Si observamos el crecimiento permanente de la tasa de encarcelamiento en Argentina y, a su vez, el aumento y/o la constancia que presentan distintos tipos de criminalidades y violencias, es claro que estamos frente a un problema: las decisiones en materia de política criminal son de muy baja calidad. Ello se traduce en que la utilización del recurso más violento del Estado -la cárcel, o el poder penal-, no está impactando de ninguna manera en las criminalidades que afectan a la población.

A grandes rasgos, la política criminal define qué se investiga, a quiénes se investiga, cómo se investiga y qué respuesta se da frente a los diversos problemas públicos criminales para lograr reducirlos, controlarlos, extinguirlos o transformarlos. Entonces, las malas decisiones en torno a ella, tienen consecuencias importantes, ya que se ponen en juego la inyección de violencia estatal desmedida y la falta de respuestas en términos de seguridad pública. Ahora bien, cabe preguntarse ¿cómo lo revertimos? ¿cómo generamos profesionalismo y racionalidad dentro del ámbito de la política criminal?

Alberto Binder nos propone el análisis político criminal (APC) como una nueva disciplina abocada específicamente al estudio de la política criminal, ubicada dentro del campo teórico del análisis de políticas. En este sentido, el APC toma las bases de la investigación en ciencias sociales y del proceso de formulación de políticas públicas para desarrollar un marco conceptual y, a su vez, un método de trabajo propio con el fin de mejorar el proceso de toma de decisiones vinculadas a la política criminal.

Los fundamentos teóricos del APC buscan garantizar un equilibrio entre el respeto de los derechos humanos y la eficacia en el diseño e implementación de la política criminal. Entre ellos, caben destacar:

• Es preciso abandonar el paradigma del orden en el proceso decisional ya que impone la inexistencia de conflictos, jerarquizando valores y desdibujando los límites de la violencia estatal para normalizarlos en la sociedad.
• El paradigma que debe regir el proceso decisional es el de la gestión de la conflictividad, desde allí se promueve la aceptación de que todas las sociedades presentan conflictos y que ello no implica única y exclusivamente aspectos negativos.
• La intervención del Estado en los conflictos debe reducirse a los casos en que exista riesgo de que se resuelvan mediante el abuso de poder.
• La política criminal, forma parte de las Políticas de Gestión de la Conflictividad (PGC), las cuales conforman una estructura que presenta diversos grados de intervención estatal y distintos niveles de violencia estatal para gestionar las conflictividades sociales.
• La política criminal es el último eslabón de las PGC, por ser la política pública más violenta destinada a abordar la conflictividad social que no pudo ser resuelta de otra manera. Esto es, el ámbito del poder penal debe ser la última opción, utilizada de manera excepcional, para la gestión de los conflictos sociales.
• Los problemas públicos criminales forman parte de los conflictos sociales y son multidimensionales, por lo que la política criminal debe ser diseñada involucrando a diversas organizaciones: estatales penales y no penales, sociales y privadas. En consecuencia, la política criminal requiere de la coordinación con otras políticas y entre distintos niveles gubernamentales.
• La política criminal se materializa a través de planes político criminales (PPC) que definen el problema criminal a partir de información, fijan objetivos y establecen estrategias de intervención con distintos grados de intensidad punitiva.
• La coordinación de los PPC debe ser asumida por una organización con habilidades de gestión entre diversos actores. No pueden ser desplegados de manera aislada y de manera descoordinada.

Estas ideas, y otras tantas que forman parte de la disciplina, implican un cambio radical en el modo en que se trabaja actualmente al interior de las instituciones vinculadas a las decisiones de política criminal. Es por ello que, es necesario incentivar espacios de formación en APC para generar una nueva rama de profesionales que fortalezcan las capacidades institucionales, hoy en día prácticamente vacantes, y así revertir las características que posee la política criminal en nuestro país.

La enseñanza del APC contribuye a que dentro de las organizaciones administradoras de poder punitivo, trabajen especialistas en política criminal (analistas político criminales) para construir estrategias sobre los problemas públicos criminales, basadas en criterios de eficiencia y eficacia, con respaldo en estándares democráticos de gobierno.

Si bien existen algunas experiencias que han comenzado a trabajar en este sentido, a partir de la formación de profesionales en APC, queda un largo camino por recorrer hasta lograr que la política criminal se transforme en una política pública al servicio de mejorar la calidad de vida de las personas y no al servicio de la irracionalidad. De esto último, ya hemos tenido suficiente.

Tamara Peñalver es directora Ejecutiva del Instituto Latinoamericano en Seguridad y Democracia (ILSED).