Entre las principales actividades del área se destacan: la elaboración de programas nacionales de reforma y de políticas para el sector justicia; la reforma de la legislación, integrando y desarrollando en el derecho interno los textos internacionales en materia de Derechos Humanos; la modernización de los sistemas de administración de tribunales (políticas presupuestarias, de recursos humanos y gestión de información); la profundización del acceso a la justicia y el apoyo a ONGs para la elaboración de estrategias de intervención en el sector justicia, entre otras.

Programas e Iniciativas de Reforma

Reformas Procesales Penales

Coordinación: Gonzalo Rua

Desde el programa se ejecutan las acciones relacionadas a los procesos de reforma de los sistemas de administración de la justicia penal en el país y la región latinoamericana. Se realizan diseños de capacitaciones estratégicas para funcionarios, planes de asistencia técnica para las distintas instituciones del sistema judicial, propuestas de reforma, programas pilotos para la implementación de nuevas oficinas, elaboración de leyes orgánicas, consultorías y monitoreos sobre funcionamiento, etc.


Acceso a la Justicia

Coordinación: Carolina Ahumada

El acceso a la justicia configura un componente central de la noción de ciudadanía para la construcción del ideal democrático. En nuestra región, los ciudadanos no siempre acceden a esta posibilidad por distintos obstáculos: sociales, cognitivos, económicos, educacionales, territoriales, etc.  Estos impedimentos develan las desigualdades estructurales que dejan fuera de los sistemas de justicia a las personas más vulnerables.

Los objetivos del área apuntan a encontrar soluciones a largo plazo para la falta de servicios legales; coordinar esfuerzos con distintas instituciones públicas para ampliar el acceso a la justicia; proponer normas, reglamentaciones y políticas; desarrollar modelos de asistencia legal; fomentar el uso de herramientas de auto ayuda; facilitar la participación comunitaria y la creación de programas de educación vecinal.

En ese marco, las actividades apuntan a promover proyectos para aumentar la tutela efectiva y el acceso a la justicia a través de reformas normativas; modelos de modernización y descentralización del sistema de justicia; programas para ofrecer servicios legales y la construcción de redes interinstitucionales que ofrezcan herramientas concretas para la efectiva realización de los derechos.

Investigadores: Alejandra Manzano


Grupo de Trabajo sobre Feminismos y Justicia Penal

Coordinadora: Ileana Arduino

Las demandas provenientes o derivadas de la visibilización de numerosas formas de violencia —una vez comprendida la matriz de violencias estructurales de tipo cisheteropatriarcal, además de las provenientes de otras formas jerárquicas que alcanzan los vínculos sociales— coloca a los movimientos feministas, en una relación tensa cuando las demandas se traducen en respuestas punitivas, o en un sentido más amplio ,en intervenciones estatales entre otras cosas porque la estatalidad es parte de la estructura de dominación y no está exenta.

El sistema penal en particular es una agencia de reafirmación del patriarcado, dirán algunxs feministas.

¿El desafío es articular reconocimiento de esas demandas sin deslizarnos o convalidar intervenciones simbólicas meramente punitivistas? ¿Es necesario el derecho penal para todas las formas de violencias? ¿Es posible articular intervenciones que no refuercen los actuales niveles de impunidad selectiva con que deben lidiar quienes padecen violencias en razón del género? ¿Podremos aspirar a una relación de equilibrio entre la eficacia en la persecución de estos hechos y la tutela garantista?

Resulta necesario expandir el debate más allá del horizonte dogmático-normativo, que avanza en la discusión con herramientas que no reconocen matices, y desatendiendo de los conflictos concretos.

Por un lado, posicionamientos sin abrir discusiones que suelen invalidar por “punitivistas” las demandas sin reconocer heterogeneidad y reduciendo al feminismo a un tipo específico de demandas. Por el otro, reivindicaciones punitivas en nombre del feminismo sin medir los sesgos o manipulaciones autoritarias a que puedan conducir, y desatendiendo la cosificación victimizante que termina por renovar exigencias tan estereotipadas como las que venimos rechazando.

El objetivo es poder enriquecer los debates, efectuar aportes para identificar cómo construir una interacción entre ambas perspectivas, haciéndonos cargo de romper el indisimulable cerco de impunidad que el sistema penal construyó tras siglos de invisibilización de las cuestiones de género, sin que esto implique desentenderse de los sesgos punitivistas.

 


Estructura y gobierno democrático del Poder Judicial

Coordinación: Nicolás Soler


Derechos indígenas y Justicia Penal

Coordinación: Silvina Ramírez

Desde hace más de dos décadas la Constitución Argentina de 1994 introduce un artículo (el 75 inc. 17) que reconoce un conjunto de derechos para los pueblos indígenas. A partir de 2001 se encuentra vigente el Convenio 169 de la OIT ratificado por el Estado argentino, instrumento jurídico internacional clave que regula  un amplio abanico de derechos indígenas. Asimismo, Argentina suscribió en 2007 la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los pueblos indígenas. A partir de este marco normativo, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a administrar su propia justicia, y por otra parte se obliga a que los Estados respeten los derechos específicos de los pueblos indígenas cuando aplica la justicia ordinaria para juzgarlos.

A partir de este presupuesto, se debe reflexionar en una doble vía: generando mecanismos de articulación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena; incorporando instituciones dentro de sistema de justicia penal que respete la diversidad cultural y los derechos indígenas. El objetivo del grupo de trabajo es discutir las consecuencias jurídicas desde una perspectiva teórica pero pensada para generar herramientas concretas que permitan aportar para un complejo diseño institucional.


Defensa Penal Efectiva

Coordinación: Alfredo Pérez Galimberti

El programa pretende contribuir a la implementación real y efectiva de los derechos de las personas que necesitan defensa penal en América Latina para garantizar el derecho a un juicio justo, especialmente cuando estas no pueden pagar un abogado. La meta es avanzar hacia la garantía de sus derechos por medio del fortalecimiento de los estándares regionales y locales de defensa penal efectiva. En base a la investigación empírica sobre la operación de la defensa efectiva, se trabaja en el diseño de propuestas y recomendaciones de reforma a los encargados de desarrollar políticas públicas y a quienes litigan en el sistema penal.