Tras la promulgación de la Ley N° 1173, la implementación de las Oficinas Gestoras de Procesos (OGP) coincidió con una profunda crisis económica e institucional en el Órgano Judicial.
Pese a las carencias materiales y organizativas, el proceso ha generado aprendizajes clave: interoperabilidad y el desarrollo de sistemas de gestión. Sin embargo, persisten resistencias al cambio y una débil integración entre juzgados y OGP.
Por José Manuel Gutiérrez Velásquez para la Revista Sistemas Judiciales Nº25.