Desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentamos La Zona Gris, un nuevo espacio de debate y análisis sobre los desafíos que plantea la criminalidad organizada en el mundo contemporáneo. Este newsletter nace con el propósito de ofrecer una herramienta útil para la investigación, la discusión crítica y la difusión de estrategias orientadas a fortalecer la respuesta institucional frente a fenómenos criminales cada vez más sofisticados.

¿Por qué La Zona Gris?

Elegimos este nombre porque creemos que representa uno de los principales retos en el abordaje del crimen organizado, en especial de tipo mafioso: la existencia de un terreno intermedio, difícil de delimitar, en el que se ubican aquellas profesiones técnicas que, sin formar parte orgánica de las organizaciones delictivas, resultan indispensables para su funcionamiento. Abogados, contadores, escribanos, funcionarios judiciales o financieros que, con sus saberes y oficios, facilitan negocios ilícitos desde “afuera”, garantizando su perdurabilidad y capacidad de corrupción.

En la doctrina penal, estas intervenciones suelen presentarse bajo el concepto de “conductas neutrales”, especialmente trabajado en relación con los delitos tributarios. Sin embargo, más allá de la discusión sobre su neutralidad, lo cierto es que quienes habitan la zona gris cumplen un papel estratégico en la reproducción de estructuras criminales con gran poder económico y de fuego. Entender y problematizar este espacio es, entonces, un paso ineludible para pensar nuevas formas de prevención, investigación y sanción.

Al mismo tiempo, este newsletter no desconoce la urgencia del momento. En el Cono Sur, las estructuras criminales están ocupando un lugar cada vez más visible y violento en la vida pública. En Argentina, el reciente triple femicidio de carácter narco-sicarial marcó un punto de quiebre al evidenciar la capacidad de fuego y la brutalidad de estas organizaciones. En Uruguay, el atentado contra la fiscal Mónica Ferraro —quien sufrió un ataque con una granada y disparos sobre su domicilio— revela con crudeza que incluso las instituciones judiciales se han convertido en blanco directo de la intimidación mafiosa. ¿Debemos interpretar este hecho como una trágica continuidad del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini, ultimado en 2022 por su rol en la investigación que derivó en la denominada Operación Ultranza PY? Estos hechos no son aislados: expresan la magnitud de una amenaza que pone en riesgo la seguridad, la democracia y el Estado de derecho en toda la región.

En este primer número encontrarán un conjunto de contribuciones que dialogan entre sí sobre distintos frentes de este problema:

• Fernando Vallone, uno de nuestros editores, analiza la experiencia italiana en materia de aggressione al patrimonio, herramienta central en la lucha contra las mafias.
• Pedro Biscay, también editor de este newsletter, reflexiona sobre los principales cambios que el Ministerio Público Fiscal debe encarar en la implementación del sistema acusatorio para fortalecer la persecución de la criminalidad económica.
• Julián Corti Maderna ofrece un aporte clave en torno al manejo y los desafíos de la evidencia digital en investigaciones complejas.
  Además, incluimos un comentario a fallos relevantes y un box de “tips” prácticos sobre la captura de información digital en teléfonos celulares durante diligencias de secuestro.

El núcleo de este número, sin embargo, está en la entrevista a Antonio Balsamo, actual Presidente del Tribunal de Palermo, con amplia trayectoria en la persecución penal de la mafia italiana. Su testimonio nos permite situar la mirada en una experiencia judicial que ha marcado un antes y un después en la historia de la lucha contra la criminalidad organizada.

Con este newsletter, el comité editorial de La Zona Gris busca ofrecer un instrumento que esperamos resulte útil a quienes, desde el ámbito judicial, académico, periodístico o profesional, dedican sus esfuerzos cotidianos a enfrentar fenómenos mafiosos y criminales que ponen en riesgo la democracia y la justicia social.

Escribimos con la convicción de que el derecho debe ponerse al servicio de una sociedad más justa y de que abrir espacios de reflexión crítica es una condición necesaria para lograrlo.

* Pedro Biscay es integrante de la Comisión Directiva del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). Consultor en materia de políticas anticorrupción y criminalidad organizada. Consultor externo de la Organización de Naciones Unidas. Becario Fulbright (Boston University), con experiencia en el District Attorney Ofice de Manhattan. Ha trabajado en el Ministerio Público Fiscal, en el Directorio del Banco Central de la República Argentina y en la Comisión Nacional de Valores. Ha sido coordinador del Área Fraudes Económicos y Bancarios de Procelac.

** Fernando Vallone es funcionario judicial con amplia trayectoria en investigaciones sobre delincuencia económica y crimen organizado. Obtuvo el Máster Universitario de Segundo Nivel en Análisis, Prevención y Lucha contra la Criminalidad Organizada y la Corrupción (Universidad de Pisa), así como cursos de posgrado en las universidades de Buenos Aires y Austral, en materia de delitos económicos.