Por Gastón Rodríguez para el diario La Nación
De cada 100 usuarios de armas de fuego en la Argentina, 99 son hombres. Las que sufren las consecuencias, sin embargo, son las mujeres: 1 de cada 4 femicidios se comete apretando un gatillo. El dato es aún más grave si se tiene en cuenta que en el 16% de los casos existía una denuncia previa y en por lo menos 1 de cada 10 había una orden de restricción por violencia de género, pero el Estado fue incapaz de evitar que el agresor siguiera maniobrando esa arma que tenía registrada.
Esas son algunas de las conclusiones de “Cuando el macho dispara”, un documento realizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), con el apoyo de la embajada de Canadá, que analizó la problemática en nuestro país de las armas de fuego con perspectiva de género. “Está demostrado que el secuestro de las armas disminuye el número de femicidios”, advirtieron los autores del informe.
“Era un desafío enorme, pero vimos la necesidad de enfrentarlo. Hace algunos años que formamos parte de la Red para el Desarme y que trabajamos los nuevos debates en torno a los femicidios y los distintos abordajes de la violencia de género. A partir de estas dos agendas, teníamos que conocer el diagnóstico de lo que ocurre en la Argentina. Las armas son un vector que transmite violencia y es un deber del Estado regular la circulación de esos instrumentos fabricados para matar”, explica Aldana Romano, directora de Inecip y autora del informe junto a Julián Alfie y Ana Lucía Mucci.
En ese sentido, el estudio, que comprende casos de femicidios cometidos en el período 2013-2018, destaca que, si bien las violencias de género se ejercen de distintas formas y a través de diferentes mecanismos, las armas de fuego representan un riesgo mayor porque tienen altas probabilidades de producir consecuencias mortales y, al mismo tiempo, exigen menos esfuerzo por parte del agresor. Las prácticas machistas arraigadas solo empeoran el cuadro de situación.
“El arma funciona como una extensión de la potencia masculina, se proyecta como un instrumento fálico y contribuye a la imagen del macho protector. Es una recreación social propia de un sistema patriarcal que hace distinción entre el sexo débil y el sexo fuerte y que asigna roles. El hombre debe proteger a la familia del peligro externo y el arma pasa a ser fundamental para esa protección, la garantiza. Pero la realidad es contraria a esta idea de que los peligros están afuera. Las relaciones de poder suceden puertas adentro, en los núcleos familiares, en las relaciones interpersonales más primarias. Y en ese marco pasamos del macho protector al macho agresor”, señaló Alfie, que además es coordinador del instituto.
“La proliferación de armas de fuego en la sociedad -se sostuvo en la investigación- está asociada a la imposición de estereotipos propios de una masculinidad hegemónica” y “colabora con la reproducción y el sostenimiento de relaciones de poder”.
Una muerte cada 30 horas
De acuerdo con el relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven”, desde el 3 de junio de 2015 (fecha en que se llevó adelante la primera marcha con el lema #NiUnaMenos) hasta el 20 de mayo de 2019 se cometieron 1193 femicidios (de los cuales 1046 fueron muertes de mujeres, 54 femicidios vinculados de mujeres y niñas y 93 femicidios vinculados de hombres y niños), lo que, en promedio, da que cada 30 horas una mujer es asesinada en la Argentina. Además, se sabe que hay 1.618.877 armas de fuego registradas ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac, ex-Renar), aunque se estima que el mercado ilegal al menos duplica las declaradas, por lo que habría entre tres y cuatro millones en circulación.
En los casos más sutiles, la ostentación del arma o el mero conocimiento de su existencia genera en la práctica los mismos efectos que una amenaza verbal explícita. Y la falta de efectividad del Estado en el control de la circulación de armas de fuego se confirma al analizar los informes de la línea 144 del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM): el 26% de las víctimas de violencia de género señaló que el agresor disponía de un arma de fuego y 6 de cada 10 agresores que tenían una medida de protección vigente continuaban maniobrándolas, pese a que el secuestro del arma es una medida preventiva prevista en la ley.
“El Estado tiene un abanico muy amplio de acciones posibles, por ejemplo, si tuviera otra capacidad de control sobre la circulación de las armas de fuego garantizaría que bajen los femicidios o al menos que la presencia del arma no se transforme en una amenaza. La mujer es una víctima que aceptó hacer la denuncia y decidió exponerse, en algunos casos, con riesgo de vida, entonces, ¿cómo a nadie se le ocurre ir enseguida a sacarle el arma al agresor? A lo sumo se restringe el acercamiento. El Estado tiene la facultad para que ese instrumento que sirve solo para dar muerte no llegue al agresor o, si ya llegó, sacárselo, pero no lo hace”, se quejó Romano.
Tanto ella como Alfie hicieron hincapié en que, a diferencia de los países de la región, la Argentina cuenta con un organismo de control de las armas de fuego (Anmac). Sin embargo, para los autores, en la práctica “es el gran ausente” a la hora de aplicar una política que restrinja el acceso a las armas.
“Burocratizar el secuestro del arma -concluyeron- implica dejar en manos del agresor un instrumento que facilita la posibilidad de matar”.