Exposición de Guillermo Nicora de la Junta Directiva de Inecip en la Comisión de Justicia del Senado.

Versión taquigráfica

“Muchas gracias, señor presidente y a la Comisión por haber abierto este espacio, que creemos que es muy valioso. Estoy desde el principio y, realmente, ha sido una jornada muy rica, donde creo que todos hemos aprendido mucho y hemos entregado a nuestros representantes muchos motivos para pisar la pelota y no dejarse correr. Lo bueno de hablar a esta hora, pese a que queda poca gente y están todos muy cansados, es que muchas cosas ya están dichas y uno puede arrogarse la posibilidad de ir resumiendo algunas cosas. Y las palabras fuertes que había elegido como ejes de mi presentación, que va a tratar de cumplir con los diez minutos, fueron dichas casi todas. Me pareció que tenía que subrayar que esta reforma que se propone es ingenua, infundada, inocua e imprudente. No puse hipócrita porque lleva h y como eran todas con i, hipócrita con h, me desentonaba. Pero, el sentido está. ¿Por qué ingenua? Más cárcel empeora la situación que dice que viene a solucionar. Esto ya está recontra dicho. Lo señaló la senadora. Lo señalaron varios expositores. Ciertamente, si creemos que haciendo lo mismo vamos a conseguir distintos resultados, estamos en una ingenuidad que cae en otra palabra que no vamos a pronunciar en este salón. ¿Por qué infundada? Se dijo muy elocuentemente recién. Venimos a tirar números como si fueran estadísticas. No son estadísticas. Cuando se produjo esta discusión que fue muy interesante respecto de los niveles de reincidencia, entre lo que había dicho la ministra Bullrich, 90 por ciento en delitos sexuales y lo que dijo el juez Delgado, sobre unas tasas que los números de él, según mi conocimiento, son muy parecidos a los números de investigaciones, que cualquiera de ustedes puede encontrar si googlea sex offender treatment o tratamiento agresores sexuales. Y van a encontrar estudios de Europa y de Estaodos Unidos, que hablan de las tasas de Delgado para los delitos de agresores sexuales y no las tasas que dice la ministra Bullrich que en algún lado están y no nos dice dónde y no nos muestra. También, tiene que ver –termino por reconocerlo- que si el ministro de Justicia viene a ser subrogado por la ministra de Seguridad y cuando se le queman las papas, llámenlo al ministro de Justicia… Pero, por qué se mete ella a hablar de temas de otro ministerio y sin conocimiento ni estadísticas. Pero, bueno, también, habla de educación, de salud y todas estas cosas. Si ni siquiera evaluamos el cumplimiento de la ley que sancionó este mismo Congreso, la anterior reforma que se mencionó hoy, donde se establecieron los tratamientos especializados para agresores sexuales y sin saber qué pasó, si la aplicaron o no, y que resultado e impacto tuvo; es como que tenemos un guiso que no nos convence. Entonces, vengo yo y le pongo sal. Y viene el senador y le pone sal. Y viene la senadora y le pone sal. Y viene el otro y le pone más sal. Porque nos parece que le falta sal y no lo probamos nunca, seguro que vamos a tener un guiso horrible. Y si vamos reformar la ley 24.660, que es un guiso que no nos gusta, pese a que acompaño cada palabra de las que dijo Mugnolo en cuento a que es una ley que intentó poner el sistema penitenciario adentro del sistema democrático. No lo logró del todo por razones que él explicó muy bien y que suscribo fuertemente. Me parece que si no nos damos cuenta que la reforma de la ley 24.660 necesita que primero nos pongamos a estudiar qué pasó antes, con las reformas anteriores, con las cosas que se hicieron antes. Si no, vamos a seguir poniéndole sal al guiso sin probarlo. ¿Por qué digo que es inocua? En esto voy a discrepar con varias de las cosas que se dijeron acá. La ley 24.660 es la ley de ejecución federal. Ninguna cuestión procesal puede ser legislada por este Congreso con obligatoriedad para las provincias, sólo para la Capital y el régimen federal. Todas las cuestiones procesales y muchas de las cosas que están escritas en este proyecto son claramente procesales, por el reparto competencial entre las provincias y la Nación que constituye el modelo federalista argentino, es imposible. Por más que el Congreso de la Nación escriba… Y esto lo dijo la Corte en Verbitsky y se olvidan de leerlo, en el punto 