Por Carlos Rodríguez para Página 12.
“Es irresponsable propiciar el armamentismo como medida de seguridad, cuando el 51 por ciento de los homicidios dolosos se producen por conflictos interpersonales entre civiles armados para sentirse más seguros”. Se lo dijo a Página/12 el titular de la ANMAC, Ramiro Urristi, quien precisó que los homicidios en ocasión de robo llegan “al 18 por ciento del total”. Por su parte, Adrián Marcenac, de la Red Argentina para el Desarme, sostuvo en forma coincidente que “la portación de armas no es de ninguna manera el camino hacia una sociedad más pacífica”.
Marcenac, padre de Alfredo Marcenac, asesinado en 2006 por Martín Ríos, el llamado “Tirador de Belgrano”, consideró que el diputado nacional Francisco Sánchez (Juntos por el Cambio), es “un impresentable que hizo declaraciones mediáticas vergonzosas para hacerse conocer”. Agregó que “impulsar un proyecto inviable y poner como ejemplo a (Jair) Bolsonaro en el tema de las armas, es desconocer la realidad de nuestro país”.
Estudios realizados por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) confirman que “aunque la gente suele armarse para tener mayor seguridad, las armas terminan generando conflictos interpersonales, como ser peleas entre familiares o vecinos, femicidios o venganzas”. Informes sobre homicidios dolosos en la Ciudad de Buenos Aires señalan que en 2018 hubo 143 víctimas por armas de fuego, en las cuales “el móvil preponderante fue la discusión/riña, ajuste de cuentas o venganza con un total de 61 casos (42,66 por ciento), los conflictos interfamiliares provocaron 13 homicidios (9,09 por ciento), mientras que los robos que finalizaron en homicidios fueron 15 (10,49 por ciento”.
Al analizar el debate abierto por las declaraciones de Sánchez, el titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), Ramiro Urristi, consideró que “somos humanos y nuestra psiquis consume violencia y cuando vemos hechos violentos en la televisión, queremos armarnos porque creemos que es la mejor manera de defendernos”. Sin embargo “las estadísticas que tenemos indican que las lesiones y homicidios, por uso de armas de fuego y en ocasión de robo, llegan al 18 por ciento”, respecto del total de homicidios dolosos en el país.
Urristi agregó que “mientras tanto, hay un porcentaje mucho mayor, del 51 por ciento, de homicidios o lesiones por el uso de armas que se dan en el marco de relaciones interpersonales, por cuatro factores principalmente: violencia intrafamiliar, violencia de género, riñas en la vecindad y cuestiones de venganza”.
Recalcó que, por esa razón “nos parece totalmente irresponsable llamar a que todo el mundo esté armado, porque lo dice el presidente de Brasil, cuando ese presidente no cambió la legislación en su país, de manera que me parece una gran irresponsabilidad” lo planteado por el diputado Sánchez.
Urristi dijo que hay “numerosos ejemplos de personas que se arruinaron la vida y arruinaron la vida de sus familiares por armarse y usar un arma de fuego por razones de seguridad”. Recalcó que “los expertos en el uso de armas son lo que dicen que solo en ultimísima instancia hay que recurrir a un arma de fuego”.
Sobre las manifestaciones de Sánchez, el titular de la ANMAC dijo que “estamos acostumbrados a discusiones llevados por la pasión que generan las imágenes (de hechos violentos) difundidas por algunos medios de comunicación, pero uno espera que un legislador, por su función, debería tener un conocimiento claro de la normativa jurídica vigente en el país, porque todas las cosas que reclamó ya existen”.
En ese sentido, recordó que en Argentina “todos los ciudadanos tienen la posibilidad de tener un arma en la casa, siempre que cumplan con los requisitos necesarios”, entre ellos no tener antecedentes penales, superar el test psicofísico y asistir a los polígonos de tiro, para recibir la instrucción de expertos en el manejo de armas, para garantizar que los usuarios les den un uso responsable.
