El Instituto Nacional de Oficinas Judiciales es una asociación civil sin fines de lucro que nuclea a todas las Oficinas Judiciales de Argentina, tanto civil como penal, que fue creado una vez concluido el “II Encuentro Nacional de Oficinas Judiciales” en la provincia de Mendoza, organizado por el Gobierno de la provincia de Mendoza, la Suprema Corte de Justicia, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de la Defensa Pública y el Fuero Penal Colegiado de la Corte Suprema de la provincia de Mendoza y coorganizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, el Instituto de Altos Estudios de Derecho, la Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados y Procuradores (Primera Circunscripción) de la provincia de Mendoza.
Tiene por misión “contribuir a la profesionalización y especialización de los organismos administrativos de asistencia y soporte de las tareas de los jueces y juezas creados a partir de las reformas procesales, que tienen como eje la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales y la realización de audiencias orales, públicas y contradictorias como mecanismo central para la toma de decisiones judiciales”. Para ello, busca “conformar a nivel Nacional y Latinoamericano un espacio de diálogo, capacitación y divulgación de información relacionada con la labor de las Oficinas Judiciales, compartir los problemas y soluciones surgidos a raíz de su labor específica, coordinar acciones para la solución de nuevos desafíos, tendiendo a la eficiencia en la administración de los recursos y a la mayor calidad de la gestión, con el objetivo último y primordial de garantizar a todas las personas, las condiciones de acceso a la justicia y transparencia en la respuesta judicial”.
Sus socios fundadores son Alberto Binder, Leonel González Postigo, Marco Fandiño Castro, Guillermo Cosentino, Teresa Day de Pontis Mariana Silvestri, José Valerio, Angela E. Ledesma y Claudia Sbdar. El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), el Instituto de Altos Estudios de Derecho (IAED), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Unidos por la Justicia son las organizaciones que integran el comité institucional asesor del nuevo Instituto.
En el mismo acto y bajo las formalidades de ley se designaron las autoridades que integran la Comisión Directiva: María Luisa Squetino -presidenta-, Rodolfo Daniel Barroso – vicepresidente-, Daniel Herrera – secretario-, Juan Manuel Tartaglia -Tesorero-. Vocal titular y suplente, Juan Pablo Beltramone y Paola Celeste Falco, respectivamente. Mientras que la Comisión Revisora de Cuentas se compone con Mariela Roxana Scagliotti -titular y Julia Amarilla Páez – suplente.