Política criminal

Conflictos siglo XXI: nosotros y los otros

#NewsletterSinVueltas. El conflicto es la posibilidad de avanzar con los derechos de los más postergados. La creciente desigualdad hace imperioso generar herramientas para su gestión con el menor contenido posible de violencia y abuso de poder.

21 Dic 2021

Por Guillermo Nicora*

La convivencia, sobre todo en espacios urbanos, implica la permanente generación de conflictos. Parece imposible imaginar una comunidad “perfecta” en la que todas y cada una de las personas que la integran tengan satisfechas todas sus necesidades e intereses, en un modelo sustentable e infinito. Desde el Génesis hasta Aldous Huxley, cada vez que la mente humana se atrevió a imaginar tales utopías, tarde o temprano apareció una catástrofe.

Al contrario, la historia nos muestra que siempre ha habido necesidades insatisfechas, y personas que, por lo general, se agruparon con otras de intereses similares o al menos compatibles y se ocuparon de no dejar las cosas como estaban. A veces, estos conflictos llevaron a cambios más o menos amables, otros a acciones más enérgicas, e incluso violentas, según fuera la resistencia de quienes tenían interés en conservar la situación preexistente, y la urgencia de los necesitados.

Cuanto más visible es la desigualdad, más necesario es contar con herramientas para gestionar esos conflictos con el menor contenido posible de violencia y de abuso de poder.

He aquí las dos claves centrales de lo que intentaremos sostener en este escrito: la primera, que el conflicto es el camino para el avance de los derechos de los sectores postergados. La segunda (su contracara), que los sectores aventajados siempre tendrán razones para desconfiar, temer y repeler el conflicto. Hay una tercera clave, igual de deducible pero rara vez aceptada: que la equidad es condición necesaria para la paz.

Latinoamérica, no sin esfuerzos, no sin contramarchas, tiene como destino dejar de ser el lugar más desigual del planeta. No es posible hacer buena ciencia en esta región ignorando esto. Por eso, en lo que sigue intentaremos desarrollar algunos problemas serios vinculados a la política criminal, la política de seguridad y la gobernabilidad, teniendo en mente que cuanto más visible es la desigualdad, cuanto más interpela a los fenómenos sociales, más necesario es contar con herramientas para gestionar esos conflictos con el menor contenido posible de violencia y de abuso de poder (que como todo lo malo, siempre hiere más al desnudo).

La demonización del otro

Una de las muchas bellezas de la lengua guaraní es la diferencia entre los pronombres ñandé y oré. Ambos pueden traducirse como “nosotros”, pero el primero incluye al interlocutor de quien habla, mientras que ore podría traducirse “nosotros sin ustedes”. Este siglo, al menos donde el capitalismo tardío viene haciendo estragos, parece haber optado por un “oreísmo” a ultranza.

Es que, a diferencia del mundo nacido con la revolución industrial, donde la acumulación de riqueza se basaba en la explotación de los trabajadores (que eran una pieza necesaria del sistema), en este capitalismo financiero en el que vive buena parte de la humanidad, el que antes era oprimido y explotado, hoy es un “excedente” social, alguien que sólo se considera lastre, y del que no necesitan los banqueros. El fenómeno de la exclusión social se ha vuelto una experiencia cotidiana de la que aún no vemos la salida.

El fenómeno de la exclusión social se ha vuelto una experiencia cotidiana de la que aún no vemos la salida.

Esto influye sobre la conformación de la comunidad en varios aspectos. Por un lado, los incluidos trabajan cada vez más en edificios inteligentes, se divierten en centros comerciales con expreso “derecho de exclusión” y viven en barrios cerrados. El espacio público es sólo el lugar por el que se desplazan quienes tienen a dónde ir:

Esta es una circunstancia que parecen haber entendido, de forma más o menos conciente, los movimientos sociales depauperizados en Latinoamérica. Cada vez más, el modo de lucha es el corte de carreteras, vías de tren y accesos a la ciudad; con ello los manifestantes impiden la vida “normal” de las megaciudades, basada en un desplazamiento centro-periferia que efectúan cada mañana los “integrados”. De esta forma marcan la frontera ya no territorial, sino simbólica de la desintegración social: sobre el automóvil, buses o trenes, los que han logrado adaptarse a la nueva lógica; sobre el asfalto, impidiendo el paso, los que pagan el precio del modelo de la movilidad (Rodríguez Fernández, 2008).

Por otro lado, se fomenta la demonización del distinto, del otro. La pertenencia a la comunidad se termina definiendo, en última instancia, en referencia a quienes no pertenecen a ella, o más bien, a “ellos”, quienes quisieran formar parte de la comunidad y gozar de los beneficios que “nosotros”, quienes ya estamos aquí, no estamos dispuestos a compartir. Es que la idea de que la tierra, el empleo o la comida no alcanza para todos parece tan bien diseñada que en lugar de mirar hacia quienes acumulan recursos de manera obscena, nos empeñamos en que nadie que está en nuestro mismo nivel o por debajo nos quite la modesta porción que nos dejan disponibles (nos “derraman”, según esa obscena alegoría neoliberal) las minorías con privilegios. Verificar que siempre hay alguien que tiene menos parece ser un buen sedante para quien tiene poco.

Verificar que siempre hay alguien que tiene menos parece ser un buen sedante para quien tiene poco.

Un buen ejemplo de esta lógica en la que no hay inclusión sin excluidos puede verse en uno de los conflictos recurrentes de los periurbanos en desarrollo: la ocupación para vivienda de tierras ociosas, que muchas veces se produce bajo fraguadas “cesiones de derechos” con o sin intervención de la buena fe del ocupante. Quienes accionan y protestan contra los ocupantes no suelen ser los propietarios de las tierras, sino los vecinos, que -paradójicamente- en muchos casos llegaron al barrio bajo condiciones análogas.

Curioso destino que, a escala histórica, repite el rechazo a los migrantes de países vecinos que hoy expresan hijos y nietos de inmigrantes europeos del siglo pasado, los cuales a su vez fueron despreciados por los descendientes de los españoles que vinieron a ocupar América desplazando, sometiendo o exterminando a sus pobladores originarios.

No son éstos, por cierto, los únicos conflictos en el horizonte. Pero desde las tragedias de los migrantes del Mediterráneo hasta los más modestos asentamientos de los periurbanos latinoamericanos, en los próximos años tendremos que desarrollar nuevas herramientas (que no son, por cierto las del Código Penal que acaba de cumplir un siglo, ni las de su fuente ideológica, el Código de Vélez) para gestionar conflictos de este tipo, que desde “adentro” se etiquetan como “seguridad” mientras que “afuera” se llaman “justicia”.

* Guillermo Nicora es integrante de la Junta Directiva del Inecip y director del programa de Cárceles del instituto, docente y fiscal en Mar del Plata.

Imagen: dibujo urbano de Daniel Corvino.

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