No es ninguna novedad que las causas por corrupción se caracterizan por la impunidad de los delincuentes. Esto se manifiesta –entre otros aspectos– en la excesiva duración de los procesos, pero también en la mínima cantidad de condenas existentes, sea porque las causas prescriben o porque los jueces consideran que los hechos no fueron probados. Si bien son muchas las acciones necesarias para afrontar este problema, dentro de las medidas legislativas hay una cuestión prioritaria que viene postergándose hace años: la reforma procesal penal federal.

Este cambio estructural va a proporcionar condiciones mucho más beneficiosas a la hora de iniciar una investigación de este tipo: no sólo se podrán evitar las constantes demoras en los procesos sino que también habrá una mayor transparencia y un mayor control popular de los actos de gobierno.

El 2013 ha dado ejemplos de la decadencia del sistema judicial actual para investigar y juzgar delitos económicos.

En abril, María Julia Alsogaray fue juzgada en la causa donde se la investigaba por los contratos firmados para promocionar el Plan de Manejo del Fuego cuando era secretaria de Recursos Naturales. Alsogaray habría incurrido en negociaciones incompatibles con su cargo, por un monto de más de 150.000 pesos-dólares. El juicio concluyó 17 años después de los hechos, y terminó con el sobreseimiento de la ex funcionaria por prescripción.

En agosto, Alsogaray volvió a ser noticia, pero esta vez a raíz de la causa por la que en 2004 había sido condenada por enriquecimiento ilícito. Junto con la condena se había ordenado el decomiso de más de tres millones de pesos, que se efectivizó a través del remate del petit hotel de la ex funcionaria. Durante años, desde el Cipce litigamos la causa solicitando que se diera un destino social al dinero decomisado, principalmente teniendo en cuenta que éste fue el primer caso de recupero de activos por hechos de corrupción. Nuestra propuesta era que esos fondos se adjudicaran al Hospital Garrahan, para que fueran reinvertidos en una política pública esencial. En agosto, la Corte Suprema de Justicia rechazó de manera definitiva este pedido, dejando esos fondos para el Poder Judicial. Unos días antes se habían cumplido dos décadas del inicio de la causa.

En septiembre, Carlos Menem fue juzgado en la causa donde se lo investigaba por varias omisiones en su declaración jurada del año 2000, involucrando propiedades, aviones, acciones en empresas y dos cuentas bancarias en el exterior con sumas cercanas a los siete millones de dólares. El ex presidente fue absuelto por prescripción. En diciembre finalizó el juicio oral de Fernando De la Rúa y otros siete acusados en la causa conocida como “Sobornos en el Senado”, donde se investigaba el pago de coimas por 5.400.000 pesos-dólares para sancionar la Ley de Flexibilización Laboral en el año 2000.

Finalmente, entre enero y diciembre, la Sala I de la Cámara de Casación siguió sin resolver la causa IBM-Banco Nación. Este caso trata sobre las contrataciones que se hicieron en la década de los 90 para realizar el “Proyecto Centenario”: la informatización de más de 500 sucursales del Banco Nación, a cargo de la empresa IBM. Este año se cumplen dos décadas del inicio de la causa, que comenzó en 1994. Por estas contrataciones, el Estado habría pagado a IBM entre 80 y 120 millones de dólares de sobreprecios, y la empresa pagó sobornos por 21 millones de dólares a funcionarios del banco.

Estos ejemplos de 2013 ilustran a la perfección la situación actual. Causas que tramitan durante décadas. Causas que significan enormes perjuicios económicos para el Estado, y en las que prácticamente nunca se recupera el dinero robado: entre las cinco, en total suman más de 250 millones de pesos (al tipo de cambio actual, sin actualizaciones). Causas en las que un expediente está paralizado en Casación hace casi cuatro años, esperando una audiencia que no llega nunca. Si no reformamos el procedimiento penal a nivel nacional, ¿qué nos hace pensar que algo de esto puede empezar a cambiar en 2014?

*Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE)