El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) celebra la entrada en vigencia del nuevo sistema de justicia penal santafesino, y destaca su importancia para la democratización de la administración de justicia de la provincia al terminar con el viejo modelo inquisitivo.

El nuevo sistema está basado en el modelo acusatorio con audiencias públicas, orales y contradictorias, que posibilitarán mayor agilidad y efectividad en la toma de decisiones, eliminando la burocratización judicial, el secretismo y la delegación masiva de funciones en secretarios y empleados. A su vez, el juicio oral garantiza el cumplimiento de los derechos humanos y acerca la Justicia a los ciudadanos al ser más comprensible y humana, dejando atrás los papeleos interminables que son únicamente accesibles a los abogados. De esta forma, se otorga una mayor transparencia y publicidad a los actos de administración de justicia.

El nuevo código procesal penal involucra una reforma integral que, además de representar un cambio normativo, plantea transformaciones sumamente profundas en las estructuras institucionales, formas organizativas y define claramente los roles y funciones de los futuros operadores, lo cual implica un gran reto, que es el cambio cultural en el quehacer cotidiano.

Indudablemente el nuevo sistema garantiza el debido proceso penal y la garantía de derechos del imputado de acuerdo a los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. También, es destacable señalar, el nuevo rol de la víctima, quien tendrá mayor garantía de derechos y acceso a información además de poder participar activamente en el proceso. El nuevo sistema contempla diversas formas alternativas de terminación del proceso, basadas en la idea que en la comisión de un delito subyace un conflicto y es labor de las instituciones ofrecer otro tipo de alterativas que resulten de mayor satisfacción a las necesidades de la víctima y del imputado.

La entrada en vigencia del nuevo código es sólo el inicio de un vasto proceso de implementación y ajuste que necesariamente tomará un tiempo. Esperamos que todos los operadores judiciales asuman el compromiso de llevar adelante el desafío de construir realmente el sistema de justicia penal que marca nuestra Constitución; y anhelamos que esta reforma pueda contribuir a impulsar a otras provincias a seguir el mismo camino de democratización. Por nuestra parte, seguimos comprometidos en prestar toda la colaboración posible para el logro de estos fines.