El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presenta Código Penal en Debate con el objetivo de reorientar la discusión, incorporando a la conversación las opiniones y aportes de la comunidad académica, los/as expertos/as en derecho penal y las organizaciones de la sociedad civil, derechos humanos y víctimas.
El pasado 2 de octubre el presidente Javier Milei y la entonces Ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunciaron que enviarían al Congreso un proyecto de reforma del Código Penal. Sin embargo, el anteproyecto de nuevo Código Penal no fue discutido por la ciudadanía ni por expertos en la materia. El principal problema radica en su falta de legitimidad, ya que, pese a no haber sido consultado ni elaborado mediante un proceso democrático y deliberativo se decidió incorporar el debate de esta reforma al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.
Por su parte, el INECIP, a través del Diputado Nacional Fernando Carbajal, presentó en el Congreso de la Nación el “Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación”. La presentación de este Anteproyecto, que por su fecha de elaboración deberá ser revisado y actualizado busca aportar al Congreso una base de discusión con solidez técnica y legitimidad social. Además, tiene como fin reorientar el debate planteado por el Ejecutivo, buscando la construcción de consensos en pos de una normativa duradera, más allá de los discursos coyunturales.
Si bien la versión final del anteproyecto del Poder Ejecutivo aún no es conocida, se tiene acceso a la versión preliminar presentada por el gobierno. En base a esto, diferentes expertos/as han mostrado su preocupación por algunas de las cuestiones que regula.
Pronunciamientos de expertos y asociaciones
Asociación Argentina de Profesores y Profesoras de Derecho Penal (AAPD):
En su comunicado, la Asociación solicitó al Congreso de la Nación dos puntos fundamentales: por un lado, posponer el tratamiento de la reforma penal para las sesiones ordinarias; por otro, garantizar la participación de universidades, institutos especializados en la materia, colegios de abogados, asociaciones de magistrados, ONGs, entre otras, con el propósito de presentar aportes críticos, avales o propuestas alternativas sobre el proyecto impulsado por el gobierno.
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Red de jueces penales bonaerenses:
La asociación, presidida por María José Lescano, publicó un comunicado alertando sobre los riesgos del tratamiento de la reforma del Código Penal de la forma en la que propone el gobierno: a libro cerrado, en forma precipitada y con un debate limitado.
El comunicado hace especial énfasis en el impacto que tendría un nuevo Código en las cárceles y alcaidías, citando datos del Registro Único de Detenidos de la provincia de Buenos Aires que dan cuenta del incremento exponencial de las tasas de encierro. Esto demuestra, según la Red, que no existe nada parecido a una puerta giratoria como se insiste en medios de comunicación y redes sociales. Afirman que la creación de nuevos tipos penales, aumento de escalas punitivas, y formas más rigurosas de ejecución sólo agravarán este cuadro de situación.
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Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADePRA)
A través de un comunicado expresaron preocupación por la intención de otorgar un tratamiento legislativo acelerado y sin el debido debate al Código Penal durante el período de sesiones extraordinarias. Resaltaron que toda modificación del sistema penal exige un alto nivel de deliberación democrática y consenso social, por lo cual no puede ni debe abordarse de manera apresurada al margen de un debate plural y debidamente informado.
Pidieron que se promueva un debate en el marco de las sesiones ordinarias con participación activa de universidades, institutos especializados, asociaciones de magistrados y funcionarios, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y actores del sistema de la justicia. Por último también sostuvieron la necesidad de llevar a cabo un debate acorde a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, que establecen límites precisos a la potestad estatal de sancionar.
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Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (ADEPA):
En el discurso de fin de año del presidente de ADEPA, Martín Etchevers, se refirió a la reforma del Código Penal, destacando que se debe proteger la labor de los periodistas frente a los posibles cambios introducidos por el proyecto.
Además, resaltó la importancia de que el nuevo Código “preserve la doctrina de nuestra Corte Suprema y la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En particular, señaló que medidas como la despenalización del desacato, la eliminación de las penas de prisión y la incorporación de la figura del interés público como exclusión de ciertas tipologías delictivas, constituyen la “arquitectura jurídica que permitió el fortalecimiento del periodismo de investigación y su rol contra la corrupción y por la transparencia en las últimas décadas”.
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Raúl Zaffaroni (exministro de la CSJN, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos):
Zaffaroni a través de su columna, plantea que la reforma ignora la realidad criminológica al insistir en un aumento de penas que no tiene efecto disuasivo. Advierte que saturar las cárceles y privatizar su gestión son medidas que han fracasado en otros lugares, ya que suelen derivar en la pérdida del control estatal dentro de los penales y el fortalecimiento de bandas criminales. También cuestiona la inflación de delitos y la eliminación de la prescripción, señalando que estas políticas no bajan la inseguridad, sino que terminan desmantelando las garantías constitucionales y convirtiendo al sistema penal en una herramienta puramente punitiva que no resuelve el conflicto social.
