Por Lucía Coppa (CONICET/UNLP, integrante del Grupo de Trabajo Feminismos y Justicia Penal de INECIP)

Publicado en Cosecha Roja

si yo fuera un ciudadano de primera
amparado por una constitución
yo te podría decir que me cago en tu amor
Charly García

En los últimos meses asistimos a una revitalización de los debates, impulsados desde oficialismos locales, por la pretendida renovación y modernización de los denominados Códigos de Convivencia. Luego de la sanción en Santa Fe y Mendoza de nuevos Código de Convivencia, La Plata se convirtió en el epicentro del avance de estas normativas, siendo el propio intendente Julio Garro quien lo presentara en la apertura de sesiones extraordinarias de este año como una de las principales iniciativas de su gestión para el 2018.

La elaboración del anteproyecto en base a viejas ordenanzas y códigos de otras ciudades establece en líneas generales la necesidad de ‘preservar el espacio público como lugar de buena convivencia’, inscribiendo sus fundamentos en una retórica de convivencia ciudadana. Sin embargo, la apelación a una especie de consenso ciudadano como fundamento de normas de convivencia no sólo homogeneiza las trayectorias, experiencias y despliegues que se consideran deseables en el espacio público. El reforzamiento discursivo de estos umbrales habilita con ello una instrumentalización punitiva en orden a sancionar a quienes alteren o amenacen la tranquilidad general de acuerdo a los contornos delineados por la buena ciudadanía en un contexto de precarización creciente y avance sostenido de políticas neoliberales, configurando así excepciones regulares a la ciudadanía.

Ayer se realizó en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires la mesa de incidencia ‘Derechos Humanos y Trabajo Sexual’ impulsada por AMMAR, que convocó fundamentalmente a trabajadoras sexuales de la ciudad a compartir junto a concejales y diputadxs provinciales una serie de preocupaciones específicas en torno a las figuras del anteproyecto relativas al comercio sexual en la vía pública. El artículo 215 dispone en términos generales sanciones de multa y/o arresto de hasta 15 días a quien ‘ofreciera cualquier servicio, a quien se encuentre en el interior de vehículos, cuando estos se detengan en los semáforos, que pudieren poner en peligro su propia integridad física o afectaren al tráfico en la vía pública’. En particular, el artículo 216 sanciona con multa y/o arresto a quien ‘ofreciere, solicitare, negociare o aceptare directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos, en el espacio público’.

Estas disposiciones criminalizan abiertamente los intercambios y negociaciones sexo-comerciales en la vía pública, reactivando resabios de normativas obsoletas tales como el artículo 68 del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley 8031/76) que disponía sanciones a la persona que ‘ejerciere la prostitución, dando ocasión de escándalo o molestando o produjere escándalo en la casa que habitare’.

Este artículo, declaración de inconstitucionalidad mediante en 2012, fue finalmente derogado este año por la Ley provincial 15041. Con lo cual resulta paradójica y completamente regresiva en términos de reconocimiento de derechos la eventual sanción de un Código que habilita mayor criminalización de economías informales y trabajos marcados por la precariedad y el estigma.

Así lo expuso la diputada provincial Lucía Portos al señalar que el contexto de debates actuales está signado por las urgencias de la ‘descriminalización’, quedando obturadas vías de discusión política relativas a un horizonte de políticas públicas integrales en materia de géneros y sexualidades, resaltando además la importancia de discutir los instrumentos jurídicos disponibles de modo articulado con los aportes de los activismos feministas, en particular el de las trabajadoras sexuales. Esto resulta fundamental en las disputas contemporáneas por la desmitificación de sentidos e imaginarios socio-sexuales que tienden a organizarse de acuerdo a categorías en gran medida mediadas por lenguajes penales que obturan la heterogeneidad de trayectorias y experiencias posibles y nos limitan en el desafío de imaginar estrategias colectivas acordes a necesidades específicas y situadas.

La secretaria general de AMMAR, Georgina Orellano, además de exponer la necesidad de reconocimiento de derechos laborales a quienes ejercen el trabajo sexual, refirió al contexto de crisis económica que supuso en definitiva la vuelta a trabajar en la calle de muchas mujeres que en los últimos años habían dejado de hacerlo. En un debate que suele abrir posicionamientos dicotómicos en ciertos feminismos respecto del estatuto del trabajo sexual, reponer esta dimensión sugiere lo obsoleto de muchos de los términos en los cuales estas discusiones se plantean.

El hostigamiento policial fue otro de los ejes de su intervención, retomado por una compañera que relató la persecución que padece por haber aportado datos en la causa por Miguel Bru, ya que cuando Miguel ingresó a la comisaría ella estaba allí por aplicación del Código de Faltas. Si bien coinciden en que en los últimos años los procedimientos policiales en la zona de trabajo son mayormente por estupefacientes, la reemergencia de este tipo de normativas amenaza con aquellos procedimientos contravencionales que caracterizaron la década de 1990 de acuerdo a sus testimonios. El fortalecimiento de redes de solidaridad y organización en este escenario se presenta como un factor diferencial respecto de ese pasado reciente y una apuesta política central.

La presencia de numerosas trabajadoras sexuales en el Anexo disparó el comentario de una de ellas que aludió con épica a lo que sería recordado como ‘el día que las putas tomaron Diputados’. El gesto material y simbólico de ocupación de Diputados encarna de algún modo el desafío de los feminismos que incomodan porque, como señaló Orellano, en estos espacios ‘incomoda que la puta hable’. Esos espacios en los que se definen y orientan las políticas que afectan la vida de las personas que se figuran, o bien como un objeto de tutela a partir de lenguajes unidimensionales de victimización, o como un sujeto que amenaza –incluso en el reciente Código mendocino dentro de una semántica de peligrosidad– en los términos de la modelización ciudadana.

El reconocimiento de las emociones movilizadas en estos debates es fundamental para activar y tramar colectivamente imaginaciones que permitan dar las disputas por los sentidos que habilitan su avance. En definitiva, los discursos políticos logran su eficacia porque se conectan con aspectos subjetivos que delinean nuestros temores y afectos. Difícilmente podamos atribuir la eficacia política de los discursos punitivos a una intencionalidad lineal y uniforme que se impone desde arriba sino que, como nos señala Sara Ahmed, suponen también una ligazón mediada entre emociones y politización, interpretaciones de sensaciones y sentimientos que deben ser rearticulados críticamente en el horizonte de una política feminista y antirracista. En esta tarea el activismo de las trabajadoras sexuales tiene experiencia de sobra.

*CONICET/UNLP. Integra el Grupo de Trabajo Feminismos y Justicia Penal (INECIP).