Por Aldana Romano y Julián Alfie* para Small Arms Survey
Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales… mujeres, todas, bah… no vamos a levantar la voz? NOS ESTÁN MATANDO’. Ese fue el mensaje que circuló en Twitter el 11 de mayo de 2015. Tres semanas después, el 3 de junio, más de 200.000 personas se concentraban frente al Congreso Nacional bajo la consigna ‘Ni una menos’.
En los primeros meses de ese año varios femicidios habían conmocionado a la sociedad argentina, pero su número se desconocía, a falta de un registro oficial o estadísticas públicas.
Solo una organización no gubernamental recopilaba la información disponible: en 2014, cada 30 horas era asesinada una mujer. Lo que sucedió en los seis meses tras la movilización es digno de análisis: se crearon dos registros nacionales de femicidios — uno en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otro en el Ministerio de Justicia — y se creó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres en el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Desde 2015 conocemos oficialmente el número de femicidios en nuestro país. Según las últimas estadísticas oficiales disponibles, en Argentina se comete un femicidio cada 35 horas, uno de cada cuatro con arma de fuego. Sabemos también que en el 17% de los casos las víctimas habían denunciado previamente, en un caso reiteradamente, a su agresor. Los avances en la atención y gestión de los casos son destacables: hoy las víctimas cuentan con mayores espacios para encontrar una escucha atenta y formalizar una denuncia. Pero la respuesta estatal no siempre es la adecuada. En particular, el Poder Judicial olvida en muchos casos tomar medidas sobre las armas de fuego de los agresores.
En octubre de 2022, la agencia estatal encargada del control de armas en Argentina (Agencia Nacional de Materiales Controlados — ANMaC) dictó la Resolución 157/2022 que busca, entre otras cosas, que las personas denunciadas por violencia de género y familiar no puedan acceder a armas de fuego, o incautarles las que tuvieran en su poder. Este no es un objetivo novedoso. Desde el 2009, la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres faculta a los jueces a ordenar la incautación o prohibición de compra o tenencia de armas de fuego ante una denuncia por violencia de género. Pero esa herramienta casi nunca es utilizada en la práctica. De las 21 medidas de protección previstas en la normativa, la prohibición de compra de armas de fuego al agresor es la menos utilizada de todas y la incautación está entre las cinco medidas menos utilizadas.
El Poder Judicial no duda en prohibir el acercamiento o el contacto del agresor a la víctima. Pero aun conociendo que el agresor tiene un arma de fuego, en la mayoría de esos casos decide no quitársela: en el 63% de los casos en donde la Justicia identificó la presencia de un arma de fuego, no ordenó la incautación. Ya sea por desconocimiento, desinterés o negligencia, la Justicia permite que seis de cada diez agresores con medidas de restricción en su contra sigan teniendo un arma. Esta inacción del Estado no sólo aumenta el riesgo de femicidio en esos casos. Además, disuade a muchas víctimas de denunciar, temiendo que su agresor seguirá teniendo el arma a su disposición.
Fuente: INECIP. Diseño: Lucía Ronderos
La articulación entre organismos del Estado es un gran obstáculo a la aplicación práctica de la ley. En Argentina, la Justicia dicta la incautación de un arma, pero no decide el otorgamiento de una licencia o la autorización para tener o portar armas de fuego. Es la ANMaC — agencia descentralizada del Poder Ejecutivo Nacional — quien autoriza, registra, fiscaliza y controla a los/as usuarios/as de armas de fuego. Tiene competencia para impedir que potenciales agresores accedan legalmente a un arma de fuego, aunque no tiene facultades para incautarlas si éstos ya disponen de ellas.
En los últimos años, la falta de comunicación entre la Justicia y la ANMaC ha quedado en evidencia: muchas veces la ANMaC no conoce los casos denunciados ante la Justicia, ni la Justicia recurre a la ANMaC para obtener información o solicitar medidas de restricción.
No casualmente el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, recogiendo preocupaciones presentadas por organizaciones de la sociedad civil, sostuvo en el Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género que son necesarias medidas más eficaces de restricción de la tenencia a personas con antecedentes de violencia, especialmente doméstica e intrafamiliar.
La preocupación por la efectividad de esas medidas no es nueva para la ANMaC. En el año 2013 la Agencia creó un sistema de ‘control ciudadano’ — todavía vigente — por el que publica en su web los nombres de solicitantes de autorización para arma de fuego. Cualquier/a ciudadano/a puede oponerse a esa solicitud, entre otros motivos, por antecedentes de violencia de género por parte del/la solicitante. Sin embargo, en sus nueve años de vigencia, ninguna oposición fue presentada: el mecanismo exige un control constante de la web por parte de la ciudadanía, difícil de sostener. En 2017, la ANMaC firmó un acuerdo con el Consejo de Fiscales Generales para facilitar las prohibiciones de acceso a armas de fuego por parte de personas denunciadas por violencia de género. Sin embargo, este acuerdo no fue seguido por una política pública consistente en el tiempo, y no mejoró las prácticas judiciales.
