El INECIP presenta una actualización del ranking de eficacia político-criminal de los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina, con los datos correspondientes al año 2021. De este modo, le damos continuidad a la investigación iniciada con los datos del 2019, que se actualizará todos los años.
La tasa básica de eficacia político-criminal busca responder a una pregunta tan simple como importante: ¿qué respuestas le están dando las fiscalías a la sociedad?
Las fiscalías tienen a su cargo tareas tan sensibles como representar los intereses de las víctimas y, en general, de la sociedad, en los sistemas de justicia penal. También deben incidir en el control de la criminalidad. Cuando esas tareas no se cumplen, nuestras comunidades acumulan daños que no se reparan, conflictos que no se gestionan, acciones de venganza por mano propia y, en última instancia, un aumento generalizado de los niveles de violencia social.
Esta “tasa básica” mide cuántas de las causas que ingresan a las fiscalías reciben alguna respuesta con capacidad de incidir, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad. Para eso, se comparan la cantidad de casos penales ingresados, con la cantidad de salidas de calidad político-criminal básica: condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos reparatorios. En todos los casos, se trata de información oficial solicitada a los propios Ministerios Públicos Fiscales.
Evaluar esa eficacia es una acción esencial para mejorar el desempeño político-criminal de los Ministerios Públicos. Sin embargo, pocos Ministerios Públicos de nuestro país realizan esta tarea con la periodicidad, profundidad y publicidad suficientes.
Avances y retrocesos
Este segundo reporte estadístico muestra una destacable “mejora” de Ministerios Públicos Fiscales como los de Neuquén y Río Negro, que lograron superar el techo general del 10 % de eficacia que había mostrado el ranking del 2019. Se destaca, sobre todo, un claro aumento en la cantidad de acuerdos reparatorios (realizados o registrados).
Por su parte, los Ministerios Públicos Fiscales de Tucumán, Misiones, San Juan, Catamarca, Santa Cruz y Tierra del Fuego no enviaron ni siquiera los 4 indicadores más elementales, pese al plazo de 4 meses con el que contaron, y a las reiteradas solicitudes enviadas. Mucho más grave que un mal desempeño, es la falta de datos básicos sobre ese desempeño, que habilitan la más absoluta arbitrariedad en la administración de recursos tan sensibles como la violencia estatal.