Lourdes Bascary, docente y responsable de la Oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, contó que en su provincia se ha comenzado a ver una evolución en cómo se construyen las decisiones judiciales en torno a los delitos de violencia sexual. Por ejemplo, se ha generado un sistema de resguardo de las declaraciones de las víctimas de agresión sexual y resortes institucionales más adecuados.

A su vez, analizó que en los avances se pueden detectar problemas estructurales que no son menores, como la baja cantidad de casos que llegan a juicio y el promedio de duración de un juicio que alcanza los 5,9 años. A su vez, el sistema de justicia es receptivo a un determinado tipo de víctima: niños, niñas abusados o abusadas o a la mujer que de muestras de la violencia física sufrida. Siendo el mismos reactivo en los casos difusos o confusos en término de consentimiento. Por último, opinó que el sistema tiene una resistencia que sigue siendo ideológicamente empático con el agresor y moralizante respecto al tipo de víctima.

La exposición de Lourdes se desarrolló durante el Encuentro “Feminismo y Política Criminal Panel, una agenda feminista para la justicia penal”, organizado por Inecip. Panel: “Actualizaciones de discusiones y debates en torno al consentimiento en los casos de violencias sexuales”.