Por Irina Hauser para Página 12
“No es momento para tener un juicio por jurado. No tenemos garantía de que la gente comprenda cuál es la visión; no tenemos garantías de que sea un juicio sereno y de que no esté contaminado por la mirada periodística; no tenemos garantía de que no haya sido presionado por parte de la víctima o de los imputados”, cuestionó ayer la jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay, al participar por teleconferencia desde Buenos Aires en el XV Encuentro de Jueces de Cámara de Tribunales Orales, en Villa la Angostura. El debate sobre la implementación del juicio por jurados es uno de los ejes del evento, donde se escucharon varias disidencias con el planteo de la jueza suprema, entre ellas la del camarista cordobés Víctor Vélez, quien defendió la experiencia de jurados en su provincia desde 2004. El especialista Andrés Harfuch, de la Asociación de Juicio por Jurados, dijo que “a esta altura no se puede discutir la conveniencia o no de lo que es una mandato que está en la Constitución Nacional”.
El juicio por jurados, en el que son ciudadanos comunes quienes deben decidir la suerte de los acusados en casos en los que se dirimen delitos graves, no es una ficción de las películas sobre abogados importada de Estados Unidos. Está en plena discusión en varias provincias argentinas, muy cerca de ser implementado en algunas de ellas, como el Chaco, Neuquén y Río Negro. En la provincia de Buenos Aires hubo un intento fallido la semana pasada de votación en el Senado por diferencias entre massistas y kirchneristas, pero hay un proyecto consensuado, impulsado por Marcelo Saín e Iván Budassi. Este tipo de enjuiciamientos fue uno de los temas que quedaron indefinidos cuando se discutió la reforma y democratización judicial. Cristina Kirchner lo mencionó en mayo último al encabezar un acto en La Matanza.
La jueza Argibay dijo que no es que ella discrepe del juicio por jurados, sino que le parece difícil de implementar en la actualidad por tres cuestiones: es caro, falta educación y preparación de la ciudadanía y los medios de comunicación pueden generar una fuerte interferencia. Si cuesta llevar a los testigos a declarar a un juicio, “cuánto más va a costar traer a los jurados, que es una carga pública (…). Mis objeciones parten de una cuestión empírica y ver cuáles son las dificultades. Lo más grave para mí es la falta de educación (…) para que la ciudadanía colabore en la repartición de justicia”. A su entender, otro punto complicado es “tener al jurado aislado para que no reciba presiones ni comentarios”. “Hay que tenerlos en un hotel y eso cuesta plata”, “es muy caro”, señaló. En tercer lugar, advirtió que es “muy difícil escuchar jurados no contaminados, porque tenemos esta cultura de los medios” con “periodistas que se creen detectives, investigadores y largan versiones” y “poca gente entiende el principio de inocencia”.
Argibay dijo que teme linchamientos y “sentencias espantosas”. “Los jueces, como son técnicos, saben cuáles son los puntos que tienen que aclarar, la gente común, no”, agregó. “En este momento nuestra sociedad no es confiable para respetar las garantías constitucionales”, insistió la jueza.
En el mismo encuentro en el que habló Argibay, Vélez, de la Federación Argentina de la Magistratura, dijo que en su provincia “los fallos de los jurados no despiertan polémica, en general, y no se cuestiona su honestidad y fiabilidad”. “El 70 por ciento de la población está de acuerdo con estos juicios”, señaló. En Córdoba, donde funciona un jurado de ocho miembros (que se renueva todos los octubres con gente que se saca del padrón), ya se hicieron 300 juicios de este tipo, por delitos graves (como homicidios) y casos de corrupción. Harfuch explicó que los procesos “suelen durar uno o dos días, y los jurados vuelven a su casa, no están recluidos, acatan la prohibición de no hablar del caso”.
“Hay mucho prejuicio por el desconocimiento de la institución. En ningún país se aísla a los jurados, salvo circunstancias excepcionales. El pueblo argentino está sobradamente capacitado para cumplir su labor cívica, juzgar racionalmente y con sentido común las pruebas y el debate entre versiones. Esto no puede quedar reservado a una suerte de jueces iluminados, que pueden estar bajo las mismas influencias que cualquiera. No pueden ser argumentos para privar a los ciudadanos del derecho a participar”, evaluó Harfuch, director de Juicio por Jurados y Participación Ciudadana del Inecip. “Un juez de la Corte, como último intérprete de la Constitución, no puede negar que tres de sus artículos exigen el juicio por jurados”, enfatizó, al hablar con Página/12.