Así y todo, las estadísticas demuestran que la ANMaC ha sido más proactiva que el Poder Judicial en evitar que las personas denunciadas por violencia de género puedan acceder a un arma. En el último trimestre de 2021, los organismos judiciales enviaron 3.326 comunicaciones formales a la ANMaC por casos de violencia de género. Estos números son bajos en relación a la totalidad de causas judiciales por esta violencia. Solamente en la Provincia de Buenos Aires, en donde reside uno de cada tres argentinos/as, en 2021 la Justicia dictó 19.500 prohibiciones de acercamiento por trimestre. Más llamativo es que en el 93% de esas 3.326 comunicaciones, la Justicia solicitó información a la ANMaC, pero no ordenó ninguna medida respecto al agresor.
Pese a eso, la ANMaC fue proactiva e impuso, en casi la mitad de esos casos, alguna de las medidas que puede tomar sin orden judicial. La ANMaC está facultada para imponer aproximadamente 300 tipos de sanciones y medidas precautorias, aplicando el Anexo III de la Resolución 204/2022. Una de ellas es la ‘inhabilitación’, es decir, la suspensión de las autorizaciones para las personas que contaban con una licencia. Otra es la ‘traba registral’ que evita que las personas denunciadas accedan a una autorización en el futuro. Estas medidas no requieren una orden judicial, como es el caso de la incautación del arma. Sí requieren que la ANMaC conozca la situación de violencia de género o familiar, ya sea por medio de solicitudes o a través del intercambio de información con los organismos públicos oportunos, como el Poder Judicial de la Nación, sus pares Provinciales, o las Fuerzas de Seguridad.
La Resolución 157/2022 de la ANMaC busca mejorar la articulación para incrementar la capacidad de intervención en casos de violencia de género. Para eso, prioriza dichos casos y la obligación de imponer la medida de precaución correspondiente — traba registral o inhabilitación — ante cada hecho sobre el que reciba información. La resolución contiene además una Guía específica para el intercambio de información que establece pautas concretas sobre la información que la ANMaC debe enviar a los organismos judiciales y dispone que la ANMaC sugerirá a la Justicia medidas preventivas urgentes como la prohibición de compra y tenencia de armas, o la incautación de las mismas.
Este nuevo paso resulta muy auspicioso. Su éxito depende de la coordinación con la Justicia para modificar las prácticas institucionales que persisten pese a muchas reformas normativas. En este sentido, es necesario seguir avanzando en distintas líneas de acción, por ejemplo:
· El Estado argentino debe avanzar en la unificación de las bases de datos sobre violencia de género, para que cualquier caso que se denuncie ante cualquier organismo público, sea automáticamente notificado a la ANMaC. De este modo, podría disponerse una medida precautoria automática que restrinja el acceso a armas de fuego por parte de potenciales agresores/as.
· La ANMaC debe aplicar trabas registrales preventivas a todos los casos de violencia de género que conozca. Aunque la Resolución contribuye a la estandarización de este criterio, es necesario que la Agencia produzca y publique información sobre la aplicación de esta medida, para monitorear y garantizar su eficacia.
· La ANMaC también debe mejorar los niveles de fiscalización y control de armas de fuego. En Argentina se estima que aproximadamente sólo una de cada tres armas se encuentran registradas oficialmente. Mientras estos números se mantengan, las medidas de restricción que ordene la ANMaC serán ineficaces respecto a la gran mayoría de armas de fuego disponibles en el país.
Hoy, a siete años de la primera marcha de ‘Ni Una Menos’, Argentina y otros países de América Latina y del mundo entienden que la proliferación de armas de fuego y la construcción de sociedades patriarcales son dos caras de una misma moneda. No podemos analizar el problema de la proliferación sin una mirada transversal feminista que comprenda el uso y el valor simbólico de las armas en las masculinidades hegemónicas.
El arma es un elemento asociado a la fortaleza, a la protección, al poder. Aun cuando las mujeres no son las usuarias principales de las armas de fuego, sí padecen sus consecuencias.
Conocemos el problema. Tenemos leyes y resoluciones. Creamos nuevos organismos con mayor capacidad de respuesta. Pese a eso, el uso de armas de fuego en la violencia de género sigue a la orden del día. Implementar políticas públicas eficaces es el desafío.
Por Aldana Romano, Directora Ejecutiva del INECIP e integrante de la Red Argentina para el Desarme, y Julián Alfie, Subdirector Ejecutivo del INECIP e integrante de la Red Argentina para el Desarme.