A propósito de la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes el 26 de junio de 1987, se conmemora el Día Internacional de Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) deseamos expresar que tras casi tres décadas de vigencia del sistema democrático y veinticinco años de la Convención contra la Tortura aún perviven muchas de las condiciones que hacen posible la existencia de prácticas de torturas y tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes.
Los modelos organizativos, doctrinarios y operacionales de las fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios, sus niveles de militarización y autonomía, la estructura del Poder Judicial, el sistema procesal inquisitivo mitigado, la marcada indiferencia e ineficiencia que se traduce en impunidad, la altísima tasa de subdenuncia y la debilidad de los controles internos y externos contribuyen a la pervivencia de la tortura.
Frente a ello, instamos a la pronta implementación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura aprobado a instancias de INECIP junto a otras organizaciones en virtud de la Ley N° 26.827. Aún así, la existencia de controles es condición necesaria pero no suficiente para erradicar las prácticas instaladas. En términos de política pública resultan imperativas:
– La reforma del sistema procesal penal y la organización judicial, en particular en materia de control judicial de lugares de detención. Es central aumentar los niveles de eficiencia en materia de investigación, prueba, juzgamiento y sanción penal.
– La transformación del modelo de servicio penitenciario, el cual conserva la organización y los lineamientos derivados de normas aprobadas durante gobiernos no democráticos. Sus esquemas de reclutamiento, formación, capacitación, carrera profesional, criterios de actuación, sistema disciplinario y de control interno deben ser modernizados.
– La aplicación de las lecciones aprendidas del proceso de juzgamiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar que ejerció el terrorismo de estado que deben orientar las políticas de reparación a las víctimas de tortura.
– El establecimiento de un cupo penitenciario que límite la sobrepoblación carcelaria. Sólo desde una aplicación racionalizada de la prisión preventiva y las condenas es posible evitar las torturas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes derivados de las condiciones de detención inadecuadas.
Apoyar a las víctimas implica su rehabilitación y, sobre todo, garantizar la no repetición: para ello es central que la democracia asuma estos desafíos y destierre definitivamente las condiciones que habilitan la reiteración de la tortura.