Tres décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz, Guatemala sigue enfrentando serios desafíos para consolidarse como una sociedad democrática en donde los intereses privados se someten al imperio de la ley. La cooptación del Ministerio Público (MP) por parte de redes de corrupción es un flagelo que inviabiliza dicho anhelo y amenaza el normal funcionamiento del sistema de justicia en el país. Las actuaciones flagrantemente ilegales del MP y de algunos jueces durante el proceso electoral de 2023 ratifican esta realidad. La movilización sostenida por los pueblos indígenas y sus autoridades ancestrales, en defensa del orden constitucional y del resultado electoral, fue un factor decisivo para impedir la ruptura democrática y permitir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo. Superado lo anterior, la democracia guatemalteca sigue rehén de un entramado de agentes corruptos incrustados en diversas instancias del Estado, en particular en el MP.

Este informe analiza los efectos de la cooptación del MP en la gestión de la conflictividad agraria, con énfasis en la persecución penal de comunidades indígenas. A partir del examen del marco normativo guatemalteco, de directrices institucionales, denuncias e investigaciones contra comunidades indígenas, se documenta cómo el uso sistemático del poder punitivo se enmarca en un contexto más amplio de cooptación del sistema de justicia, con un saldo de reiteradas violaciones a derechos protegidos en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por Guatemala.

Descargar