93 de dicho fallo. Por más que el Congreso ponga esta ley como complementaria del Código Penal, eso no la hace una ley de fondo. Si le vamos a cerrar… Esa es la lógica del federalismo argentino. Las provincias le cerraron al gobierno federal las puertas para meterse en las cuestiones procesales. Eso nos lo quedamos nosotros. Ustedes no pueden legislar. Le cerramos la puerta, le ponemos llave y le vamos a dar la llave al Congreso para que poniendo esta ley complementaria abran la puerta, es ilógico. La mayor parte de las normas que se fijan en este proyecto, que se está sometiendo a consideración del Senado no van a ser aplicadas por las provincias, porque no tienen obligación de aplicarlas, porque son normas procesales. Y cada provincia va a seguir, salvo las que adhieren a la 24.660, que son unas cuántas, la mayoría de las provincias, como la mía, yo vivo en Mar del Plata, la ciudad más linda del país, tiene su propia ley de ejecución y no van a aplicar esta ley. Porque, además, está muy claro y toda la interpretación de la Corte, si acompaña esto, la ley federal a lo sumo establece un piso mínimo de garantías y de derechos a las personas privadas de libertad. Las provincias pueden subir ese piso, pero no bajarlo. Si esta legislación pretende poner acá arriba el límite y una provincia le da más garantías al preso, la legislación de esa provincia va a ser la que se va aplicar y no la 24.660. Así que esta ley se va a aplicar para los creo que son 6.000 presos federales y nada más. De los cuales la mayoría son delitos comunes de la Capital Federal, por cierto. Pero, además, es inocua, porque en las cosas de fondo, en las cosas que no son procesales, es completamente contraria a la Constitución Nacional. Es completamente contraria al principio que exige el 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dice que el fin esencial de la pena es la resocialización. ¿Qué quiere decir “fin esencial”? ¿Exclusivo? No, no quiere decir exclusivo. La protección de la sociedad se puede admitir como fin de la pena, pero siempre subordinado y después del fin esencial, y no podemos postergar la resocialización para proteger a la sociedad, porque ahí nos ponemos en contra del sistema interamericano, que también es el sistema mundial, porque en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es a nivel planetario, dice exactamente lo mismo: la finalidad esencial es la resocialización, ninguna otra finalidad puede pasar por encima ni desplazar a la resocialización. Entonces, como lo hizo Romero Cacharane y como lo hizo en muchos otros fallos, la Corte, último interprete de la Constitución va a decir que estas normas son inconstitucionales. ¿Entonces, cómo termina esta historia? Próximo liberado que comete un delito, ¿qué va a salir a decir? No digo Patricia Bullrich, quien esté en ese sillón, en ese lugar, va a decir: los jueces, Zaffaroni, el garantismo y nosotros dictamos las leyes y a ellos no les importa. Se vino a enterar un año después que firmó como diputado una ley y cuando estaba en el gobierno, se enteró que la tenía que aplicar. Uh, no, la declararon inconstitucional. ¿Por qué? Porque no hicimos equipo interdisciplinario. Es fácil. Senadores y diputados, escriban, firmen leyes, las promulgamos, después no le ponemos un peso de presupuesto. Esto no es legislar. Esto es decirles a los senadores: “miren, por qué no cerramos este asunto rapidito y se van a sus provincias, porque ya estamos en un año electoral”. Vayan, señores senadores, a sus provincias aunque los gerentes de la política digan que no que quieren elecciones de medio tiempo, yo me alegro mucho que cada dos años ustedes vuelvan a sus provincias a rendirles cuentas a los ciudadanos y decirles: “¿saben qué hice con su voto? Esto”. Y cuando le vayan a decir y alguno venga y le diga: “¿por qué no aprobó este proyecto de ley?”, ustedes con todo lo que se escuchó hoy van a poder decir por qué este proyecto de ley no lo tenían que aprobar y por qué lo tenían que parar. Tienen muchas razones para explicarle a la gente que ustedes, los senadores, los representantes del pueblo de la Argentina, no van a ser acompañantes ni cómplices de otra hipocresía ni de otro engaño pichanga, a lo que estamos acostumbrados. Por último, dije que para mí la ley es imprudente. Se dijo, también, cuánto significa en