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Matilde Bruera (Profesora titular de Derecho penal en la UNR):
Alertó sobre el retroceso institucional, el agravamiento generalizado de penas y la imprescriptibilidad de delitos graves. Así, entiende que el proyecto “busca cambiar a un derecho penal de autor, y no de actos”.
Especificó que “la imprescriptibilidad es una locura, porque se contradice con la velocidad de lograr un juicio”.
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Ricardo Gil Lavedra ( Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal):
Retomando estas preocupaciones, Gil Lavedra criticó al proyecto sobre un punto central: el aumento de penas y su impacto en la cuestión carcelaria. Al respecto declaró que “el aumento indiscriminado de las penas no es la solución”. En esa línea, planteó que el endurecimiento de las penas es una propuesta contraria a la tendencia en todo el mundo ya que “es un principio probado que la cárcel reproduce la criminalidad”.
En cambio, sostuvo que “hoy en día se trata de que el delito tenga una respuesta más diversa, con penas alternativas, y dejar la cárcel como último recurso”. Subrayó el alto precio del sistema carcelario argentino, siempre y cuando éste respete las condiciones adecuadas de vida y alojamiento. Advirtió que el sistema ya padece sobrepoblación, por lo que “un agravamiento en las penas tendría que venir de la mano de la construcción de muchísimas cárceles”.
Gil Lavedra reconoció la importancia de que el Código sea reformado pero de forma “más equilibrada y que atienda a los principios básicos del Derecho penal moderno”. Declaró “soy partidario de una reforma pero que sea bien estudiada”.
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Maximiliano Rusconi (doctor en Derecho por la UBA, ex fiscal general de la Procuración General de la Nación):
Rusconi cuestionó el anteproyecto al señalar que no se trata de una reforma que vaya a generar mayor seguridad para la ciudadanía debido a que el abordaje de la inseguridad requiere trabajar en otros ámbitos y profundizar en estrategias complejas de prevención del delito.
Además, criticó la incorporación de artículos que regulan materias ajenas al Código Penal, como las cuestiones procesales, cuya regulación corresponde a los códigos provinciales. Resaltó que la propuesta es una nueva oportunidad perdida para “establecer un sistema más rico y adecuado político criminalmente de penas alternativas a la prisión”.
Como conclusión, Rusconi sostuvo que el anteproyecto presentado por el Gobierno no se encontraba en condiciones de ser enviado al Congreso. Se trata de una propuesta elaborada sin la opinión de universidades, centros de estudio, defensorías públicas, ONG del ámbito de los derechos humanos u otras instituciones especializadas.
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Marcelo Sancinetti (doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de la Cátedra Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal en la UBA):
Sancinetti destacó que el endurecimiento de las penas es una estrategia fallida que no logra disuadir el delito, tal como lo demuestra el aumento de la criminalidad pese a reformas punitivistas previas. Asimismo, advierte que esta severidad no sólo es ineficaz, sino que erosiona las garantías constitucionales al promover figuras como la imprescriptibilidad desmedida, herramienta propia de un “Derecho Penal del enemigo” que vulnera el principio de juicio previo y degradan los derechos individuales frente al poder del Estado.
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Manuel Calderón Maynier (Esp. Dcho. Penal por la UNC, Mgter. en Derecho y Argumentación Jurídica por la UNC, Doctorando UNC, Maestrando Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona)
Calderón Maynier manifiesta la falta de evidencia acerca de que el agravamiento de las penas disminuya la comisión de delitos graves. En esta misma línea, señala como un error la pretensión de bajar la edad de imputabilidad, ya que parte del mismo presupuesto falso que es que el sistema penal tiene capacidad para disminuir el flagelo del delito. Sostiene que el derecho penal es una barrera de protección de ultima ratio, y, sobre las nuevas tecnologías y sus avances considera que hay que crear formas de tutela de los nuevos bienes jurídicos por medios distintos a la cárcel y ante todo respetando las competencias de las provincias.
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Leandro Dias (abogado UBA y Magister en Derecho Penal UTDT, Doctorando y asistente científico – Universität Würzburg)
Dias propone una reflexión en torno a la pregunta de si realmente sería bueno que haya inflación penal en Argentina. El afirma que hay varias conductas merecedoras de pena que son impunes en Argentina, así como delitos que deberían recibir una pena más alta; pero indica que no es verdad que el aumento de delitos o escalas penales impliquen un mayor efecto disuasorio. En este sentido, sostiene que el endurecimiento del derecho penal sustantivo no es el medio más idóneo para prevenir delitos.
Por el contrario, indica que lo que produce un verdadero impacto en la disuasión de potenciales delincuentes es el riesgo de ser descubiertos y la probabilidad de ser condenados. Para ello, no es la inflación penal lo que se necesita, sino invertir en formación y medios de fuerza de prevención, así como en formación y medios de quienes llevan adelante los procesos penales.