceso a la justicia; la promoción de proyectos de participación ciudadana en la administración de justicia y el apoyo a ONGs para la elaboración de estrategias de intervención en el sector justicia, entre otras.

Con el fin de lograr los objetivos señalados, se realiza un análisis constante de los sistemas penales y procesales penales en América Latina, a fin de evidenciar falencias y estudiar alternativas concretas que permitan superar la situación actual.

Programas e Iniciativas de reforma

Reformas Provinciales

Coordinación: Gonzalo Rua

Desde el programa se ejecutan las acciones relacionadas a los procesos de reforma de los sistemas de administración de la justicia penal en las distintas provincias del país. Se realizan diseños de capacitaciones estratégicas para funcionarios, planes de asistencia técnica para las distintas instituciones del sistema judicial, propuestas de reforma, programas pilotos para la implementación de nuevas oficinas, elaboración de leyes orgánicas, etc. Todo ello con la finalidad de consolidar el sistema adversarial en las jurisdicciones del país.

Investigadores: Ignacio Andrioli, Fernando Carbajal, Alberto Gonzalez, Alan Iud, Patricio Luxardo, Javier Mokritzky, Guillermo Nicora, Ariel Ospitaleche, Tobías Podestá, Viviana Sanchez Rodríguez y Leandro West.


Reforma Federal

Coordinación: Gonzalo Rua

Se abordan las acciones direccionadas a la reforma del proceso penal federal argentino. Para ello se confeccionan proyectos de código y leyes orgánicas, se desarrollan investigaciones empíricas sobre el funcionamiento, programas de organización de tribunales, fiscalías y defensa pública.

Investigadores: Ileana Arduino, Helena Arteaga, Juan Pablo Iriarte, Tamara Peñalver y Raúl Salinas.


Reformas Latinoamericanas

Coordinadores: Andrés Harfuch, Guillermo Nicora y Gonzalo Rua.

Se realiza un análisis constante de los sistemas penales de América Latina, a modo de generar una visión regional del proceso de reforma. Se busca evidenciar falencias en los distintos sistemas y estudiar alternativas concretas que permitan superar la situación actual. Asimismo se desarrolla un análisis comparado de la legislación, en lo que respecta a buenas prácticas y la implementación de organismos novedosos.


Acceso a la Justicia

Coordinación: Carolina Ahumada

El acceso a la justicia configura un componente central de la noción de ciudadanía para la construcción del ideal democrático. En nuestra región, los ciudadanos no siempre acceden a esta posibilidad por distintos obstáculos: sociales, cognitivos, económicos, educacionales, territoriales, etc.  Estos impedimentos develan las desigualdades estructurales que dejan fuera de los sistemas de justicia a las personas más vulnerables.

Los objetivos del área apuntan a encontrar soluciones a largo plazo para la falta de servicios legales; coordinar esfuerzos con distintas instituciones públicas para ampliar el acceso a la justicia; proponer normas, reglamentaciones y políticas; desarrollar modelos de asistencia legal; fomentar el uso de herramientas de auto ayuda; facilitar la participación comunitaria y la creación de programas de educación vecinal.

En ese marco, las actividades apuntan a promover proyectos para aumentar la tutela efectiva y el acceso a la justicia a través de reformas normativas; modelos de modernización y descentralización del sistema de justicia; programas para ofrecer servicios legales y la construcción de redes interinstitucionales que ofrezcan herramientas concretas para la efectiva realización de los derechos.

Investigadores: Alejandra Manzano


 

Estructura y gobierno democrático del Poder Judicial

Coordinación: Nicolás Soler


Derechos indígenas y Justicia Penal

Coordinación: Silvina Ramírez

Desde hace más de dos décadas la Constitución Argentina de 1994 introduce un artículo (el 75 inc. 17) que reconoce un conjunto de derechos para los pueblos indígenas. A partir de 2001 se encuentra vigente el Convenio 169 de la OIT ratificado por el Estado argentino, instrumento jurídico internacional clave que regula  un amplio abanico de derechos indígenas. Asimismo, Argentina suscribió en 2007 la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los pueblos indígenas. A partir de este marco normativo, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a administrar su propia justicia, y por otra parte se obliga a que los Estados respeten los derechos específicos de los pueblos indígenas cuando aplica la justicia ordinaria para juzgarlos.

A partir de este presupuesto, se debe reflexionar en una doble vía: generando mecanismos de articulación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena; incorporando instituciones dentro de sistema de justicia penal que respete la diversidad cultural y los derechos indígenas. El objetivo del grupo de trabajo es discutir las consecuencias jurídicas desde una perspectiva teórica pero pensada para generar herramientas concretas que permitan aportar para un complejo diseño institucional.


Defensa Penal Efectiva

El programa pretende contribuir a la implementación real y efectiva de los derechos de las personas que necesitan defensa penal en América Latina para garantizar el derecho a un juicio justo, especialmente cuando estas no pueden pagar un abogado. La meta es avanzar hacia la garantía de sus derechos por medio del fortalecimiento de los estándares regionales y locales de defensa penal efectiva. En base a la investigación empírica sobre la operación de la defensa efectiva, se trabaja en el diseño de propuestas y recomendaciones de reforma a los encargados de desarrollar políticas públicas y a quienes litigan en el sistema penal.