Georgina Orellano, referente de AMMARC-CTA, explica cómo el movimiento de las putas se ve fuertemente afectado por el punitivismo que conlleva la posición abolisionista.

Detalla cómo la legislación del 2012, a diferencia de la legislación del 2008 respecto del delito de Trata de Personas, empeora la situación de les trabajadores sexuales no solo por exponerles gravemente a lo que consideran su patronal, las Fuerzas de Seguridad, sino porque la nueva regulación quita “el consentimiento de la mujer” de la ley y omite hacer distinciones entre trabajo sexual, proxenetismo y explotación sexual dejando, de esta manera, a les trabajadores a la deriva.

A su vez, critica las Políticas Públicas Rescatistas ya que no brindan respuestas genuinas a los problemas que conlleva poder dejar la prostitución.

Expresa que han buscado generar puentes de diálogos para tratar estas problemáticas pero se han encontrado con funcionarixs que tienen una posición radicalmente tomada y que no creen que la prostitución es un trabajo, desentendiéndose de la organización sindical.

Se pregunta, entonces, cómo se puede ser feministas si tal posición cercena el derecho de les compañeres a elegir y decidir sobre su cuerpo al diseñar políticas que conllevan un aumento en el derecho penal para su sector. Afirma que les abolicionistas creen ir por el camino de combatir un problema social como la trata de personas pero solo generan aumento del poder de las fuerzas de seguridad para lxs trabajadorxs sexuales. A la vez, resalta el hecho de que su movimiento, durante 23 años, ha denunciando que la policía es la patronal para las putas, es decir, les están entregando más poder a quienes necesitan que su trabajo siga en los márgenes de la ilegalidad y en un marco de clandestinidad total.

La exposición se realizó en el panel “Violencias Institucionales: entre persecuciones policiales y ensañamientos carcelarios”, que se llevó a cabo durante el encuentro “Feminismos y Política Criminal” organizado por Inecip.