Silvina Ramírez, integrante de la Junta Directiva de Inecip y especialista en derecho indígena, explicó cómo la reforma del Código Procesal Penal significaría un retroceso para los derechos de los pueblos originarios.

Ramírez detalló que con la reforma las comunidades perderían la calidad de víctima que se logró alcanzar con el Código del 2014; y  así el Estado desconocería otra vez los derechos colectivos y la calidad de sujeto colectivo y político de las comunidades.

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