La resolución 1101/19 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires no señala un problema nuevo. Pese a esta dificultad de orden logístico, se han podido realizar casi 300 juicios por jurados hasta la fecha en la provincia. Todas las responsabilidades y tareas que por ley el ejecutivo provincial debiera cumplir y no realiza, se subsanan con esfuerzos adicionales de la Corte y de los tribunales. Por supuesto que no se trata de un escenario ideal.

Los problemas de implementación se producen por la desactualización del padrón electoral y por déficits en su depuración, y también por la falta de oficinas judiciales con capacidad de llevar adelante la convocatoria a los jurados y la organización de los juicios. Otras provincias que cuentan con este tipo de oficinas han logrado evitar esta clase de inconvenientes. En otras palabras, este es un problema de fácil resolución, pero sí precisa de voluntad política.

Lamentablemente en los últimos años, el Poder Ejecutivo provincial no ha otorgado a la participación ciudadana en la administración de justicia, la prioridad que ésta requiere. El juicio por jurados es ya un derecho de los y las bonaerenses. El gobierno de la provincia tiene la responsabilidad de garantizarlo, profundizando la participación y mejorando las condiciones para hacerlo efectivo.