En el Ranking provincial de personas privadas de libertad en comisarías, elaborado por el INECIP con datos de 2022, el último relevamiento nacional disponible, la provincia de Tucumán ocupó el segundo lugar, con un 51,86% de las personas detenidas en comisarías. El 7 de junio de 2024, miembros de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CPPT) visitaron la Comisaría 2ª, ubicada en calle Buenos Aires 479, en San Miguel de Tucumán. El informe resultante de esa visita concluyó que las personas privadas de su libertad se encontraban en una situación de tortura y vejámenes. Con base en los informes de 2024 de la CPPT, el INECIP presentó una denuncia penal contra todos los jueces y juezas de ejecución de San Miguel de Tucumán.
En este contexto, se realizó un conversatorio con el objetivo de identificar herramientas y estrategias para construir una defensa penal efectiva para las personas detenidas en las comisarías y alcaidías de Tucumán. La actividad contó con la participación de Vanessa Lucero, Defensora Pública Coadyuvante del Ministerio Público de la Defensa de la Nación; Alberto González, Secretario de la Defensoría Oficial de Juicio por Jurados de La Plata; y Mariano Arcas, abogado y Director de la Escuela de Litigación del Colegio de Abogados.
Vanessa Lucero abordó la litigación sobre la prisión preventiva en las audiencias preliminares y destacó la necesidad de desarrollar estrategias específicas para el litigio en estas audiencias. En este sentido, determinó que lo más importante es presentar la realidad carcelaria que atraviesan los presos en las comisarías sin dejar de lado el riesgo procesal pero enmarcándolo en el caso concreto. Además, resaltó la responsabilidad de la fiscalía de presentar opciones respetuosas de los derechos humanos y la obligación de los jueces de observar el lugar donde la persona va a transitar la prisión preventiva. Sobre este punto, Lucero fue categórica:
“¿Estamos realmente ante una prisión preventiva? No. Estamos ante la imposición de una tortura. Yo no estoy acá afirmando que quien decide una prisión preventiva tiene la voluntad de que a alguien le apliquen una tortura, pero la omisión o la ceguera ante la realidad que pasa en la provincia sobre la situación de las comisarías es muy peligrosa porque ocasiona que las personas terminen alojada en esos lugares. Y nuestro Código Penal responsabiliza al funcionario que convalidare o no hiciere nada ante el conocimiento de que acá se esta imponiendo una tortura”, explicó Luccero.
Para entender esta problemática desde otra perspectiva, Alberto González, señaló que se trata de un problema sistémico y que como tal debe ser atacado replanteando el sistema. A su vez, destacó el rol de la defensoría general y la necesidad de que exprese claramente las situaciones de gravedad existentes en las comisarías; y al rol del juez que no debe ser el de “despachar causas”.
“Una nueva mirada organizacional democrática y republicana sobre la defensa pública, nos dice que el defensor oficial no es un funcionario público, es un funcionario público en cuanto cobra el sueldo del Estado, pero no representa al Estado, representa a su cliente, a su defendido. Por lo tanto, ningún defensor jamás va a poder dejar de hacer los planteos necesarios cuando su defendido se enfrenta al riesgo de ir a una comisaría donde ni siquiera va a poder comer si su familia no se lo provee y donde va a encontrar sus derechos fundamentales constantemente afectados”, advirtió Alberto.
Por último, Mariano Arcas reflexionó sobre el lugar del abogado particular en la defensa de las personas que enfrentan la posibilidad de ser detenidas dentro de estas instituciones. Destacó la obligación y compromiso que se debe tomar con la defensa de los defendidos y que, como abogados particulares, se debe tomar un rol central en la defensa cuando los órganos estatales fallan en la defensa de los derechos fundamentales.
“Hay que seguir haciendo los planteos sobre todo el contexto en el cual se dan estas detenciones y el contexto en cual se cumplen. Hay que tratar de ser un comunicador social como abogado para transmitir a la sociedad lo que es realmente estar privado de la libertad (…). Si nosotros tratamos a las personas privadas de libertad como animales no podemos esperar que después cuando salgan de esa comisaría se comporten como seres humanos civilizados, es obvio que esa persona va a profundizar toda la serie de problemas sociales o psicológicos”, afirmó Arcas.
Por otro lado, actualmente el Congreso de la Nación ya se encuentra en condiciones de darle tratamiento a la Ley de Reiterancia. Su eventual sanción aumentará exponencialmente las prisiones preventivas y profundizará aún más la situación de tortura en la que viven las personas presas en comisarias. En específico, en Tucumán el 51,86% de las personas privadas de libertad se encuentran en estas instituciones que violan sus derechos fundamentales, incumplimiento sistemáticamente lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Nacional. La situación es cada vez más grave. El 19 de septiembre de este año, Abel Fernando Delgado fue detenido en la comisaría 11 de Tucumán y falleció tras haber soportado varios días enfermo en el calabozo sin la asistencia médica necesaria. Estas condiciones se replican en todas las comisarías de la provincia y a nivel nacional y generan un entorno propicio para hechos inaceptables de esta índole.
Ante esta alarmante realidad, es importante seguir generando estos mecanismos y herramientas de impulsión. Para continuar este diálogo y pensar en estrategias para revertir esta situación sumate a la campaña #Nomáspresosencomisarías.
Podés ver el conversatorio completo en este link.
