La publicación, escrita por Julián Alfie, Director Ejecutivo del INECIP, forma parte de la histórica colección “Fichas del INECIP” y se inscribe en la tradición de reflexión crítica sobre el funcionamiento de la justicia penal en América Latina. El texto ofrece una revisión profunda del proceso reformista regional iniciado hace cuatro décadas y plantea la necesidad de construir una nueva agenda frente a los desafíos actuales.

La publicación proponer revisitar la idea que inspiró las reformas iniciadas en los ochenta, según la cual “no es posible una democracia de calidad sin una administración de justicia de calidad”, para aplicarla al nuevo contexto que enfrenta la región. En las últimas décadas, se produjeron grandes cambios en sus sistemas de justicia, a la par de una extensión y profundización de la violencia y la criminalidad.  América Latina es la región con mayor tasa de homicidios del mundo. El autor señala que la vigencia de la democracia depende cada vez más de la capacidad de los gobiernos de abordar el problema de la violencia, y que la justicia penal juega un papel central en esa tarea.

En este escenario, Alfie propone pensar no sólo en los logros del proceso de reformas penales —como la eliminación del juez de instrucción o la consolidación de sistemas acusatorios—, sino también en los límites, retrocesos y zonas grises que impiden que esos cambios se traduzcan en una justicia de calidad.

Dos diagnósticos: problemas persistentes y reforma inconclusa

El texto combina dos planos de análisis: por un lado, una lectura de los problemas actuales de la justicia penal en la región; por otro, un balance de las reformas implementadas y de las resistencias que aún persisten.

Entre los problemas centrales que identifican al presente, se destacan:

▪️ El avance de los mercados ilegales ante Estados ineficaces, que evidencian la incapacidad institucional para controlarlos sin vulnerar derechos.

▪️ La falta de respuesta ante fenómenos de victimización masiva, particularmente en casos de violencia de género.

▪️ El auge de un neoautoritarismo basado en una falsa eficacia político-criminal, que propone la eliminación masiva de garantías básicas, generando resultados presentados como efectivos, que permiten lograr respaldo electoral.

▪️ La dependencia y la ineficiencia del Poder Judicial, presentados como dos caras de una misma moneda.

▪️ La inefectividad estructural de la defensa penal ante el encarcelamiento masivo.

▪️ Y una enseñanza jurídica desactualizada, aún anclada en paradigmas normativos y doctrinarios del siglo pasado.

Los ejes de una nueva agenda

A partir de ese diagnóstico, el autor propone una agenda de reforma estructurada en cinco ejes:

1- La disputa por la eficacia político-criminal de los Ministerios Públicos, que pendulan entre la obtención de resultados positivos en fenómenos criminales históricamente blindados de impunidad y el sometimiento a sectores de poder ilegal.

2- Diversificación de respuestas para una tutela judicial efectiva, planteando la necesidad de generar una política pública concreta para masificar la utilización de esas herramientas menos violentas.

3- Revisión de la agenda de independencia judicial, basada en la profundización de las cuentas pendientes en materia de gestión, organización, gobierno y carrera judicial, así como en la extensión regional del juicio por jurados.

4- Fortalecimiento de un sistema integral de defensa penal para mejorar su efectividad, con especial atención a la articulación entre los distintos actores que ejercen las defensas.

5- Rearmar en la enseñanza del derecho, tomando como base la experiencia de la incorporación de las técnicas de litigación adversarial, para pasar a una reforma más amplia orientada a formar profesionales críticos, interdisciplinarios y capaces de incidir en la transformación institucional.

Una convocatoria a la acción

La publicación cierra con un llamado a la acción: si la generación anterior logró llevar adelante la transformación del modelo inquisitivo, a la actual le corresponde garantizar que los sistemas acusatorios sean eficaces, democráticos y capaces de responder a las nuevas conflictividades sociales. Lejos de una celebración nostálgica del pasado, el texto busca movilizar a quienes hoy ingresan al sistema judicial, lo observan críticamente o actúan desde otros espacios —la academia, las organizaciones sociales, los medios— y se niegan a naturalizar su mal funcionamiento.

“La nueva agenda de la justicia penal…” es, en ese sentido, una herramienta de análisis, pero también una invitación a la acción colectiva, desde una mirada regional, democrática y reformista.

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