En el segundo encuentro se buscó analizar los antecedentes y las razones del surgimiento del “modelo Bukele”, sus resultados y consecuencias, y sus posibles derivaciones, desde una perspectiva regional.
Los/as expositores coincidieron en que aquellos/as que creen en un estado de derecho han demorado en hacerse cargo acerca del problema de la criminalidad y de la inseguridad. Esto es en parte lo que ha sucedido en El Salvador previo al surgimiento del modelo Bukele, donde la ciudadanía se ve obligada a elegir a quien ceder sus libertades, si al Estado o al crimen organizado. En esa disyuntiva es probable que decidan ceder ante el Estado. A su vez, las declaraciones sugieren una profunda preocupación por la independencia de los poderes judiciales y fiscales en El Salvador.
Según Francisco Díaz Rodríguez, las reformas impulsadas por el actual gobierno de El Salvador “decapitaron al colectivo judicial y al colectivo fiscal por igual, al día de hoy tenemos una Corte de Justicia cooptada, un ministro de Justicia y Seguridad Pública y un fiscal propio del régimen en el poder”. Esto derivó en “un reconocimiento explícito del Estado de que no tiene capacidad para procesar a los tantos detenidos en el régimen de detención, por eso tiene que recurrir a un procesamiento sin garantías”.
En palabras de Veronica Reyna:
“Este supuesto modelo está generando que la policía se convierta en un organismo criminal también para las comunidades y estén siempre entre la ilegalidad de las pandillas y el ejercicio abusivo del poder del Estado.”
En esa misma línea, Jaime Martínez Ventura reconoció que:
“no hemos sido capaces de hacer que la gente, la población en general valore el concepto de derechos humanos y el concepto de Estado de derecho. No ha calado eso y, por lo tanto, la gente ha sido muy condescendiente en la idea de que con tal de tener un poco de paz no importa si llegamos a los niveles en los que estamos”.
La defensa de los derechos humanos no solamente requiere una fuerte defensa de las garantías, sino que obliga a repensar la eficacia en el marco de un nuevo modelo de políticas eficaces y democráticas sostenibles en términos institucionales para que estás no sean alternativas y logren acompañarse.
Sobre este punto Zaira Navas mencionó que:
“la política criminal del Salvador puede resumirse en una política que no es apegada a un Estado de derecho, que viola claramente la Constitución y que se ha retraído al derecho penal del enemigo, y dejando de lado las normas internacionales básicas del debido proceso y de los derechos humanos.”
Navas también dió cuenta de una alerta que ha surgido en aquellos que intentan replicar el modelo Bukele. No solo basta con reducir las garantías como una receta mágica, “si hay una disminución significativa de homicidios en El Salvador, se basa en una negociación de bukele con estas estructuras criminales.”
En resumen, existe una preocupación por el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho en El Salvador, con referencias a detenciones arbitrarias y a la concentración de poder en manos del gobierno actual, lo que plantea desafíos para la democracia y el respeto a las libertades civiles. Edgardo Amaya declaró que:
“A cualquier ciudadano que pida el modelo bukele, le diría que no solo le está dando la facultad al gobierno de seguridad, sino que también le está dando la concentración de poder que necesita para gobernar sin ningún tipo de oposición.”
Los encuentros del Foro tienen el objetivo de pensar una nueva arquitectura al interior de nuestros poderes judiciales que permitan ofrecer una justicia menos violenta, a la escucha de los intereses y reclamos de los sectores más necesitados de la sociedad. El próximo encuentro tendrá como temática la justicia en Honduras.