términos de incremento de la necesidad de plazas carcelarias. Según parece, según lo que surge de nuestra… Nosotros nos presentamos junto con el CELS y con la Asociación Pensamiento Penal una nota en la cual damos los datos. Los once incisos del nuevo 56 bis que propone la ley abarca, según los datos de SNEEP, que recién mencionaban, algo así como el 40 por ciento de las personas que están privadas de la libertad en el sistema penitenciario argentino no solo federal. El 40 por ciento de las personas que están hoy privadas de la libertad –y podemos suponer que en los próximos años más o menos van a estar en los mismos delitos compuesta por la población penal– va a tener un tercio más de pena. ¿Eso qué quiere decir? Aproximadamente, 20 a 25 por ciento más de plazas penitenciarias. El 25 por ciento más en una población de setenta y pico mil, que se dijo hoy, coincidimos que son más o menos los números de presos que tiene la Argentina, significa a 400 presos por cárcel que es el estándar más o menos que estamos usando, 45 cárceles nuevas antes de que esta ley entre en vigencia, después es tarde. Antes hay que construir, armar, equipar, nombrar al personal, entrenarlo, conseguir psicólogos, maestros, todo lo que es una cárcel, que no es muro, reja y escopeta en el muro, ¡Eh! Es más que eso. Cuarenta y cinco de las cuales por lo menos quince tienen que estar en el conurbano. Yo invito a los señores senadores que vengan y me traigan a este salón a quince intendentes que digan: “pónganme una cárcel en mi municipio”. A ver en dónde van a construir esas cuarenta y cinco cárceles que tienen que construir. Por lo menos, quince de las cuales tiene que estar el municipio, porque si vamos a seguir mandando a los presos que cometen delitos en el conurbano a Trenque Lauquen o a cualquier otro lado y la familia que se jorobe ¿de qué resocialización estamos hablando? ¿De qué salidas transitorias estamos hablando? ¿De qué libertad condicional estamos hablando? Los estamos desocializando y decimos que los queremos reinsertar en la sociedad. Entonces, esta ley que es ingenua, que es infundada, que es inocua y que es imprudente, como muy bien dijeron las compañeras, no en el nombre de ustedes, no en el nombre de Micaela… Es cierto que este proyecto viene desde el año pasado. Nosotros el año pasado presentamos una nota en Diputados protestando, porque no nos dejaban opinar sobre este proyecto, y así a la nota la pusieron en algún expediente y acá estamos. Sabemos que este proyecto viene de mucho antes –ahora me enteré por Delgado que viene del año 44, las ideas que la inspiran–, pero ciertamente que ni Micaela ni ninguna de las víctimas que se están usando –y esta es la palabra “usando”– para instalar un modelo autoritario pueden ser el nombre de estas leyes. Que se llame “ley Bullrich”, que se llame “ley Petri”, que se llame como quieran los que la proponen. Porque cuando dentro de diez, quince o veinte años estudiemos esta ley, si es que se aprueba, y ojalá, yo soy más optimista que algunas voces muy críticas que hemos escuchado. Yo creo sinceramente que después de haber escuchado las muy sagaces y muy incisivas cuestiones que algunas señoras senadoras y algunos señores senadores han hecho, sobre todo a la exposición de la ministra Bullrich, demuestran que el Senado de la Nación sabe de qué se trata y sabe qué le están poniendo por delante. Los están corriendo con los apuros supuestos de víctimas que no están pidiendo esto. Saben que no la tienen que sancionar. Yo creo que no lo van a hacer. Yo creo, además, que sí hay encerrada una política y que sí a veces hay que dar algunas respuestas. Yo creo –y con esto cierro– que se pueden dar respuestas. Yo vengo –como dijo el señor presidente– de INECIP, una ONG, una fundación, un grupo de locos que hace veintiocho años que está participando, empujando, todos los procesos de reforma del sistema penal de todas las provincias argentinas y de todos los países de Latinoamérica. Tenemos un montón de compañeros de distintos acentos y de distintas nacionales que nos enseñan, a lo que enseñamos y los que construimos una comunidad de pensamiento y acción, que mete los pies en el barro, que no escribe libros para vender en la facultad, si no que transforma realidades trabajando codo a codo con los gobiernos, ofreciendo soluciones y