El objetivo de este primer encuentro fue generar un diagnóstico colectivo sobre el estado de situación de la justicia penal en la región, a 30 años de su primera gran reforma que implementó el sistema acusatorio en su justicia penal.
Los cuatros expositores coincidieron en su diagnóstico del funcionamiento de la justicia penal, entendiendo que la reforma de 1994 trajo grandes avances, como el rol central del Ministerio Público, pero también grandes desafíos que persisten hasta hoy y marcan la agenda prioritaria de los próximos años.
Entre estos retos, todos los participantes se refirieron a la cooptación por parte del poder político como uno de los problemas centrales que atraviesa el sistema de justicia. Al respecto, Marcos Villeda indicó: “Llegado cierto tiempo todos nos dimos cuenta que este nuevo sistema procesal penal no terminaba de funcionar. Creímos que el problema era la ley o el poco conocimiento de los jueces sobre la aplicación de los principios del sistema acusatorio.
Eventualmente nos dimos cuenta que el problema principal, que se daba en toda Latinoamérica, era la enorme cooptación de los poderes políticos en la administración de justicia, que no permitía que se desarrollara correctamente el proceso penal.
En este sentido, varios expositores mencionaron como agenda prioritaria la necesidad de una reforma en el sistema de elección de los magistrados, en particular de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, los cuales actualmente son elegidos por el Congreso por un período de cinco años. Marcos Villeda afirmó “Creo que el reto actual de esta en esta nueva etapa es buscar la manera de despolitizar la administración de justicia en cuanto, por lo menos, la elección de los magistrados que integran las altas cortes”.
Por su parte, Alejandro Rodríguez indicó “Mientras la justicia no tenga un sistema de selección de jueces y una carrera judicial adecuada, no puede garantizarle al ciudadano el derecho a un juicio frente a un tribunal independiente e imparcial”. En la misma línea expresó que
Es necesario que los fiscales se encuentren protegidos ante las decisiones arbitrarias. En Guatemala más de 100 fiscales auxiliares han sido destituidos. Esto impide tener criterios objetivos de persecución penal y facilita que los fiscales sean manipulados
Pedro Biscay, desde su experiencia en políticas públicas y litigio en materia de corrupción y criminalidad económica, trajo como asunto prioritario una nueva cuestión: la persecución del crimen organizado como uno de los grandes problemas con los que se ha encontrado la reforma. De esta manera, establece un primer nivel de prioridad:
Hay que desestabilizar el pacto de corruptos, construir nuevos liderazgos en materia de políticas anticorrupción, generar nuevas capacidades de investigación, sobre todo vinculadas a la recuperación de activos de origen ilícito, y, por último, fortalecer los vínculos con la sociedad civil .
En la misma línea, para Luis Rodríguez
Dos grandes temas pendientes son la profesionalización de la policía de investigación y la persecución penal comunitaria. El Ministerio Público y la policía deben vincularse con la comunidad para que la justicia logre contribuir con la paz social.
Según Ramírez, no se ha logrado construir una policía de investigación profesional que cuente con unidades de investigación especializadas en criminalidad organizada. Por el contrario, la policía continúa con un modelo centralista de concentración de funciones. Asimismo, agrega que la persecución penal comunitaria es otra de las cuestiones a trabajar en el sistema de justicia para afianzar “la relación intensa que debe existir entre Ministerios públicos, policía y comunidad”.
Los encuentros del Foro tienen el objetivo de pensar una nueva arquitectura al interior de nuestros poderes judiciales que permitan ofrecer una justicia menos violenta, a la escucha de los intereses y reclamos de los sectores más necesitados de la sociedad. El próximo encuentro será el 7 de mayo y tendrá como temática la justicia en El Salvador.