Autores: La Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Unión de Usuarios y Consumidores.

El documento  identifica algunos de los problemas más graves que afectaban el funcionamiento de la Corte Suprema, las soluciones que esos problemas demandaban y las responsabilidades concretas de quienes tenían el poder de llevar adelante estos cambios. Si bien muchas de estas propuestas fueron oportunamente recogidas por los distintos poderes del Estado, otros problemas planteados siguen aún hoy pendientes de resolución.