El Ministerio de Justicia de la Nación creó una nueva Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación, la cuarta de este tipo en los últimos 20 años. De los tres valiosos anteproyectos anteriores, el del 2007 se destaca por su calidad técnica y su adecuación política. Por lo tanto, puede funcionar como base para una necesaria revisión en un debate abierto, orientado a lograr lo que no se alcanzó en las últimas experiencias: un consenso amplio que permita su aprobación legislativa.

No existen dudas sobre la necesidad de sancionar un nuevo Código Penal. La criminalidad, la sociedad y el derecho mutaron en los más de 100 años que pasaron desde su sanción. Las casi 1000 modificaciones que sufrió el texto vigente le quitaron la sistematicidad, proporcionalidad y coherencia interna que requiere un código.

Los frustrados intentos de las últimas 3 comisiones evidencian que el desafío más grande no está en la trabajosa tarea de redactar un anteproyecto, sino en construir los consensos necesarios para la aprobación legislativa. Las composiciones de las comisiones anteriores revelan estrategias diversas: un selecto grupo de los más prestigiosos doctrinarios en 2006; una combinación de académicos y legisladores de diversos partidos en 2013; y una composición eminentemente judicial en el 2019. Ninguna llegó al objetivo final. El problema, entonces, no está en las personas, sino en la metodología.

La Comisión no debe perder valioso tiempo en redactar anteproyectos que luego queden en la nada, sino ir directo a la búsqueda de consensos. Proponemos tomar como punto de partida el Anteproyecto del 2007, por ser el producto que alcanzó una mayor calidad jurídica y que mejor conjugó la diversidad de posturas sobre la cuestión penal; y someterlo a una revisión en debate abierto. De allí deben surgir los elementos para su actualización, propia de los cambios que se produjeron en estas casi dos décadas en materias como las cuestiones de género, las criminalidades económicas, la corrupción, la materia ambiental y las nuevas tecnologías, entre otros aspectos.

Ese debate debe permitir la participación de actores representativos de distintos sectores, ideologías y orígenes, con amplitud federal y de género, y con el objetivo último de alcanzar consensos y apoyos para el proceso legislativo. En particular, señalamos con enorme preocupación la nula diversidad de género que, al igual que en las comisiones anteriores, vuelve a tener la Comisión actual, con el agravante de que, hoy en día, el sistema penal se encuentra sobrecargado de conflictos penales vinculados a las desigualdades de género. Además, difícilmente se alcancen consensos legislativos si la mitad de la población se percibe excluida de la discusión.

Un Código Penal es, antes que nada, un producto social, con consecuencias directas sobre la aplicación del poder estatal y la gestión de la conflictividad social. Es esperable que un proyecto redactado a puertas cerradas no alcance la legitimidad necesaria como para lograr su tratamiento en el Congreso. Por lo tanto, de no ser sometida a un amplio debate público, cualquier reforma del Código Penal estará condenada a una nueva frustración.

Accedé al: Anteproyecto 2007

Los miembros de la Comisión, en distintas etapas, fueron: David Baigun, Carlos Chiara Díaz, Joaquín Pedro da Rocha, Javier Augusto De Luca, Daniel Erbetta, Raúl Gustavo Ferreyra, Edmundo Samuel Hendler, Raúl Ochoa, Alejandro Tizón, Enrique U. García Vitor, Guillermo Yacobucci, Edgardo Donna, Gabriel Di Matteo, y fue coordinada por el Prof. Alejandro W. Slokar.