La crisis de legitimidad en que está inmersa la justicia federal de nuestro país quedó nuevamente en evidencia a raíz de la reciente filtración de un chat de Telegram, integrado por los jueces Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9) y Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Carlos Mahiques (Sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro, el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques; los ex agentes de la SIDE, Tomás Reinke y Leonardo Bergot.
Resumiendo los hechos. Altos funcionarios, que deberían encargarse de fomentar y velar por una correcta administración de justicia, habrían intercambiado mensajes y audios al solo efecto de difundir una versión falsa que permitiese justificar frente a la opinión pública su participación en un vuelo privado a Bariloche sumado a una estadía de lujo en la estancia del billonario Joe Lewis, luego de que la noticia trascendiera en distintos medios de comunicación. El uso de mentiras y estratagemas habría llevado incluso a uno de los jueces a adquirir facturación apócrifa al solo efecto de ocultar su responsabilidad frente al eventual escrutinio público, administrativo y judicial por recepción de dádivas.
La revelación de estos lazos promiscuos entre jueces, espías, políticos y empresarios son el reflejo de un sistema de justicia en rápida descomposición, controlado por pactos explícitos entre el poder político y el poder económico.
En virtud de estos pactos -por ejemplo- se benefician contratistas ligados al cohecho de funcionarios públicos, contrabandistas amparados por el rédito de las mafias aduaneras que manejan el comercio exterior, organizaciones narcocriminales con poder ofensivo suficiente para frenar investigaciones y comprar resoluciones judiciales y grupos económicos que hacen de la evasión fiscal un modelo de negocios en sí mismo. Mientras la sociedad es perjudicada al verse privada de contar con un servicio de justicia accesible y capaz de resolver razonablemente los conflictos que debe dirimir.
Estos pactos no son nuevos en la Argentina, la existencia es de larga data y posee notas típicamente mafiosas, tal como demuestran algunas de las expresiones (“hacerlo cagar” o “eliminar a la PSA”), que se conocieron a través de la filtración, como tantos otros casos que no salen a la luz porque aún se encuentran encapsulados en las entrañas del poder oculto, que no es sino el sótano más sólido que corroe la democracia.
También forma parte de este mismo pacto mafioso la total falta de claridad respecto de cómo, quién y porqué tuvo lugar -en este preciso momento- la filtración del teléfono celular del Ministro de Seguridad de CABA. Operaciones mafiosas, aprietes velados, decisiones amañadas. Nada más alejado del ideario de justicia republicana.
La criminalidad económica, el crimen organizado y la corrupción sistemática que hoy golpean las instituciones de los tres poderes del Estado, son el principal factor condicionante tanto de nuestra democracia como de nuestra economía. Nuestra sociedad no puede continuar viviendo bajo el peso de la impunidad de estos sectores, que son capaces de controlar el normal desenvolvimiento de todas las instituciones de la sociedad.
Por esta razón, desde el CIPCE exhortamos a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, incluido el Consejo de la Magistratura, a adoptar las medidas necesarias para establecer la adecuada sanción por las posibles irregularidades y/o delitos en que se hayan visto involucrados los protagonistas de los hechos, esclarecer en todos sus extremos las circunstancias que rodearon la filtración y promover políticas tendientes a transparentar la actuación de los integrantes del Poder Judicial y controlar los vínculos espurios con el poder económico.