proponiendo propositivamente los cambios. Por eso, lo dejé para el final, mensajes positivos. Creo, coincido con lo que se dijo aquí, que es muy bueno que se le dé un espacio y que se les dé voz a las víctimas en el proceso de producción no pueden estar ausentes. Coincido con eso, y esto no es mero punitivismo, pero creo que hay que hacerlo bien. Porque decirles: “sí, cómo no, pasen, déjenme esa entrada, ese papel, que se lo vamos a coser al expediente”, eso no es darle voz a la víctima. Eso es faltarle otra vez el respeto. Entonces, si además tenemos en cuenta que nuestro país dice, porque lo dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8°, que tiene que tener un juez imparcial cualquier persona que está sujeta a proceso penal en todas las etapas del proceso, señores senadores, devuélvanle a la Cámara de Diputados esta ley y nos ofrecemos a ayudar en las correcciones necesarias solamente diciendo: los delitos blablablá, los que quieren ponerse como 56 bis que no tienen y no tienen que no tener libertad condicional… Supongamos que esa lista, yo creo que es mala esa lista y ustedes van a saber hacer una buena lista de delitos que nos preocupan a todos, en estos delitos no se va a conceder una libertad condicional si no es en una audiencia oral y pública en donde el juez va a tener que resolver después de escuchar al fiscal que va a traer detrás de sí al servicio penitenciario, a los equipos interdisciplinarios, la mar en coche, a la víctima y a la defensa. Cuando después de escuchar a todas las partes en una audiencia donde cualquiera pueda entrar y escucharla, el juez tome una decisión, mi experiencia, que es la de doce años en Mar del Plata en oralidad –en algunos procesos no nos dejaron llevarlos a todos, pero esa es otra historia- y otro tanto que venimos haciéndolo en toda Latinoamérica, con resultados excelentes y donde se da legitimidad y transparencia –cosa que acá se reclamó con mucha razón-, dice que empezamos a ponerle más racionalidad. Y cuando el juez decida que esa persona, por más que cometió el delito del artículo “tal” del Código Penal, se va a ir en libertad condicional va a tener que explicar, porque en eso consiste la justicia oral y la justicia para el pueblo, cuáles son las razones y lo vamos a escuchar todos y lo vamos a poder discutir todos. Gracias a mis compañeros de pensamiento penal tengo el fallo del juez Rossi que le dio la libertad a Wagner, el acusado por el homicidio de Micaela, y voy por la página 30 y pico y todavía no termino de depurar el resumen de los antecedentes que está considerando el juez y todavía no llegué a las razones por las que se apartó de los dictámenes, así que no tengo opinión sobre esto. Yo soy un tipo al que le gusta y lee con ganas esto y lo cierto es que me fatiga, me agota y no lo puedo entender. Imagínense cómo una víctima, o cualquiera de nosotros, va a entender si está bien o está mal que a ese señor le hayan dado la libertad. A lo mejor está bien dársela, pero quiero que me lo expliquen y que me lo expliquen de un modo que yo lo pueda entender. Esto es oralidad. Esto, en su provincia y en la mayoría de las provincias argentinas, lo tenemos en marcha, no precisamente para la ejecución pero sí para muchos momentos del proceso y es, claramente, una forma de democratizar la justicia muy potente. Por último, y prometo que con esto no digo más, si no estamos muy seguros, si tenemos miedo que los jueces hayan leído libros que parecen que son tóxicos –yo los he intentado leer y no me han producido mucho efecto-, si no tenemos mucha confianza en los jueces, en este mismo edificio, en la otra Cámara, están discutiendo por fin, por cuarta, quinta o no sé cuántas veces, una ley nacional de jurados. No es una locura pensar que se puedan construir jurados para resolver este tipo de cuestiones en la etapa de ejecución. Seguramente, muchos de los que han hablado hoy van a colaborar en esto y nosotros, como instituto, quedamos a disposición de la comisión para ayudarlos a recortar las cosas impasables de este proyecto y a avanzar con las cosas que sí vale la pena llevar adelante como esto que digo de la transparencia, del respeto a la víctima y algunas otras cositas más que me ahorro de señalar ahora, pero al menos para poder devolver algo para que no digan “uh, el Senado planchó el proyecto”.