La Defensoría del Pueblo, cuya jefatura está vacante desde hace ya cinco años, permanecerá acéfala hasta después de las elecciones de 2015.
Se trata de una decisión tomada en conjunto entre los legisladores oficialistas y opositores que integran la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo. Para justificar la postergación, adujeron que ninguno de los dos sectores políticos cuenta con los dos tercios de los votos en ambas cámaras que exige la ley para imponer un candidato. Se esperará el recambio presidencial y una nueva integración parlamentaria para elegir al nuevo defensor.
Hoy el cargo es ejercido de manera interina por Carlos Guillermo Haquim, un peronista que no responde al kirchnerismo, pero que tampoco pretende enfrentársele, como lo hizo el anterior defensor del Pueblo Eduardo Molino, protagonista de varias denuncias sobre la llamada “embajada paralela” argentina en Venezuela.
Haquim goza de las mismas facultades que el titular de la Defensoría, salvo una atribución clave: está imposibilitado de presentar denuncias ante la Justicia. Puede receptar inquietudes de los ciudadanos y actuar ante las autoridades nacionales, pero no ante un juez.
“La Defensoría está funcionando normalmente. Se creó la idea de que, como no se nombró a su titular, este organismo está virtualmente paralizado, pero no es así: las acciones judiciales siguen su curso y se busca solucionar los problemas que nos trae la gente. La función de la Defensoría es ser mediador entre la ciudadanía y las autoridades. Mi objetivo es ése, no pelearme con el Gobierno”, explicó Haquim a LA NACION.
Con este interinato, el Gobierno se asegura que la Defensoría no se convertirá en una trinchera opositora del kirchnerismo. Y la oposición se garantiza que el cargo no será ocupado por algún kirchnerista de paladar negro que pueda torpedearle la gestión a un eventual futuro presidente de signo opositor. De hecho, el oficialismo había propuesto las postulaciones del ex senador Daniel Filmus y del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.
El statu quo es, por el momento, funcional para ambas partes. Sin embargo, hasta después de las elecciones, la Defensoría tendrá un carácter “testimonial”. Hace poco más de un mes, por ejemplo, Haquim cuestionó los recientes incrementos en las tarifas de gas autorizados por el Gobierno, al considerar que las empresas no cumplieron requisitos previstos en la ley. Sin embargo, el organismo se halla inhabilitado para presentarse ante la Justicia.
Según la Defensoría, “el aumento se ha efectuado sin transparentar los costos de las empresas y sin explicar las razones que pudieran justificarlos, ni las inversiones realizadas por las distribuidoras para mejorar la calidad de la prestación del servicio”, a lo que se suma “haber omitido realizar la debida audiencia pública”, se informó en un comunicado. “En mérito de ello, la Defensoría Nacional exhortará a la Secretaría de Energía de la Nación que disponga retrotraer este nuevo cuadro tarifario al anterior y elevará un informe especial al Congreso”, enfatizó.
La función limitada del organismo motivó la reacción de algunas ONG que, a principios de año, reclamaron por carta a los legisladores la pronta designación de un nuevo defensor. Lo hicieron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Fundación Poder Ciudadano.
Pese a los reclamos, los legisladores en el Congreso no se inmutan, salvo excepciones. “Sería una buena señal de quienes ocupan hoy el Gobierno no dejar conflictos abiertos a la gestión que se encargará de la administración del país a partir de 2015. Es bueno recordar que la Defensoría -hoy acéfala- recibe denuncias y las investiga; le avisa a la sociedad sobre cualquier clase de problema que haya detectado”, sostuvo el diputado Julio Cobos (UCR).