El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) siempre ha estado y está comprometido con la construcción de un Poder Judicial capaz de terminar con la impunidad de los responsables de los delitos económicos cometidos por funcionarios públicos y grandes empresarios, que constituyen una de las mayores amenazas para nuestro Estado de Derecho, con graves consecuencias en términos sociales y políticos.
La histórica ineficacia con la que el Poder Judicial ha investigado esta clase de criminalidad, consintió una impunidad estructural para los/as responsables, lo que constituye una de las deudas más grandes de nuestra democracia.
Este objetivo no será posible mientras no se concrete la postergada reforma procesal penal que permita construir una Justicia Federal verdaderamente independiente, transparente y eficaz, con capacidad para desentrañar y establecer las dinámicas de la criminalidad económica, castigar a los responsables y recuperar los bienes cuya pérdida siempre castiga a los más vulnerables
Frente a las investigaciones sobre causas de corrupción llevadas a cabo por la Justicia Federal y hechas públicas en las últimas semanas, manifestamos nuestra profunda preocupación por la falta de seriedad y transparencia con la que el Poder Judicial, las autoridades políticas y los medios de comunicación han tratado este tema.
El tema es lo suficientemente serio y complejo como para que desde los medios de comunicación se haga un uso irresponsable y pernicioso de la información. En los últimos días algunos periodistas se lanzaron sin más a difundir acusaciones falsas, sin sustento probatorio, contra una agrupación crítica de las tradiciones e intereses de la Justicia Federal, conformada por magistrados y operadores judiciales de extensa trayectoria, como lo es la Asociación Justicia Legítima. Lejos del rigor informativo que exige la profesión, aparecen en el fondo, casi groseramente, los manejos propios de las operaciones políticas.
El periodismo comprometido con la verdad y la justicia debe abordar responsablemente este tema. Nuestra democracia requiere de un avance serio en materia de persecución de la corrupción, y los medios de comunicación juegan un rol decisivo.
Por ello, instamos una vez más a las autoridades políticas a avanzar sin demoras en la implementación del Código Procesal Penal aprobado por la ley 27.063. Sólo un Poder Judicial transparente, eficaz y respetuoso de las garantías judiciales podrá cumplir con la exigencia social de encontrar y juzgar a los responsables de la corrupción estructural y la criminalidad económica imperantes en nuestro país.