INECIP en los medios

Narcotráfico: políticos, jueces y miembros de las fuerzas de seguridad arman redes de complicidad en un flagelo que crece

Opina Ileana Arduino de la Junta Directiva de Inecip.

7 Mar 2016

Los últimos casos de políticos, jueces y miembros de las fuerzas de seguridad que fueron imputados en causas de narcotráfico dan cuenta del entramado de redes de complicidad que se construyen día a día junto a un flagelo que crece en el país.

Consultados por NA, especialistas en el tema analizan y sostienen que el crimen organizado tiene una gran capacidad de coptación de recursos institucionales; y que además, la clave de todo es la corrupción en este tipo de flagelo que es multifacético y multidimensional.

Los profesionales indican que el despliegue del narcotráfico anclado en un fuerte poder económico y en la predisposición de los funcionarios, permite que los políticos y los jueces sean sobornados y que el dinero ingrese al circuito institucional y así los bancos empiezan a lavarlo.

Un caso judicializado y que causó una gran polémica en el Poder Judicial es el del juez federal de Orán Raúl Reynoso, quien además de estar procesado por liderar una organización que recibía dádivas por parte de implicados en causas de narcotráfico a cambio de beneficios procesales, fue acusado por devolver el dinero secuestrado a imputados por tráfico de divisas.

Ilena Arduino, abogada e integrante de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), dice que “el crimen organizado tiene mucha capacidad de coptación de los recursos institucionales, derivada de la relación entre prácticas delictivas y fuerzas de seguridad, a lo que se suman complejas relaciones entre crimen, control territorial y financiamiento de la política”.

Para Arduino, “no hay agenda posible de control del narcotráfico si no se trabaja en el control de los capitales que mueven recursos entre las dimensiones legalizadas e ilegalizadas de los mercados y las finanzas”.

El gran desafío para la especialista, es terminar con “la atomización institucional y la autonomía policial”, y piensa que se debe “priorizar la política de persecución hacia la escala organizada y compleja, y no concentrada en la punición del consumo o el menudeo”.

Arduino agrega que en la actualidad, el 70% de lo que investiga el fuero federal es tenencia para consumo o escasas cantidades, habitualmente conocidas como causas de narco menudeo.

“Eso muestra a las claras que la agenda y el mapa del narcotráfico es lo que las policías le llevan al poder judicial. Y que si se debilita al ministerio público fiscal y se responde al ABC que Estados Unidos tiene para la región, estas connivencias corruptas seguirán siendo parte del paisaje, ya que más bien son líneas de cooperación al servicio de la injerencia de gobiernos extranjeros en las políticas locales”, destaca.

La fiscal general Mónica Cuñarro, en coincidencia con lo que expresa Arduino, explica que “los casos de relación entre el crimen organizado y los nichos de corrupción entre fuerzas de seguridad, referentes políticos de diversos partidos y la justicia, viene de larga data y que si el problema no se aborda por el lado que los fiscales se encarguen de perseguir casos importantes y que el resto sea abordado por desarrollo social, salud, ambiente y educación, en un plan a cuatro años, lamentablemente la problemática seguirá”.

“Mientras a nivel internacional en países como Estados Unidos, expresidentes y exministros o miembros de la justicia refieren que la lucha contra las drogas ha sido un fracaso que implicó muchos gastos en armas, planes y un gran debilitamiento en la legislación aquí la consigna es la misma que hace décadas impulso Nixon y Reagan”, concluye.

En tanto el politólogo Alberto Föhring, al hablar de la penetración del narcotráfico en la clase política, en las fuerzas de seguridad y en la justicia, comenta que este tipo de flagelos construyen redes de complicidad, de transporte, de comercialización, y que hay una serie de condiciones sociales que favorecen el despliegue de los narcos.

“En nuestro país, tal como en otros países, el narcotráfico adopta distintas formas. Holanda tiene mucho narcotráfico, pero no tiene violencia; Colombia tiene mucho narcotráfico y también muchísima violencia. Si bien falta realizar un buen diagnóstico sobre cómo se desarrolla el narcotráfico Argentina, nuestro con drogas tiene más violencia porque hay bandas que disputan territorios en nuestros barrios”, indicó Föhring en el Congreso Antimafia que organizó “La Alameda” en octubre pasado.

Föhring, sostiene además que otro efecto de la problemática es el lavado de dinero, ya que el país no cuenta con un organismo que diga la cantidad de dinero que se lava: “No sabemos cuanta plata es, pero sabemos que es mucho y cuando se lava dinero, no sólo ingresa mucho dinero al país, sino que se compran voluntades en el Estado, en la sociedad, en el sector privado y así se crea legitimidad”.

“Es estratégico que la argentina tenga una política seria contra el lavado de dinero, porque sin atacar las estructuras financieras del narcotráfico no vamos avanzar en mitigar este fenómeno”, termina.

En tanto, el fiscal federal Federico Delgado al hacer referencia a la manera en la que se podría evitar el narcotráfico remarca: “hacen falta dos condiciones, una que el estado despliegue su soberanía por todo el territorio y que no permita más que los narcos lo reemplace en algunos lugares; y otra que las instituciones fuertes y funcionarios honestos combatan de verdad al narcotráfico”.

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