La criminalidad ambiental avanza amparada por una impunidad histórica que los sistemas de justicia penal no han logrado revertir. Este documento plantea una respuesta distinta: fortalecer el vínculo entre las fiscalías y las comunidades para transformar la persecución penal de los delitos que dañan el ambiente y afectan derechos fundamentales.

A través del enfoque de persecución penal comunitaria, se propone recuperar el papel central de la ciudadanía como fuente imprescindible de información, control democrático y apoyo estratégico frente a fenómenos complejos y, en su mayoría, ligados al poder económico.

El texto explora cómo la participación activa, la planificación conjunta y la transparencia en todas las etapas de gestión de un caso pueden enriquecer las investigaciones y promover soluciones realmente reparadoras, impactando en la eficacia y representatividad de los MPF.

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