El segundo aporte que realizamos desde Zona Gris se inscribe en un contexto de particular relevancia para la discusión sobre la criminalidad del sector económico en nuestro medio. En efecto, la agenda pública se encuentra dominada por la investigación de maniobras de lavado de dinero insertas en el corazón de la Asociación del Fútbol Argentino, con la constante difusión de bienes ostentosos atribuidos a algunos de sus principales dirigentes y empresarios aliados, en marcado contraste con la deteriorada economía de los clubes sociales y deportivos, fundamentales para la integración social y comunitaria. A ello se suma una disputa política y mediática protagonizada por quienes parecen agitar esta cuestión con el exclusivo interés de impulsar en los clubes de la Argentina un modelo de sociedades deportivas, que además de resignar la función social de todo club, es discutido a nivel internacional como un potencial vehículo para el ingreso de divisas de dudosa procedencia.
Resulta particularmente llamativo que una estructura de lavado de dinero de semejante envergadura, de confirmarse su existencia, haya funcionado durante tantos años por debajo de los radares de los sistemas de prevención antilavado de nuestro país, y que la información recién aflore en el marco de una disputa que parece responder a intereses ajenos a la persecución penal. Ello pone en evidencia —y, a nuestro juicio, debería constituir un eje central de discusión en este tipo de espacios— la debilidad de los mecanismos de detección de lavado vigentes en la Argentina, así como la existencia de posibles ámbitos de relajamiento institucional que deben ser iluminados para comprender sus causas.
Por otro lado, cuando se advierte que, los hechos del caso, están atravesados por millonarios flujos de dinero y financieras de veloz crecimiento, es difícil no pensar en los vínculos entre la política, el crimen organizado y el sistema de justicia. Estos tres eslabones de una misma cadena, parecen estar más fuertes que en otras épocas. El dinero sucio corrompe las instituciones, captura economías y debilita la democracia.
Mientras tanto, de manera paralela, se dio un accidentado inicio al juicio oral de la causa “Cuadernos”, probablemente el más relevante en términos de exposición de redes de corrupción asentadas desde antaño en el país. En tal sentido, no deja de ser sintomático que un proceso de semejante trascendencia institucional se intente llevar adelante sin audiencias continuadas, sin presencialidad real y sin inmediatez con la prueba. El uso de medios telemáticos, de sesiones de juicio acotadas, sumado a la enorme cantidad de testigos e imputados y recién a más de siete años de haberse conocido los cuadernos que dieron origen al proceso judicial, pone de manifiesto las falencias estructurales y la fragilidad institucional que atraviesan a una justicia federal sometida a constante tensión.
En ese marco, en esta edición presentamos la entrevista realizada a Roberto De Michele, reconocido mundialmente como uno de los máximos expertos en materia de integridad, prevención de la corrupción y lavado de activos. Sus reflexiones sobre las corrientes más avanzadas en políticas anticorrupción, transparencia y prevención del lavado, constituyendo un material de especial valor para pensar y discutir el escenario actual.
Asimismo, en esta oportunidad contamos con el aporte de José Domingo Pérez Gómez, fiscal peruano del caso Odebretch, quien expone la retaliación que él y otros fiscales están atravesando por los resultados del juicio. Materializada en una operación construida de manera conjunta por el poder económico y político del Perú, quienes están sistemáticamente atacando los acuerdos de colaboración eficaz y la figura de los funcionarios que lograron cerrarlos.
La figura del colaborador eficaz, al igual que otras técnicas especiales de investigación, constituye una herramienta central para enfrentar los desafíos que plantea la criminalidad organizada en la región. Desde esta editorial advertimos que las impugnaciones a estos instrumentos, promovidas por determinados sectores de la academia, deben ser leídas en muchos casos como una extensión del litigio que abogados defensores despliegan en favor de los intereses de sus representados.
Este número también presenta el aporte de Rosario Avanzatti, quien analiza el fallo condenatorio por asociación ilícita en un caso emblemático de criminalidad financiera, ligado a la operación que tres grandes bancos internacionales (JPMorgan, Dresdner Bank y Credit Suisse) realizaron como accionistas de extinto Banco General de Negocios/Compañía General de Negocios. En otras editoriales volveremos sobre este caso. De momento, la nota pone de relieve, entre otras cuestiones, las dificultades estructurales de la persecución penal en tiempo y forma de redes empresariales transnacionales, destaca tramos de la operación ilícita y subraya la magnitud de los montos decomisados en favor de las víctimas.
También, presentamos la colaboración de Jorge Viltes Monier, auxiliar fiscal en la provincia de Salta, quien aporta su experiencia a través de un abordaje técnico sobre la versatilidad del sistema acusatorio para investigar con eficacia casos de criminalidad organizada.
Finalmente, Fernando Vallone, uno de nuestros editores, retoma su trabajo anterior sobre la experiencia italiana en materia de agresión al patrimonio a través de medidas de prevención, herramienta central en la lucha contra las mafias, y los fundamentos desarrollados por la magistratura italiana para sostener su constitucionalidad.
Con este newsletter, el comité editorial de La Zona Gris pone a disposición un nuevo instrumento para la discusión pública, con el convencimiento de que la temática abordada resulta crucial para que en nuestra región emerjan o se fortalezcan democracias orientadas a la administración de la cosa pública de manera realmente transparente, a través de un Estado presente que garantice una distribución justa de riquezas, bienes y servicios necesarios para el goce efectivo de los derechos y libertades de todos, pilar esencial de un Estado constitucional de derecho.
* Pedro Biscay es integrante de la Comisión Directiva del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). Consultor en materia de políticas anticorrupción y criminalidad organizada. Consultor externo de la Organización de Naciones Unidas. Becario Fulbright (Boston University), con experiencia en el District Attorney Ofice de Manhattan. Ha trabajado en el Ministerio Público Fiscal, en el Directorio del Banco Central de la República Argentina y en la Comisión Nacional de Valores. Ha sido coordinador del Área Fraudes Económicos y Bancarios de Procelac.
** Fernando Vallone es funcionario judicial con amplia trayectoria en investigaciones sobre delincuencia económica y crimen organizado. Obtuvo el Máster Universitario de Segundo Nivel en Análisis, Prevención y Lucha contra la Criminalidad Organizada y la Corrupción (Universidad de Pisa), así como cursos de posgrado en las universidades de Buenos Aires y Austral, en materia de delitos económicos.