Dijo que en los ocho meses que lleva en la gestión participó “en cuatro foros de la ONU en los que Argentina es puesta como ejemplo por su normativa”. Recordó que entre 2003 y 2015 “la política de desarme sacó de la calle 410 mil armas ilegales”. Agregó, en el mismo sentido, que “hace dos meses nosotros destruimos 20 toneladas de armas, porque hacía tres años y medio que no se destruía ninguna”. Señaló que “cuando aparece un arma en un hecho delictivo, eso es noticia, pero debería ser noticia la destrucción de 410 mil armas porque hay que pensar cuántos delitos se podrían haber cometido con esas armas”.
Respecto de la cita que se hizo de Bolsonaro, sobre la supuesta necesidad de armar “a los ciudadanos decentes” para su seguridad, Urristi insistió en que “el presidente de Brasil no hizo ninguna modificación en la ley de armas y nosotros trabajamos muy bien con nuestros pares brasileños y paraguayos”. En ese punto destacó que “a partir de una denuncia de Interpol, se secuestraron 1.700 armas en la causa Ragusa, que se llama así porque se trata de dos hermanos de ese apellido que fabricaban las armas acá en Argentina, las enviaban por colectivos de línea a Paraguay y después llegaban a las favelas de Brasil”.
Aclaró que “de acá se exportaban en forma legal al Paraguay, pero después llegaban en forma ilícita a Brasil”. Agregó que “esto cambió por la decisión del gobierno de Paraguay de sacarle la responsabilidad en el tema armas al poder militar y crear una agencia civil”.
Dijo que la política actual de la ANMAC es “sacar las armas de la calle y no promover la idea de darle armas a los ciudadanos para que se defiendan de la inseguridad”. También se opuso a la proliferación de usuarios habilitados para la portación de armas, que es otra de las posibilidades legales de los usuarios. “Los que portan arma son algunos centenares de personas habilitadas, que por lo general son funcionarios del Poder Judicial que lo piden porque están a cargo de causas graves que pueden derivar en situaciones riesgosas” para ellos.
Puntualizó que “la legislación argentina es muy restrictiva respecto de la portación, porque nuestra idiosincrasia es muy diferente, por ejemplo, a la de Estados Unidos, donde la mitad de los estados son pro-armas y la otra mitad no; los que son responsables, desde nuestro punto de vista, regulan la tenencia y portación, mientras que los otros no regulan nada”.
Dijo que relanzaron el programa de entrega voluntaria de armas “en cuatro municipios bonaerenses, Quilmes, Lomas de Zamora, Escobar y Malvinas Argentinas”.
Adelantó también que van “a estar con una presencia contundente en la ciudad de La Plata y en Mar del Plata, en un trabajo conjunto con la ministra (de Justicia y DDHH de la Nación) Marcela Losardo, con quien hemos multiplicado el valor del incentivo económico con el cual le compramos las armas a la gente” que la entrega en forma voluntaria. Precisó que llegaron “a valores de hasta 9.000 pesos. Antes el promedio era de 1.700 pesos y ahora llegamos a un promedio de 5.000 con valores hasta un máximo de 9.000 pesos”-
Urristi reiteró sus críticas al sistema que había impuesto el macrismo en la ANMAC para realizar los controles psicofísicos. “Se privatizaron los controles, se creó un monopolio en manos de una única empresa” privada, Dienst Consulting, lo que dificultó y encareció el trámite para ser usuario legal. El costo del trámite pasó de “700 a 3.500 pesos”, al punto que desde las propias asociaciones de usuarios se denunció que lo que se había gestado era “un potencial negociado de 3500 millones de pesos” en beneficio de la firma.
Como consecuencia de esa política “se cayeron del sistema 350 mil legítimos usuarios”, después de la privatización, puntualizó Urristi. Esto se produjo por las dificultades de la tramitación y el costo que insumía. Mientras tanto, “la empresa comenzó a manejar un presupuesto que cuadruplicaba el presupuesto de la ANMAC”.
“Eso llevó a los usuarios a la ilegalidad, porque tener en la casa un arma no declarada es un delito contemplado en el artítulo 189 del Código Penal”, recalcó el titular de la ANMAC.
Desde mediados del año pasado se aplica el Sistema Abierto y Federal (SiAF), supervisado por el Ministerio de Salud de la Nación. Se han inscripto 3.200 profesionales de todo el país, que tienen a su cargo certificar la salud mental y física de las personas habilitadas legalmente para tener un arma.